España y otros 14 países de la UE han formado este jueves un frente común para rechazar el tope al precio del gas en 275 euros MWh que plantea la Comisión Europea y vetarán en el Consejo de Energía que se celebra en estos momentos en Bruselas las otras dos propuestas, una sobre solidaridad entre países que, como España, dispongan de suministro de gas y ayuden a quienes queden desabastecidos y para acelerar la implantación de renovables.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado esta drástica decisión, la de bloquear las otras dos decisiones previstas para el Consejo extraordinario de Energía, a su llegada a una reunión en la que  prácticamente todos los países de la UE rechazan la propuesta de la Comisión para fijar un nivel de 275 euros a partir del cual se activaría un mecanismo de control de precios, siempre que, además este precio se mantenga durante 15 días.

Fuentes gubernamentales precisan que no se trata de una posición solo española, sino que, como y advirtió Ribera la víspera, se trata de una acción coordinada por la que si la Comisión no presenta una nueva propuesta sobre el límite del precio del gas, los Estados miembros no apoyarán otras de sus propuestas. 

Además de España, en el Consejo de Energía de este jueves mantendrán esta posición Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, lo que supone una mayoría de Estados miembros, con capacidad de bloqueo porque con el peso de población también alcanzarían una mayoría cualificada para vetar.

"Nos parce que los nos parece que los tres textos tienen una relación muy estrecha, sería un enorme desequilibrio resolver hoy las propuestas del Consejo sobre cómo acelerar el despliegue de renovables y reforzar la solidaridad para quienes lo necesitan y dejar en el vacío una propuesta de la Comisión que nos parece absolutamente inaplicable, ineficiente y fuera de las demandas reiteradas del Consejo como un aspecto prioritario para abordar esta crisis", ha dicho Ribera a su llegada a una reunión que ha adelantado que será "intensa" y "complicada".

Lo que defienden estos 15 Estados miembros -que hace unos meses pidieron por carta a la Comisión un tope al precio del gas- es que las tres decisiones están muy relacionadas y que no es posible aprobar dos este jueves si queda pendiente la tercera, el tope al precio del gas, que a juicio de Ribera es el "problema original" que tiene la UE. "Mejor esperar dos o tres semanas a tenerlo todo cerrado a decantarnos por una solución que pueda ser desequilibrada y deja abierta la propuesta del tope del gas".

"Sería un error dar una salida a la propuesta de solidaridad y compras conjuntas sin tener claro qué representa eso en términos de impacto en los precios a los que se ofrece el gas o se propone para quienes mostramos solidaridad" ha dicho sobre una de las propuestas que España y los otros 14 vetarán este jueves, para que Estados miembros con gas suficiente ayuden a otros que no lo tengan este invierno. España estaría entre quienes ayudarían, dada su capacidad de recibir gas natural por barco, licuado.

Lo que han defendido Ribera y también otros ministros a su llegada es que en cuestión de pocas semanas, antes de Navidad, la Comisión plantee una nueva propuesta que deje atrás el umbral "inaplicable" de los 275 euros y la sustituya por otra que sea aceptable. Con el acuerdo en esta cuestión se desbloqueará también el pacto en el mecanismo de solidaridad.

Grecia planteó este miércoles que el umbral para activar el mecanismos de control de precios esté entre 150 y 200 euros MWh y Ribera ha planteado este jueves que en lugar de un único nivel de precio a partir del cual se actúe, que la UE fije un tope dinámico que tenga en cuenta el precio del gas en otras plazas comerciales "más un plus" para hacer atractivo para los productores vender su gas a la UE y vencer así las reticencias de países como Alemania y Países Bajos de un posible desabastecimiento si se pone un límite más bajo que el que ofrecen otras regiones.

En todo caso, no parece que pudiera ser así con la propuesta que está sobre la mesa, que ha provocado el rechazo casi unánime de los Estados miembros. Plantea que el precio de gas natural no se limite a menos que este alcance los 275 euros durante 15 días, algo que no sucedió ni siquiera en agosto, cuando más elevados estuvieron. "Parece diseñado para que nunca se pueda aplicarse", ha apuntado la vicepresidenta tercera,que no obstante ve margen para la negociación y que este jueves ha rebajado un poco el tono. La propuesta que este miércoles era "una tomadura de pelo" ahora le parece "una broma de mal gusto".

Ribera ha insistido este jueves en su oposición a un límite en 275 euros que "puede generar el efecto contrario al que se persigue, que se dé el mensaje de que Europa está dispuesta a comprar a este precio y hagamos un llamamiento al alza de precios".

Este rechazo es generalizado y se ha hecho patente a la llegada de los ministros a la reunión. "Evidentemente, no estamos contentos con la propuesta", ha dicho la ministra de Malta. "No hemos visto un límite al pecio del gas, hemos visto un documento sobre el precio del gas existente en el mercado", ha terciado la de Polonia.

La situación la ha resumido muy claramente el ministro checo de Industria ya presidente del Consejo Jozef Síkela. "Teníamos un problema porque la Comisión no ponía una propuesta sobre la mesa y ahora tenemos un problema porque lo ha hecho", ha dicho sobre el tope de 275 euros.

Antes de que empezara la reunión ,Síkela ha repetido la coletilla que le viene acompañando desde hace casi medio año, asegurando que está dispuesto a convocar "cuantos Consejos extraordinarios sean necesarios" para llegara un acuerdo. Poco después de entrar en la sala, el ministro checo ha propuesto celebrar un nuevo Consejo la tercera semana de diciembre.

Proyectos renovables

Una de las propuestas sobre las que los ministros tenían que alcanzar un acuerdo este jueves es para acelerar la implantación de energías renovables en la UE mediante un régimen excepcional en el que durante un año los Estados miembros declararán de interés prioritario los proyectos, por encima de procesos de consulta pública o incluso de consideraciones medioambientales.

Esta posibilidad ha provocado alarma entre las plataformas de la España vaciada o entre los técnicos medioambientales y Ribera ha indicado este jueves que pedirá clarificaciones.

Técnicos medioambientales y defensores de la España vaciada rechazan el plan de Bruselas para eliminar trámites a las renovables

"Insistiremos en la necesidad de precisar en qué condiciones y momentos se pueden acelerar estos permisos de despliegue de renovables", ha dicho.

Transferencia de gas

El segundo acuerdo que quedará "congelado" por el veto de estos quince países es una regulación para establecer en qué condiciones se producirá la transferencia de gas entre países que dispongan de él y otros que queden desbastecidos. En la situación actual, la diferencia entre unos y otros supone que países como España, que recibe el gas por barco, puedan salir en ayuda de otros del centro y Este de la UE, que normalmente se aprovisionaban por gaseoducto desde Rusia.

La Comisión lleva meses a los países que firmen acuerdos bilaterales con sus vecinos sobre esta transferencia de gas en caso de problemas pero el llamamiento no ha funcionado como se esperaba. Por eso, ahora la UE tiene que acordar un pacto de solidaridad más amplio, que incorpora también a países que reciben la mayoría de su gas por barco, en estado licuado. A cambio de este gas, el país receptor pagará al país convertido en una "compensación por solidaridad" que se basará en el precio medio del gas en los 30 días previos.

Cuando un país quede desabastecido de gas y no tenga un acuerdo bilateral con un vecino, se activaría "por defecto" un reglamento para "solicitar y proporcionar solidaridad" que "en la medida de lo posible" debe ser voluntario pero que también puede contemplar "la liberación de reservas estratégicas o la restricción del suministro como último recurso en una crisis". Una vez recibida una solicitud de solidaridad por el país que tenga problemas de suministro, el resto deberán responder en un plazo de 12 horas y proporcionar las medidas de solidaridad en un plazo de tres días.