La Comisión Europea ha propuesto este martes permitir en la UE que los consumidores que lo deseen puedan firmar distintos contratos de electricidad para beneficiarse de los precios más baratos que puedan ofrecer las compañías para distintos usos, desde la calefacción mediante bombas de calor y frío hasta recargar el coche eléctrico. 

Esta idea forma parte de la propuesta para reformar el mercado eléctrico de la UE que la institución que preside Úrsula von der Leyen, elevará ahora a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, a los que ha pedido que tomen el acuerdo como una "prioridad" para que pueda ser una realidad antes de las próximas elecciones europeas, previstas para la primavera de 2024.

La comisaria de Energía, Kadri Simson, ha presentado ante la prensa en Estrasburgo una propuesta que, por lo que respecta directamente a los consumidores, prevé que quienes quieran evitar "riesgos" puedan firmar contratos de electricidad a precio fijos, pero que también abre la puerta a contratos de tipo "flexible" o incluso a la posibilidad de que en un hogar haya más de uno, para poder 'jugar' con el precio que se ofrezca en cada momento o para cada uso que se dé a la electricidad.

"Se permite que tengan más de un contrato para utilizar en su consumo energético en el hogar o en los coches", ha indicado Simson. Bruselas quiere que hogares y pymes tengan una "amplia gama de contratos" que "mejor se ajusten a sus circunstancias" y también "información más clara antes de firmarlos". Para "protegerlos con de precios volátiles, se reconocerá el derecho a contratos de precios fijos y también a contratos de precio dinámico, el derecho a contratos múltiples y a una información más clara de los contratos".

"De este modo, los consumidores que no quieran riesgos pueden cerrar contratos seguros y con precios a largo plazo para evitar sorpresas y/o podrán elegir un contrato de precio dinámico para beneficiarse de la variación re precios de la energía cuando esta sea más barata, por ejemplo, para recargar el coche eléctrico o calefacción con bombas de calor", prosigue la propuesta de la Comisión.

Como en otros aspectos de la propuesta de reforma, la posibilidad de que un consumidor pueda tener un contrato con precios flexibles o un contrato de precios múltiples dependerá de lo que, una vez acordado, sean capaces de hacer los gobiernos en sus respectivos países. Para que eso sea posible, será necesario digitalizar las redes eléctricas para que los consumidores puedan instalar los medidores inteligentes que serán necesarios. 

"Todo tiene que estar digitalizado y no será posible si no se han distribuidos eso medidores inteligentes, los Estados miembros tendrán que trabajar para que se puedan utilizar", ha apuntado Simson.

Derecho a compartir y cortes de luz

Por otra parte, y también vinculado con lo que los consumidores finales pueden hacer, la propuesta sobre la que ahora los gobiernos europeos y el Parlamento Europeo buscarán un acuerdo reconoce por primera vez su "derecho a compartir energía renovable directamente", sin tener que crear comunidades energéticas. De este modo, podrán vender excedentes a sus vecinos, no solo a las compañías comercializadoras como ocurre en la actualidad.

Con esto, Bruselas espera lograr un mayor aumento de energía, por ejemplo de los excedentes de las placas solares instaladas en los tejados entre vecinos, para que consumidores que no tendrían acceso a esta energía renovable la tengan.

Por lo que respecta a los consumidores vulnerables, el futuro mercado de la electricidad que busca la Comisión debería "mejorar" su protección y para eso plantea a los Estados miembros que los proteja de los cortes de luz por facturas pendientes de pago. También que extiendan precios minoristas regulados a hogares y negocios en caso de crisis.

Reforma limitada 'a la alemana'

La propuesta que ha aprobado este martes la Comisión Europea sigue la línea de Alemania porque consiste en cambios puntuales que no afectan al principio de base que rige hoy el mercado de la electricidad de la UE, un sistema marginalista de precios, en el que la electricidad se cobra al precio de la última tecnología que entra y más cara, que suele ser el gas. España o Francia propusieron sin éxito una reforma integral para que esto dejara de ser así. 

Más que reformar, lo que propone la Comisión es "revisar" ciertos aspectos del mercado europeo de la electricisad que afirma que ha sido "eficiente" en los últimos 20 años. Así lo indica el Ejecutivo comunitario, seis meses después de que en junio del año pasado, al inicio de verano de precios récord de la luz, Von der Leyen pareciera alinearse con posiciones como la española al afirmar que el sistema "ya no funcionaba". 

"No va a cambiar la dinámica de la formación de precios a corto plazo", ha afirmado este martes  la comisaria de Energía, que ha explicado que la propuesta de Bruselas busca un momento en el que el gas no sea necesario mediante la creación de un ecosistema propio para desplegar las energías renovables -mediante contratos a largo plazo que, a la vez, también darán estabilidad a los consumidores-, de modo que no sea necesario utilizar el gas y no cobrar toda la electricidad a su precio, más elevado. "No significa que no se desvinculen del gas los precios de la electricidad. Uno de los motores más importantes de la propuesta es desvincular ambos temas, y esto se logra incluyendo más energía renovable para desplazar los combustibles fósiles", ha añadido.

No solo en la forma la propuesta de Bruselas es cercana a Alemania, también lo es en los tiempos. Aunque Simson ha pedido a los gobiernos y al Parlamento Europeo que consideren la reforma como una "prioridad", el plazo temporal que pone la Comisión es la primavera del año que viene, frente a la intención de España o Francia de cerrar el acuerdo antes de que termine este año.

No a regular el precio de la luz

Aunque, a diferencia de lo que defiende por ejemplo el Gobierno español, Bruselas no quiere eliminar el sistema marginalista ni acabar con el mercado diario que se ha demostrado tan volátil en los últimos tiempos, en su propuesta hay similitudes con lo que planteó España en enero.

La principal es la necesidad de acelerar el despliegue de las energías renovables para conseguir que terminen desplazando al gas o al carbón en los países que siguen o han vuelto a utilizarlo, con el objetivo de cumplir los objetivos de descarbonización, para lo que estima que es necesario "triplicar [la generación renovable] a final de esta década". 

El segundo objetivo compartido es que la electricidad tenga precios asequibles para hogares y empresas y para conseguir las dos cosas Bruselas plantea impulsar los contratos a largo plazo entre productores de energía de fuentes distintas a los carburantes fósiles y comercializadoras, por medio de contratos privados, los conocidos PPA (Acuerdo de Compra de Energía, por sus siglas en inglés). A diferencia de España, Bruselas incluye la energía nuclear como una tecnología apta para producir energía y no solo como recurso secundario, para asegurar reservas en caso necesario.

Con contratos de venta de energía a 10 ó 12 años -frente a los tres años aproximadamente que Simson ha dicho que es la tónica general-, Bruselas cree que se dará una señal suficiente para garantizar las inversiones en renovables que, a su vez, contribuirán a estabilizar los precios en el mercado, de lo que después se beneficiarán los consumidores.

España también defiende esta idea, pero de una manera distinta. El planteamiento de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es que estos contratos a largo plazo no deberían ser privados, sino regulados mediante los llamados "contratos por diferencias", similares a las subastas que organiza el Ministerio. Según su propuesta, las organizaría un regulador por definir, que fijaría el precio al que durante los años del contrato se pagaría la electricidad renovable que se comprometan a producir los adjudicatarios de la subasta. 

Ayudas y compensaciones

Por el contrario, la Comisión opta por contratos privados, aunque sí da un papel al Estado, "obligando" a los gobiernos de la UE a poner a su disposición mecanismos de garantías para reducir los riesgos de estos contratos privados y protegerlos en caso de impago.  

Por otra parte, también plantea ayudas públicas para apoyar nuevas inversiones en tecnologías inframarginales -lo que excluye al gas e incluye todas las demás, desde renovables a la energía nuclear-, que deberá tener un doble sentido, de modo que los ingresos por encima de los precios pactados -en contratos por diferencias, subastas- deberán canalizarse de forma obligatoria hasta los consumidores, abaratando sus facturas en función de su consumo.

También como plantea España, la comisaria de Energía ha incidido este martes en que hay que "incentivar el almacenamiento" de energía, para lo que propone la posibilidad de crear nuevos mecanismo de apoyo.