El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha enviado una carta a los 188 alcaldes de municipios entre los que ha repartido 1.500 millones de euros en subvenciones europeas para que pongan en marcha zonas de bajas emisiones (ZBE) para recordarles que tendrán que devolver estas partidas si no cumplen con lo comprometido o modifican los proyectos para restringir el tráfico sin justificación. La misiva coincide con la decisión del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de retrasar hasta 2027 la aplicación de la que el anterior alcalde -del PSC- dejó preparada para entrar en vigor en 2024, que le ha valido la advertencia por parte de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de que irá a los tribunales si es preciso para hacer cumplir la Ley de Cambio Climático. La escalada ha subido un peldaño más este miércoles, con Albiol pidiéndole en redes sociales que "no amenace" pero también una reunión para presentarle una prórroga, que ya sería para poner multas.

Fuentes del Ministerio de Raquel Sánchez explican que no se trata de considerar que todos los alcaldes que han recibido esta notificación incumpla la ley, que sin embargo sí es un "aviso a navegantes" para que cuanto antes pongan en pie las zonas de bajas emisiones que están obligadas a tener las ciudades de más de 50.000 habitantes y las de hasta 20.000 habitantes que tengan malos niveles de calidad del aire.

En total, el Ministerio de Transportes ha repartido en dos convocatorias, en 2022 y 2023, 1.500 millones provenientes del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, para que estas ciudades acoten zonas con tráfico restringido, creen carriles bici, aparcamientos disuasorios o adquieran autobuses eléctricos.

La mayoría de madrileños está a favor de la ZBE, pero 9 de cada 10 ve difícil entenderla

El mensaje de la "nota informativa" que han recibido los alcaldes perceptores de fondos europeos está muy en línea con los que desde hace días vienen lanzando tanto la vicepresidenta Ribera como la directora general de de Transportes y Movilidad, María José Rallo, al hilo de los numeroso incumplimientos que se detectan en el cumplimiento de la norma. Son "decisiones un poco frívolas, no solo porque tengan que devolver una cantidad de dinero y porque dejas un agujero en las cuentas del municipio tremendo, te estas desalineando con las corrientes internacionales", apunto Rallo hace unos días.

La carta de Transportes a los alcaldes tiene su origen en "noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre decisiones adoptadas por determinados ayuntamientos beneficiados de subvenciones de PRTR para la implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano". En dos folios de extensión, recuerda las diferentes leyes y notas donde queda plasmado que las subvenciones que no se utilicen para el fin para el que fueron concedidas deben ser devueltas. También en los casos en los que el proyecto original sufra modificaciones que lo "alteren" si estas no se han justificado, se han comunicado y han tenido luz verde por parte del Ministerio.

En concreto, recuerda que la Ley General de Subvenciones establece como causa del "reingreso de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de mora" ante "el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención".

"Un requisito de las actuaciones financiadas es que se mantengan operativas durante cinco años desde su puesta en servicio", dice en otro momento la carta del Ministerio de Transporte durante el tiempo que, por ejemplo, deberían estar operativas las ZBE. "El incumplimiento de este plazo de mantenimiento de la operación o el funcionamiento de la actuación subvencionada obligará a reintegrar la ayuda", añade. 

Albiol pide una reunión a Ribera

Tal y como indica el propio Ministerio en el encabezamiento de su carta a los ayuntamientos, el motivo de la misma es el anuncio por parte de algunos alcaldes de no continuar con proyectos ya trazados para crear ZBE. En los meses pasado, así lo hicieron coaliciones municipales del PP y Vox en Valladolid o Elche y hace unos días el ayuntamiento de Valencia, también gobernado por el PP con apoyo de Vox, eliminaba un carril bici a petición vecinal". A principios de esta semana se sumó a ellos el alcalde de Badalona y peso pesado del PP municipal. Xavier García Albiol anunció que no aplicará hasta 2027 la ZBE que estaba proyectada para empezar ya a imponer multas en enero de 2024, lo que ha provocado una cadena de mensajes entre él y la vicepresidenta Ribera que todavía continúa este miércoles en redes sociales.

Este lunes, coincidiendo con el inicio de la semana de la movilidad europea, Albiol anunciaba una prórroga hasta 2027 de las restricciones al tráfico en su ciudad, poco días después, además, de que Ribera confirmara una estrategia blanda con los alcaldes incumplidores -la mayoría-, renunciando a sancionarlos y optando por la información y "concienciación" de los ciudadanos a través de un mapa alojado en la web del Ministerio de Transición Ecológica.

El alcalde de Badalona justifica su decisión de "aplazar hasta 2027" en l a intención de no "obligar" a cambiar de "coche o furgoneta" y "fastidiar" a personas a las que no les viene bien un gasto de esta naturaleza en estos momentos. La respuesta por parte de Ribera fue reprocharle su poca sensibilidad medioambiental y sobre la salud de los ciudadanos y recordándole que, en caso de retrasar hasta 2027 la creación de la ZBE, debería devolver los dos millones que Badalona ha recibido de ayudas europeas, de lo que un millón han sido en anticipos.

Este martes, Ribera añadió en una entrevista que está dispuesta a acudir a la vía judicial, de lo contencioso-administrativo, para obligar a Badalona a cumplir la ley y Albiol ha respondido este miércoles con un vídeo difundido en redes sociales en el que se reafirma en su decisión, que, según indica, consiste en "una moratoria de tres años" para "no sancionar a estas personas que no pueden cambiar su coche". 

"Con toda la cordialidad, pero a la vez firmeza, le pido que por favor no amenace a Badalona ni el trabajo que estamos haciendo porque lo que llevamos a cabo es una medida que beneficia a los vecinos menos recursos", ha dicho Albiol.

Además, ha pedido una reunión con Ribera para explicar su plan. "Aprovecho para pedir una reunión, que nos reciba y expliquemos el proyecto, respetuoso con el medio ambiente pero también con los vecinos que más recursos tienen".

Como respuesta, también en redes sociales, Ribera ha insistido en que "no hay excusas ni la ley obliga a multar o castigar a nadie. Sí a buscar soluciones e invertir bien el dinero recibido".

Ciudades 'en riesgo'

De la misma manera que ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla no tienen nada que 'temer', porque ya tienen en funcionamiento las ZBE para las que pidieron subvenciones, en la Comunidad de Madrid hay otros 16 municipios, otros 16 en la provincia de Barcelona, cuatro en la de Valencia -incluida la capital- y otras tres en la provincia de Sevilla que también recibieron estos fondos europeos pero aparecen en la categoría de "en trámite" en el mapa del Ministerio de Transición Ecológica que monitoriza el estado de creación de estas zonas de tráfico restringido. La asignación de fondos de esta partida de 1.500 millones -en dos convocatorias, 2022 y 2023- para promover la implantación de ZBE y movilidad sostenible no solo se deben destinarse para restringir el tráfico, porque los ayuntamientos también pidieron ayudas para comprar autobuses eléctricos, crear carriles bici o peatonalizar calles. Sin embargo, todas están bajo la lupa en la misiva del Ministerio de Transportes.

Por actualidad, una de ellas es Badalona, a la que se le asignaron en total dos millones, uno de los cuales es para crear la ZBE que su alcalde quiere retrasar hasta 2027. A Valencia capital, cuya consistorio acaba de eliminar un carril bici, le fueron concedidos en 2022 23,6 millones, 6,9 de los cuales era para ZBE, un proyecto que todavía figura "en tramitación" en la web de Transición Ecológica.

En la Comunidad de Madrid, están en esa misma situación Alcalá de Henares (a la que se le han concedido 11,1 millones y de ellos 4,6 para ZBE), Pinto (cuatro millones, casi 2,5 para crear y mejorar la ZBE), Colmenar Viejo (535.000 para crearla), Boadilla del Monte (4,7 millones, de ellos 4,2 para la ZBE), Majadahonda (1,1 millones, 268.000 para ZBE), Las Rozas (5,1 millones, de ellos 215.000 par ZBE), Fuenlabrada (13 millones, casi uno de ellos para crear y mejorar la ZBE), Parla (14,4 millones, 3,1 para ZBE), Alcorcón (6,1 millones en total, 505.000 para ZBE) y Getafe (4 millones, dos para la ZBE).

Los también municipios madrileños de Pozuelo, Torrejón y Collado Villalba han sido seleccionados para recibir este fondo europeo, aunque no exactamente para crear ZBE, aunque sí para cuestiones relacionadas, como carriles y alquiler de bicicletas.

En la provincia de Barcelona, además de Badalona, el Prat del Llobregat recibirá 5,1 millones en subvenciones y de ellas un total de 1,2 millones para crear ZBE y de "ultrabajas emisiones" cerca de colegios, pero en la web de Transición Ecológica también aparece "en tramitación", es decir, sin tenerlas operativas.

Es la misma situación de Terrasa (15,1 millones y 6,7 para ZBE), Santa Coloma de Gramanet (8,8 millones y 1,1 para ZBE), Rubí (2,8 millones, 504.000 para ZBE), Sant Boi del Llobregat (3,3 millones, 778.000 para ZBE), Sabadell (10,3 millones, uno de ello para ZBE), Granollers (4,1 millones, 2,6 para ZBE), Viladecans (3,1 millones, 387.000 para ZBE) o Castelldefels (1,4 millones, 313.000 para ZBE).

No exactamente para crear áreas de tráfico restringido pero sí para medidas relacionadas con la movilidad sostenible en municipios que también deberían restringir el tráfico, Vilanova i la Geltrú (3 millones), Mataró (2,6 millones) y Mollet del Vallés (1,4), también recibirán subvenciones por ello.

Además de Valencia ciudad, en esta provincia hay otras tres ciudades que todavía tienen pendiente de poner en funcionamiento sus ZBE y que también han recibido subvenciones para ello. Torrent (5,1 millones), Gandía (tres millones) y Paterna (747.999).

En la provincia de Sevilla, son tres los municipios en la misma situación. Dos Hermanas (11,2 millones en total), Utrera (2,2 millones) y Alcalá de Guadaíra (2,3).