El mes pasado se acabó un plazo importante para las comunidades de vecinos con calefacción central que desde octubre de 2022 se acogieron a la tarifa regulada del gas, la TUR4 o TUR vecinal, y a partir de ahora quienes no hayan cumplido los requisitos fijados entonces por el Gobierno tendrán que pagar un recargo antes de pasar obligatoriamente al mercado libre. Este mes de noviembre y el que viene, diciembre, aquellas comunidades que tengan la TUR4 pero no hayan instalado todavía contadores individuales de gas ni hayan justificado debidamente no hacerlo verán tendrán una penalización equivalente al 25% de todo el ahorro que hayan obtenido en la factura del gas desde que se pasaron a la TUR vecinal.

Según explicó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuando el año pasado se creó la TUR vecinal, para calcular el descuento se tendría en cuenta el consumo medio de gas de cada comunidad en los cinco años previos siempre que fuera igual o menor. Al 70% de esa cantidad se le aplicaría un descuento del 40% y el 30% restante pagaría el gas a precio de mercado. Las que en noviembre y diciembre vean un recargo en su factura por no cumplir los requisitos del 25% sobre el coste de su consumo sea inferior o superior a la media de los cinco años que sirvieron para calcularlo.

Así lo estipula una Orden del Ministerio de Transición Ecológica del pasado mes de septiembre sobre cargos del sistema gasista que en en una disposición adicional concedió una prórroga a la obligación que, desde su creación el año pasado, las comunidades acogidas a la TUR vecinal tienen de poner contadores individuales de gas o alegar motivos justificados para no poder hacerlo. En principio, la fecha límite para ello era el 1 de octubre de 2023, pero es pasado septiembre el Ministerio dio otra oportunidad a las comunidades incumplidoras permitiéndoles un plazo de un año más. Tendrían un mes desde entonces para presentar una "declaración responsable" con motivos justificando no haber puesto los contadores individuales en el plazo fijado. En ese caso, tendrían un año más para hacerlo, hasta el 30 de septiembre de 2024.

A las comunidades que el pasado 1 de octubre no hubieran cambiado al sistema de contadores individuales de gas y no hubieran justiciado los motivos para no hacerlo se les aplicará el régimen sancionador previsto, que consiste permitirles seguir en la tarifa regulada en noviembre y diciembre -los últimos meses de la medida- pero con una penalización consistente en el 25% del ahorro gracias a la TUR4 desde que se pasaron a ella. 

5.000 comunidades

De momento, el Ministerio no tiene una cifra de cuántas comunidades tienen la TUR 4 pero no han cumplido con estas obligaciones a cambio. Fuentes del sector calculan que pueden ser miles de una cifra total que nunca fue demasiado elevada. El último balance de Transición Ecológica, en marzo de este año, apuntaba a unas 5.000 comunidades de vecinos acogidas a una TUR 4 que ha sido una de las medidas para paliar los elevados precios del gas del año pasado que menos se han empleado.

El Ministerio será el destinatario final de los datos que deben recabar antes las comercializadoras de referencia a las que hogares, pymes y comunidades de vecinos pueden pedir la tarifa regulada del gas. En la última instrucción que dio a este respecto, en septiembre, se estableció que antes del 15 de octubre tenían que informar a las comunidades de vecinos 'incumplidoras' de que la posibilidad que tenían durante los siguientes 15 días de enviar la declaración responsable que explicara por qué no habían cambiado todavía a contadores individuales y de la "descripción de la penalización aplicable en caso de incumplimiento de los plazos".

Igual que a las comunidades que sí cumplieron con los requisitos, las comercializadoras deberían recordarles la necesidad de contratar el suministro de gas en el mercado libre a partir del 1 de enero, puesto que la existencia de la TUR4 no está previsto de momento para más allá del 31 de diciembre de 2023.

Comunidades incumplidoras

A la espera de los datos que comuniquen las comercializadoras de referencia, en el sector también se desconocen cuántas comunidades habrán incumplido las condiciones de la TUR, pero se estima que serán numerosas, en coherencia con el también alto grado de incumplimiento por parte de las comunidades de una obligación legal anterior, la de cambiar los contadores colectivos de gas por contadores individuales. Para ello tenían hasta mayo de este año, pero el presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA), Ignacio Abati, calcula que "quedan por instalar aproximadamente unas 900.000 viviendas" dentro de comunidades todavía con calefacción central. En total, son 1,6 millones  viviendas así en toda España y estima que solo tienen repartidores de costes entre 600.000 y 700.000.

La instalación de contadores individuales es una medida en favor del ahorro, porque así cada vivienda es responsable solo de su propio consumo y paga en función del mismo. Según recuerda Abati, la condición de pasar de instalar un repartidor de costes para acceder a la TUR 4 era un "aliciente" más para que las comunidades cumplieran esa ley, pero todavía cientos de miles "están en fraude de ley". En un primer momento, funcionó. En el otoño del año pasado, con los precios del gas todavía por las nubes y ante la perspectiva de un nuevo invierno, ISTA, empresa líder en la instalación de estos dispositivos, tuvo que reforzar su plantilla temporalmente para poder hacer frente a la demanda. Pasados los meses, con la llegada del calor y la caída del precio de gas, el temor a recibir un 'facturón' se disipó y las comunidades de vecinos fueron olvidando los cambios del mercado libre a la tarifa regulada -la TUR 4- y, parece que, con ello también cumplir la ley que les obliga de todos modos a instalar repartidores de costes.

"Quedan todavía muchísimas por instalar", dice Abati, que advierte de los contadores individuales pueden suponer un ahorro de unos 200 euros anuales en gas en cada vivienda y no requiere "ninguna inversión" porque se instalan en régimen de alquiler.