Diez días después de que se cerrara la consulta pública que convocó el ministro de Agricultura, Luis Planas, para recoger opiniones sobre su propuesta de prohibir por ley instalar parques renovables en zonas de regadío, el Ministerio de Transición Ecológica se ha pronunciado sobre una medida que afecta a sus competencias, que desconocía y con la que no parece estar de acuerdo. A las puertas de que empiece la negociación entre ministerios afectados de cara a la eventual aprobación de un real decreto-ley, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha dejado claro este viernes que se trata de "una propuesta del Ministerio de Agricultura" y, aunque ha evitado manifestar su oposición de forma explícita, ha subrayado la necesidad de que "seamos conscientes de que las renovables son necesarias".

"Es una propuesta del Ministerio de Agricultura, yo creo que todavía le queda camino por delante a la tramitación", ha dicho Aagesen en una rueda de prensa en Madrid para hacer balance del quinto mes de aplicación del plan de ahorro de energía del Gobierno. La secretaria de Estado es la primera voz dentro del Ministerio de Transición Ecológica que se han pronunciado sobre la intención de Planas, respaldado por las  asociaciones de regantes, para impedir que campos de regadío que hayan sido declarados de interés general y que, por tanto, cuenten con ayudas públicas para funcionar o para su conversión desde tierra de secano, puedan ubicar un parque eólico o fotovoltaico. 

Según el borrador de la ley que promueve Agricultura, "no podrán autorizarse en suelo rústico instalaciones de generación de energías renovables que consistan en plantas o parques industriales y sus infraestructuras auxiliares, como la fotovoltaica y eólica", en terrenos "sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformación de secano a regadío o bien mediante la modernización de regadíos ya existentes, declarados de interés general del Estado y que hayan contado con inversiones públicas". Planas quiere que esta prohibición tenga una vigencia de 50 años desde la inversión pública y, además de las "afectaciones negativas" que cree que las renovables pueden tener sobre los regadíos y que son "incompatibles" con estos cultivos, defiende que no prohibirlas podría afectar al principio de "eficiencia del gasto público".

Devolver ayudas y poner renovables

Sin dar un 'no' rotundo a las intenciones de Planas, Aagesen ha planteado la cuestión desde un polo opuesto y favorable a los parques de renovables. Si lo que le preocupa a Planas es que se malgaste el dinero público invertido en campos de regadío que teme puedan verse malogrados por la instalación de aerogeneradores o placas solares, Transición Ecológica le da la vuelta al argumento y se muestra de acuerdo con que los agricultores devuelvan estas ayudas para regadíos si los campos cambian su uso para instalar renovables, en lugar de prohibir estas instalaciones, como quiere Planas, para que los agricultores sigan empleando correctamente el dinero público.

"Sí es verdad que, si hay una ayuda pública, hay que ser consistentes y en el caso de no ser uso de regadíos nuestra opinión es que habría que devolverla si el uso va a ser para un parque fotovoltaico, eólico o de generación renovable", ha deslizado la secretaria de Estado, que ha roto una lanza más a favor de las energías verdes. "Es importante que seamos conscientes de que las renovales son necesarias y tenemos que hacerlo de una forma ordenada".

"Tendremos que ver cómo avanza esta propuesta que ha puesto encima de la mesa" el ministro Planas, ha dicho la número dos de Teresa Ribera de cara a un proceso legislativo que, tras el cierre de la consulta pública convocada por Agricultura pasará a la negociación entre los ministerios afectados, entre ellos el de Transición Ecológica.

Negociación interministerial

Tanto dentro del Gobierno como en el sector agrícola se cuenta con que una eventual ley para prohibir las renovables -siempre que no sean para generar electricidad para la propia explotación- en zonas de regadío declaradas de interés general tendrá la forma de un real decreto-ley, un instrumento legislativo de urgencia y con plazos mucho más cortos que un proyecto de ley, que a menos de un año de las próximas elecciones generales, debería pasar por el largo trámite parlamentario antes de ver la luz.

En este caso y una vez cerrada la consulta, el borrador de Planas será negociado con otros ministros interesados en una consulta interministerial antes de pasar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Si informa a favor o sin demasiadas pegas, el siguiente paso será el Consejo de Estado para terminar en el Consejo de Ministros, que debe aprobar el real decreto-ley. Si la CNMC pide muchas modificaciones, el trámite volverá a la negociación interministerial, como ocurre en estos momentos con el proyecto de Ribera para reformar la tarifa regulada de la electricidad (PVPC). 

Una aberración

Fuera del Gobierno, el sector de las renovables ha sido mucho más contundente que Transición Ecológica en su oposición a las intenciones de Planas. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que es una "aberración" prohibir parques renovables en campos de regadío al considerar que las dos actividades pueden convivir perfectamente y que en algunos casos garantizarían su propia supervivencia, como en el parque nacional de Doñana o en el Mar Menor.

Esta asociación, la mayoritaria del sector fotovoltaico con más de 770 empresas miembros, respondió a la difusión del proyecto de Planas con un comunicado para "rechazar frontalmente" una normativa que califica de "antirrenovable". Para evitar perjuicios sobre los regadíos como los que aduce Agricultura para prohibir los proyectos eólicos o solares, la UNEF recuerda que todo proyecto debe contar con una declaración de impacto ambiental allí donde se quiere asentar, que debe descartar tales daños.

De momento y tal y como señala la UNEF, la mayoría de los parques renovables se implantan "en zonas de secano con bajo valor agrícola" porque hay terreno suficiente disponible pero también asegura que son actividades totalmente compatibles.

Uno de los colectivos que han venido reclamando a Planas prohibirlos, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, estima que de aprobarse una normativa afectaría a alrededor de un millón y medio de hectáreas de zonas de regadío de interés general y que reciban fondos públicos los 3,8 millones de hectáreas que existen.