El plan para reformar la tarifa regulada de la luz, a la que se acogen los consumidores vulnerables y en total unos nueve millones de hogares españoles, ha tenido que retrasarse debido a las dudas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta planteada por el Ministerio de Transición Ecológica. En lugar de abaratar el precio de luz, como pretende el Ejecutivo, el supervisor cree que puede tener el efecto contrario, e incrementar el precio de la electricidad para el consumidor. A mitad de diciembre, pidió revisar este y otros aspectos de la reforma prevista, que es la condición que puso la Comisión Europea para autorizar el mecanismo ibérico y debía empezar a aplicarse a principios de 2023. Hace unos días, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, apuntó que se está analizando el documento de la CNMC y, sin precisar fecha, esperó "poder sacarlo adelante cuanto antes".

Tal y como figura en el decreto-ley por el que se puso en pie el tope al precio del gas, una de las "condiciones" que puso la Comisión Europea para permitirlo fue que el gobierno reformara la actual tarifa regulada de la electricidad, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y se disponía que la nueva fórmula de fijación del coste de la energía debería poder aplicarse "a principios de 2023". 

El Gobierno busca un nuevo mercado eléctrico de la UE más regulado, con más peso de las renovables y con el gas 'arrinconado'

El borrador de la reforma se conoció en octubre y desde entonces el Ministerio de Transición Ecológica aducía que la aprobación de la reforma en el Consejo de Ministros quedaba pendiente del informe de la CNMC. Llegó a mitad de diciembre para poner en entredicho los principales aspectos de la reforma. Como resume una organización de consumidores, el documento venía a decir que no supondría una rebaja sustancial del precio de la luz. Con su propuesta de reforma, el Gobierno calculó un ahorro medio anual de 297 millones con el nuevo modelo. La CNMC, por el contrario, afirma que la médula espinal de la reforma, es decir, sustituir la adquisición de toda electricidad en el mercado diario por un conjunto de contratos a distintos plazos, "supone un incremento del precio para el consumidor".

No es el único punto que la CNMC cree que el Gobierno debería revisar en su propuesta y es justo lo que está haciendo en estos momentos Transición Ecológica, sin que ni las empresas eléctricas ni las organizaciones de consumidores sepan cuándo se aprobará el real decreto con la reforma en el Consejo de Ministros.

"Estamos analizando el informe de la CNMC, que muestra algunas preocupaciones técnicas y otras de valoración de oportunidad legislativa y creemos que tiene que ser valorado por nuero equipo", afirmaba hace unos días Ribera. "Nos gustaría poder sacarla adelante cuanto antes", añadió.

Del mercado diario a varios plazos

Los informes de la CNMC no son vinculantes. Tienen naturaleza consultiva y el fin de asesorar a las Administraciones Públicas para que incorporen sus recomendaciones. En el caso de la reforma de la tarifa PVPC, son numerosos los aspectos sobre los que advierte y plantea una "reflexión" a Transición Ecológica, empezando por el corazón mismo de la reforma, pasando por el perjuicio que no solo ve para los consumidores, sino también para las comercializadoras de electricidad, para terminar en que los consumidores vulnerables y en el rechazo al papel de verificador  de las microempresas que puedan acogerse a la nueva tarifa que le confiere Ribera en su reforma y que la CNMC rechaza.

El punto central de la reforma de la tarifa regulada de la electricidad busca reducir la total dependencia que existe de hoy del mercado diario, sometido a su vez al precio del gas y a graves vaivenes como la guerra en Ucrania, que el año pasado llevó el coste de la luz a cotas récord. Para cambiar esto, Ribera plantea sustituir las subastas diarias con un sistema en el que estas se combinen con compras mayoristas a distintos plazos, a uno y tres meses y un año vista. La CNMC reconoce que esto podría "suavizar los incrementos de precios" en escenarios de alza como el del año pasado pero, "a su vez, mitigará las reducciones en los escenarios de descenso de precios", de modo que no siempre la diferencia de precios entre el sistema nuevo y el viejo -el actual, en realidad- sería tan evidente.

Sin embargo, lo que más cuestiona la CNMC tiene que ver con el "término de ajuste" que incorpora el Gobierno en su propuesta, como una prima al riesgo que afrontarán las comercializadoras al comprar electricidad a plazo y no en el mercado diario, con precios conocidos y no estimados. El informe apunta que "este riesgo de volumen supone un incremento del coste del suministro que, en el caso de ser reconocido como una prima de riesgo en el PVPC, implicaría un incremento de precio frente a la metodología actual".

"Este término [de ajuste] supone un incremento del precio para el consumidor frente a la opción de valorar la energía únicamente ponderando los precios de los mercados de contado y los productos a plazo", la CNMC, que también cuestiona las consecuencias que la reforma que plantea Transición Ecológica tendrá también para las comercializadoras de electricidad.

De la misma manera que advierte de un encarecimiento para el consumidor, pide "revisar" los costes que soportan las comercializadoras y que "no habrían sido incorporados en su totalidad en esta propuesta de Real Decreto".

Consumidores vulnerables

Alrededor de unos nueve millones de hogares están acogidos a la tarifa regulada de la electricidad que, a ojos de los defensores de la liberalización total del mercado, como la CNMC, debería existir solo para los consumidores vulnerables. A este respecto, el organismo también ve un perjuicio para ellos en la reforma que plantea el Gobierno. "Convendría revisar la metodología que se aplica a los consumidores vulnerables y, en particular, reflexionar sobre la conveniencia de que el descuento del bono social sea calculado sobre el precio del PVPC". 

Siguiendo la lógica de su argumento de que la nueva tarifa regulada puede suponer un incremento del precio, la CNMC entiende que "los consumidores vulnerables requieren de una mayor protección, por lo que cabría analizar otras alternativas que ofrecieran unas condiciones de precios más favorables y estables".

Este eventual encarecimiento que ve la CNMC choca con las previsiones de Transición Ecológica, que en la memoria económica de la reforma calculó un ahorro de 297,1 millones de euros anuales, estudiando la evolución de los precios entre 2018 y lo que va de 2022, En este periodo, calcula que con el nuevo sistema el precio de la electricidad se reduciría una medida de 2,5 euros por MWh. 

Distintas cestas

La CNMC tampoco se muestra de acuerdo con la ponderación del peso que plantea dar el Gobierno a las cestas a plazo para restar la impronta del mercado diario en la fijación del precio de la electricidad. Su propuesta es que, después de una transición en la que el sistema actual seguiría teniendo el 75% del peso, en 2025, el mercado diario suponga el 45% y a plazo, el 55%, repartido entre el 10% de la cesta mensual, el 36% de la trimestral y el 54% restante, anual.

En este punto, son varias las anotaciones de la CNMC, entre ellas, que "es difícil" que este diseño de la cesta de productos para el PVPC pueda acompasarse con el régimen retributivo de las renovables (RECORE) o que estos porcentajes de ponderación de 10, 36 y 54% "deberían adaptarse" para que puedan aplicarse en 2023, el año en el que tenía que empezar a aplicarse la reforma.

La CNMC tampoco ve tan sencillo pasar de un sistema en el que se fija el precio de la electricidad a cada hora del día -con 24 subastas cada jornada- con uno de compras a plazo, que no podría justar el precio de la energía de manera horaria. "Por ello, se propone valorar una formulación distinta", dice a Transición Ecológica.

Control de las microempresas

Otra de las novedades de la propuesta de reforma del Gobierno es permitir que las microempresas también puedan contratar la tarifa regulada, siempre que la tensión no supere un kilovatio y la potencia instalada sea igual o menor a 10kW. En su informe, la CNMC rechaza que el Gobierno delegue en este organismo la tarea de acreditar que las microempresas que dicen serlo para beneficiarse de la tarifa regulada efectivamente lo son. 

Se queja de los "elevados recursos necesarios para llevar a cabo esta labor" y recuerda que según su propio recuento en España existen "881.360" microempresas, de modo que "esta labor no podrí ser acometida por la CNMC con los medios disponibles y podría ser abordad por otras vías digitales más eficientes", según propone, como la plataforma que existe para ser beneficiario del bono social.