En lugar de estar totalmente determinada por el mercado diario que marca el precio de la electricidad cada hora, la tarifa regulada, de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), pasará a calcularse con diferentes referencias temporales. Además de la referencia diaria, que seguirá teniendo un peso de hasta el 45% en el precio, se añadirán "señales a plazo", cestas de productos a uno y tres meses y a un año vista, de acuerdo con el diseño que plantea el Gobierno para intentar abaratar la tarifa a la que están adscritos alrededor del 40% de los hogares españoles (más de nueve millones) y que desde hace un año está disparada como consecuencia de la crisis energética.

El  Ministerio de Transición Ecológica tiene preparado un real decreto para hacer este cambio y en la memoria económica expone que el impacto sobre la factura variará "en función de la evolución de los precios de los diferentes mercados". No concreta cuál podría ser el ahorro medio en las facturas, pero fija un ahorro de 297,1 millones de euros anuales, estudiando la evolución de los precios entre 2018 y lo que va de 2022, un periodo en el que calcula que con el nuevo sistema el precio de la electricidad se reduciría una medida de 2,5 euros por MWh. Estima que pasando de la actual referencia 100% del mercado diario a un 40% mercado diario y un 60% el mercado de futuros, se reduciría la volatilidad del precio de un 27 a un 17%.

Modificar la tarifa PVPC era una condición que la Comisión Europea puso al Gobierno para autorizar la 'excepción ibérica'. Bruselas instó a presentar una reforma antes del 31 de octubre, para que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2023. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha reiterado este miércoles en el Congreso este objetivo, horas antes de que se publicara el procedimiento de participación pública en el que empresas y organizaciones interesadas podrán presentar hasta el 7 de noviembre comentarios y propuestas al borrador del real decreto por el que se modificará la manera de calcular lo que cuesta la luz en el mercado regulado. Actualmente, está totalmente vinculado al mercado diario e intradiario -por horas- y, por tanto, refleja el incremento constante en los precios. Más que las tarifas del mercado libre, que cada consumidor negocia con su distribuidora, generalmente por un periodo de un año y que, por tanto, ya incluyen la referencia al largo plazo que el Gobierno plantea ahora para la PVPC.

El ministerio afirma que la tarifa regulada, indexado al mercado eléctrico mayorista, fue muy competitiva hasta que hace un año empezó a subir el precio de la energía. A partir de entonces, indica que "los clientes acogidos a este tipo de modalidades contractuales han sido los principales damnificados por la espiral alcista, ya que el precio final de la electricidad trasladado por las comercializadoras de energía eléctrica en estos contratos es un fiel reflejo de la evolución de los precios de casación marginalista en aquellos mercados". Por ejemplo, hasta el 13 de mayo, el día en que se aprobó el 'mecanismo ibérico' que limitó el precio del gas en España y Portugal, el ministerio calcula que la luz se ha encarecido un 125% para los consumidores con tarifa PVPC.

Para intentar desvincular el mercado diario de una tarifa muy común en hogares y destinada particularmente para consumidores vulnerables, el borrador de real decreto del Ministerio de Transición Ecológica plantea un cambio en la forma de calcular el precio. Ya no estará vinculado al 100% al mercado diario, sino que su peso se reducirá a medida que a lo largo de los dos próximos años vaya ganando terreno una cesta de productos a plazo, a un mes, a tres meses y a un año. Al final del camino, la tarifa regulada de la luz dependerá en un 45% del mercado diario mayorista y un 55% del mercado a plazo. 

Para 2025, el precio de la luz de la tarifa regulada que dependa de las referencias a plazo reflejará un 10% del producto mensual; el 36%, del trimestral, y el 54% restante, del anual. Hasta llegar a este punto final, entre 2023 y 2025 habrá una transición que empezará con un reparto en la fijación del precio entre el 75% del mercado diario -como en la actualidad- y el 25% a plazo, evolucionando hasta un 45% diario y 55% a plazo a final del periodo. 

El coste de producción de energía eléctrica "se determinará con base en el precio horario de los mercados diario e intradiario durante el período al que corresponda la facturación, en el precio de una cesta de productos a plazo gestionados por OMIP, que incluye producto mensual, trimestral y anual, los costes de los servicios de ajuste del sistema y, en su caso, otros costes asociados al suministro, conforme se establece en el presente real decreto", dice el borrador en consulta pública. Uno de estos costes es el bono social, que se repercutirá en estas tarifas.

Microempresas y bono social

El real decreto que prepara el Gobierno incluye otras dos modificaciones. La primera, para permitir que las microempresas también puedan contratar tarifa regulada. La segunda, para establecer que el coste del bono social eléctrico se repercutirá en la tarifa PVPC.

En el primer caso, establece que "podrán acogerse a los precios voluntarios para el pequeño consumidor los titulares de los puntos de suministro, que sean personas físicas o microempresas, efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW en cada uno de los periodos horarios existentes".

Serán las propias empresas las que tendrán que acreditar su característica de "micro" y, por tanto, la posibilidad de acogerse al precio de la tarifa regulada, mediante "una declaración responsable".

Por otra parte, el real decreto resuelve la financiación del bono después de que el Tribunal Supremo anulara la anterior fórmula, que consistía en que eran las empresas comercializadoras de electricidad las que deberían correr con el coste de un bono que reduce entre un 60 y un 70% la factura de la luz para consumidores vulnerables.

El decreto que prepara el Gobierno repercutirá este coste en la tarifa PVPC como un "nuevo componente" en la misma, de modo que lo pagarán los consumidores que estén adheridos a ella.