PSOE y Unidas Podemos han comenzado a negociar el borrador de la nueva ley de vivienda que ambas formaciones se comprometieron a finales del año pasado a presentar en febrero. Las conversaciones, confirman fuentes de ambos partidos, se encuentran en una fase inicial. Pero la parte morada del Gobierno va a plantear que en la norma se establezcan como permanentes tanto la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a las familias vulnerables como la de desahuciar a aquellos ciudadanos que se vayan a quedar en la calle por no poder pagar su vivienda, que por ahora están vigentes hasta el final del estado de alarma, previsto para mayo.
Unidas Podemos quiere con ello evitar situaciones como las vividas entre octubre y diciembre, cuando la prohibición de cortar los suministros decayó y el veto a los desahucios solo cubría a las familias repentinamente empobrecidas por la crisis de la Covid-19. "La prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable quedarían blindados automáticamente en todo caso", resumen fuentes de la Vicepresidencia, que argumentan que "con más de tres millones de viviendas vacías no se puede dejar a nadie en la calle".
Parece poco probable que el PSOE acepte estos planteamientos, y eso que la negociación ni siquiera ha llegado a la que previsiblemente será la parte que provocará más diferencias: la relativa a la limitación de los precios del alquiler en ciertas zonas.
El pasado octubre, ambas formaciones acordaron por escrito dar a las comunidades o a los ayuntamientos competencias para declarar zonas de "mercado tensionado" y, en ellas, establecer "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".
No obstante, aún es una incógnita cómo se trasladará esa idea a la ley y los detalles del mecanismo. Unidas Podemos, por ejemplo, apuesta por establecer un marco común para evitar que comunidades como la de Madrid, muy reacia a las limitaciones de precios, deban aplicar unas medidas mínimas. Y rechaza que el control de precios se intente a través de ventajas fiscales para los propietarios, un extremo que, por otra parte, el PSOE niega haber puesto sobre la mesa.
La moratoria hipotecaria, de vuelta
Lo que sí está ya claro es que el Gobierno volverá a poner en marcha una medida con la que acabó el pasado septiembre: la posibilidad de que las familias que se hayan visto en dificultades sobrevenidas por culpa de la crisis de la Covid-19 soliciten una moratoria que les libere durante un máximo de tres meses del pago de su hipoteca.
Así lo confirmó este lunes la ministra de Economía, Nadia Calviño, pese a que en septiembre fue una de las dirigentes que con mayor fuerza se opuso a mantener esta medida, por la que apostaban los ministros de Unidas Podemos y también algunos socialistas.
Fuentes moradas afirman que han presionado para volver a poner en marcha la posibilidad de solicitar una moratoria hipotecaria, y lo cierto es que la reactivación de esta norma supone una victoria de sus tesis, ya que en septiembre el ala más ortodoxa del Gobierno se negó a prorrogar tanto esa medida como la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables.
Esta segunda iniciativa volvió a ponerse en marcha en diciembre, y algo parecido ocurrirá con la opción de aplazar el pago de la hipoteca y de otros créditos, aunque el plazo para solicitarla será inferior:hasta el 31 de marzo, según dijo este lunes Calviño.
Si no hubiera cambios con respecto a la anterior moratoria, podrían beneficiarse del aplazamiento las familias que destinen más del 35% de sus ingresos a pagar la hipoteca y los suministros, que hayan sufrido un golpe económico por la Covid-19 y cuya renta mensual no supere los 1.613 euros.
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