Una vez que PSOE y Unidas Podemos han acordado presentar antes de febrero el proyecto de ley para regular el precio de los alquileres, la siguiente batalla dentro del Gobierno será para definir el contenido concreto de la norma. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda, que junto al Ministerio de Transportes será el encargado de diseñar la ley, explican que uno de los puntos clave de la discusión será si establecer un marco de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ayuntamientos o únicamente darles las competencias para que limiten precios si así lo consideran.

Este asunto no es baladí, ya que algunas comunidades ya han dejado claro que no piensan regular el precio de los arrendamientos si de ellas depende. Es el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno ya aseguró antes de la pandemia que no tenía intención de limitar las cuotas incluso si el Estado les daba esa posibilidad. Y ello, a pesar de que Madrid es una de las ciudades de España más afectadas por la importantísima subida de los alquileres en los últimos años.

El Gobierno llevará al Congreso en cuatro meses una ley para contener y bajar los precios de alquileres nuevos o existentes

Las fuentes del Ejecutivo central consultadas señalan que ya está decidido que "se establecerá un marco común para el conjunto del territorio para permitir que se lleve a cabo esta regulación de precios". Pero señalan que el "debate" de los próximos meses girará en torno a si "habilitar quiere decir obligar" a las entidades locales y autonómicas a aplicar esos límites. 

No obstante, "no hay casi ningún estado europeo que tenga marcos estatales reguladores en este sentido", admiten fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, que explican que, en los países donde se regulan los precios, son "regiones y municipios" quienes lo hacen porque son los mejores conocedores de la situación concreta de su territorio.

Lo cierto es que ni el acuerdo de coalición firmado el pasado diciembre ni el compromiso de regular los alquileres en el corto plazo suscrito el martes junto al proyecto de Presupuestos incluye la promesa de establecer unas exigencias comunes de obligado cumplimiento para las comunidades, que tienen gran parte de las competencias en materia de vivienda. El texto firmado el martes solo plantea que la ley debe "articular mecanismos básicos" que podrán "ser complementados por las administraciones locales en coordinación con las autonómicas, las cuales podrán declarar [...], con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".