Tras el sonoro debate abierto por varias iniciativas de docentes y familias pidiendo regular, e incluso prohibir, el uso de los móviles en los colegios e institutos, este miércoles, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado que propondrá en enero a las Autonomías prohibir el uso del móvil en Primaria y Secundaria durante el horario lectivo, incluyendo el recreo y el comedor. Alegría se abrió a ponerle "puertas al campo", como ella misma había dicho días antes sobre el tema para defender un uso responsable en lugar de la prohibición. Actualmente, ya cuatro comunidades -Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Madrid- tienen prohibido el uso de smartphones en las aulas. Pero hay otras en camino y todas se han mostrado favorables a la medida, que sí contempla el uso pedagógico en Secundaria cuando el docente lo requiera.
Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en prohibir el uso de estos dispositivos en los centros escolares. Su Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 estableció que los menores "no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas". Un año después le siguió Galicia, que lo prohibió durante los periodos lectivos y ahora quiere abordar una regulación "mucho más taxativa".
Al inicio del curso 20-21 se sumó Madrid con su Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad, que buscaba "mejorar los resultados académicos de los alumnos y luchar contra el ciberacoso y el bullying". La normativa incorporó la prohibición expresa del uso de los móviles y dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, salvo, exclusivamente, como herramienta didáctica o por razones de salud o discapacidad. Andalucía ha sido la última. La semana pasada dictó una instrucción para regular el uso de los móviles en los centros que contempla, entre otras medidas, limitarlo durante la jornada escolar, salvo con fines exclusivamente pedagógicos "debidamente justificados". Al igual que en Madrid, también incluye la retirada de los dispositivos en caso de "incumplimiento" de las normas.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideran que la regulación estatal traería "homogeneidad" y "seguridad jurídica" a todo el profesorado, que en ocasiones ha de enfrentarse a familias que se oponen a la retirada del dispositivo en cumplimiento con la normativa interna del centro. En los territorios donde no está regulado, son las escuelas las que lo hacen en función de sus necesidades, pero sin estar respaldados por una normativa.
Así lo explica a 20minutos el presidente del sector Nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, que pide que la regulación estatal sea "clara" y "consensuada", pero que no se limite a una mera recomendación que cada región tenga que aplicar según su interpretación. "Las comunidades no tienen transferida la educación sino el servicio, porque la Constitución marca que el Gobierno tiene la obligación de proporcionar igualdad de oportunidades en los servicios públicos esenciales, entre los cuales está la educación. Por eso existe el Ministerio de Educación. Y, evidentemente, si el uso del móvil es malo para los de Madrid, será malo también para los de Cataluña", zanja. Una reciente encuesta de CSIF arrojó que el 91% de los docentes denuncia problemas de convivencia en las aulas, muchos debidos al mal uso del móvil y las redes sociales.
La Conselleria de Educación de la Generalitat catalana ha impulsado recientemente un proceso participativo para regular el uso de los teléfonos móviles en los centros y prevé que el nuevo marco regulador llegue a las escuelas en enero de 2024. Precisamente, el Consell Escolar de Catalunya emitió este martes un informe en el que concluye que la Generalitat debe regular el uso del móvil y que esta restricción ha de ser "más fuerte" en Infantil y Primaria, con limitación a un uso adecuado en ESO.
En Canarias, la Consejería de Educación ha anunciado que elevará al Consejo Escolar autonómico una consulta sobre la posible regulación, mientras que Baleares ha recordado este miércoles que ya hay en marcha un plan para limitar el uso. Por su parte, Cantabria ha recordado que ya existen instrucciones para los centros de su territorio, donde 30 de los 48 IES públicos y la "práctica totalidad" de los concertados tienen regulado el uso de móviles durante la jornada escolar, "y la mayoría están prohibiendo su uso".
En este sentido, el conseller valenciano de Educación, José Antonio Rovira, ha abogado por "escuchar a los expertos y analizar muy bien qué se hace y cómo". Rovira ha recordado esta semana que la norma en vigor es el Decreto 195/2022, de 11 de noviembre, que marca la autonomía de cada centro en el uso de dispositivos móviles, está pendiente de desarrollo. En Murcia tampoco hay normativa regional y son los centros los que deciden: la mayoría no los permite. Este jueves, a través de un comunicado, la Consejería de Educación aseguró que está dispuesta a "dar un paso adelante" si así lo recomienda el grupo de expertos de diversos ámbitos que se creará próximamente.
Piden "consenso nacional"
Por otro lado, la consejera asturiana del ramo, Lydia Espina, ha indicado que la postura que el Principado defenderá será restringirlo en Primaria y limitarlo en Secundaria a una herramienta pedagógica supervisada por los profesores. "Lo importante es conseguir un consenso a nivel nacional", ha agregado.
En esta línea se pronuncia la secretaria estatal del sindicato ANPE, Pilar Gredilla: "Lo importante es que todas las comunidades vayan a una". La docente aboga por realizar un uso responsable -como los sindicatos llevan solicitando desde hace años- más que por prohibir. Reconoce que los móviles "con carácter general, no son adecuados en las aulas porque dificultan la práctica docente", pero admite que "son una realidad social" y que, además, "pueden tener un uso pedagógico positivo".
"No es bueno prohibir o eliminar, pero sí una regulación que limite su uso. Hay que sacar lo bueno de la tecnología", añade a este periódico, al tiempo que recuerda que el reciente informe de la OCDE se pronunció en términos similares. "Prohibir los móviles en los colegios puede llevar a que los alumnos sean menos capaces de adoptar un comportamiento responsable respecto a su uso", reza el reciente informe PISA 2022, que defiende un uso "adecuado" y "moderado".
Desde CSIF y ANPE Sindicato Independiente anotan que el horario lectivo incluye el recreo, pero no el tiempo de comedor y patio a la hora de comer. En el recreo, considera Gredilla, los móviles "limitan la interacción social", que es el fin fundamental de este espacio, por lo que cree que restringir los dispositivos "favorecería la convivencia".
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