Salvo por el papel de la nuclear, la visión en materia de energía que defienden a día de hoy PSOE y del PP es, con matices más de forma que de fondo, coincidente. Ambos partidos tienen claro la necesidad de impulsar la descarbonización y electrificación de la economía mediante energía renovable como la eólica y la fotovoltaica y tecnologías innovadoras como el almacenamiento, que conviertan a España en un polo de atracción de empresas electrointensivas. Así quedó claro en un reciente debate entre representantes políticos en el que Sumar lanzó una propuesta que sondea la política energética pero que todavía no se había escuchado en España: que, como ha hecho Alemania, los hogares españoles tengan que cambiar sus calderas de gas por bombas de calor -que funcionan con electricidad- en un plazo de 10 años.

El coordinador de Energía de Sumar, Fernando Ferrando, puso sobre la mesa una "medida clara" para electrificar la demanda, es decir, que industria y, en este caso, hogares recurran cada vez más a la electricidad -de fuente renovable- como "el compromiso de que en 10 años el sector doméstico no tenga gas natural".

Según explican fuentes de la candidatura de Yolanda Díaz, el planteamiento bebe del ejemplo de la ley que se aprobó en abril en Alemania, para prohibir a partir del año que viene instalar nuevos sistemas de calefacción que funcionen con gas, gasóleo o carbón. En su lugar, deberán los hogares alemanes deberán poner bombas de calor, la tecnología alternativa más viable en estos momentos y más cara que las calderas, y para ello Gobierno alemán acompañará la medida con subvenciones millonarias para que los hogares den el salto del gas a la electricidad.

Como en Alemania, la calefacción o agua caliente por gas es la norma en los hogares españoles, lo que no impide que Sumar plantee "desterrar" las calderas, para cambiarlas por bombas de calor. Así lo planteó el responsable de energía de Sumar durante la mesa redonda sobre qué proponen los partidos de cara al 23-J en esta materia que organizó el pasado jueves la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) en su congreso anual. También participaron el diputado del PP Guillermo Mariscal y, por el PSOE, el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja, Álex Dorado. Vox declinó la invitación de enviar a un representante en una mesa de discusión en la que estuvieron "partidos que apoyan la economía verde y la descarbonización", tal y como fue presentada.

El sector eólico rebaja la ambición renovable del Gobierno: necesita más tiempo para construir parques y falta demanda eléctrica

PP, PSOE y Sumar plantearon cómo debería ser la política energética del próximo Gobierno, que el actual condensa en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que acaba de enviarse a Bruselas. Mariscal no quiso entrar en el fondo pero consideró "una mala noticia la forma en que se ha afrontado y abordado" una estrategia hasta 2030, que abarcará por tanto varios Gobiernos y que el representante del PP criticó que se ha hecho "sin hablar con el sector ni con el principal partido de la oposición. 

"Es una falta de respeto", afirmó el diputado del PP sobre un borrador que estará en consulta pública hasta el 4 de septiembre para recibir aportaciones y sobre el que ya hubo una consulta previa el año pasado en la que Ferrando dijo haber participado, no aún como miembro de Sumar, sino como presidente de la Fundación Renovables. "Todos hemos presentado alegaciones desde el año pasado", dijo, a pesar de que también añadió que el PNIEC "es ambicioso pero no valiente". Todo esto ocurrió  en los primeros momentos de un debate en el que el PSOE reprochó al PP haber "cambiado de opinión" en materia energética para defender una transición ecológica "que dejó pasar" cuando gobernaba. 

Aun así, la conversación constató más similitudes que diferencias entre PP y PSOE -y también Sumar-, que llevó a que, al final, el moderador y director de Regulación de la AEE, Heikki Willstedt, afirmara como conclusión que "no están tan lejos las posiciones. "Todo el mundo quiere que se hagan más renovables, no desperdiciar ni un megavatio/hora que se pueda producir y que tiene que generar riqueza en España". "Lo que vemos aquí son las típicas discusiones entre familiares", abundó.

Más parecidos que diferencias entre el PP y el Gobierno en energía: muchas coincidencias con la discrepancia de la nuclear

La energía nuclear se erige como la gran diferencia en materia energética entre el PP y el PSOE. En el plan para actualizar el PNIEC que se ha conocido esta semana, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, mantiene una generación de 3GW de electricidad en 2030 y cuenta que para ese año "se retirarán cuatro de los siete reactores", de acuerdo con el calendario de cierre de centrales nucleares pactado con el sector en 2019, para desmantelarlas entre 2027 y 2035.

Por el contrario, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende "revertir" este proceso, al menos hasta que no esté asegurado el suministro por vías alternativas de la electricidad que hoy suministran las centrales. "Es indispensable garantizar el suministro de nuestro país 24/7 [24 horas al día, siete día a la semana]. Cuando esto está en riesgo, tengo que tomar medidas políticas, me gusten o no", afirmó Mariscal durante el debate.

Más renovable

Ninguno de los tres partidos discrepó de la necesidad de generar más electricidad renovable -que el Gobierno quiere disparar hasta que en 2030 represente el 48% de la generación eléctrica y permita una electrificación de la economía en un 81%-, pero con divergencias y de procedimiento. 

En este caso, PP y PSOE se pusieron a un lado y Sumar, al otro por lo que respecta a los permisos y al proceso administrativo y ambiental por el que tiene que atravesar durante años un proyecto renovable para poder ser aprobado. Directamente vinculado con esto está la fijación por ley en 2020 de hitos temporales que los promotores debían cumplir para poder seguir adelante y que el sector eólico y fotovoltaico considera demasiado estrictos para tener tiempo de construir los parques. Esta semana, el Gobierno accedió a una prórroga de seis meses para que casi 1.000 proyectos cuenten con más tiempo para tener licencia de obras y el sector sigue reclamando alargar el próximo y último plazo, el que dice que en julio de 2025 todos estas instalaciones deberán estar terminadas y listas para empezar a funcionar.

Aunque Ribera no lo mencionó horas antes durante la inauguración del Congreso Eólico, el consejero socialista tranquilizó a la audiencia afirmando que "esto [el hito de julio de 2025] se modificaría con un real decreto", en el futuro. En estos momentos, el Ministerio aduce ahora que no pudo hacerlo la semana pasada porque no incurría en el motivo de urgencia que habría justificado incluirlo en el decreto-ley. "No podemos crear un cuelo de botella cuando es por falta de gestión en las administraciones", afirmó Dorado.

Por el PP, Mariscal también apostó por dar más rapidez al trámite de autorizaciones. "El problema del permitting en España es un disparate, es el más difícil de toda la UE. "No puede ser que la Administración Pública sea un limitador", dijo. El PP apuesta por "agilizar" y Mariscal avanzó una propuesta electoral para aligerar los proyectos de más envergadura. "Incorporamos en nuestro programa una oficina para proyectos industriales", que sería una "ventanilla única" para "proyectos a partir de una cierta inversión, proyectos estratégicos".

La voz discrepante aquí la tuvo Sumar, que en coherencia de lo que reclamaron -sin éxito- en el Congreso las fuerzas a la izquierda del PSOE que lo componen, rechaza el procedimiento de urgencia que aprobó el Gobierno en diciembre del año pasado para eximir también a los grandes proyectos de renovables de declaración de impacto ambiental si los técnicos consideraban suficiente un informe de afectación elaborado por el promotor y que, también en aras a la rapidez, reducía los procesos participativos. "No nos gusta nada los artículos 22 y 23 para aligerar la tramitación, que lo único que quita es que no se pueda hablar con los que están cerca de las instalaciones", alegó Ferrando.

La eólica marina, una de las próximas actividades para generar renovables, también ha levantado protestas en Galicia y Asturias -donde más zonas se han ubicado-. Gobierno y PP coinciden en querer impulsarla. El primero, mediante un PNIEC que prevé que, como pedía el sector, para 2030 haya 3.000 Mw de potencia instalada, aunque, por el PSOE, tampoco Dorado desveló si, como inquiere el sector, este año se celebrará ya una primera subasta para poder avanzar en la planificación de los espacios marítimos que el Gobierno ha adjudicado a la eólica. "No me atrevo a anticiparlo, pero es una señal de que se apuesta por esta tecnología", dijo Dorado. "La eólica marina ofrece un nuevo abanico de industrialización y no parece razonable que renunciemos al potencial que España tiene para proyectos que pueden garantizar actividades industriales en zonas que no la tendrían", afirmó Mariscal, que deslizó una crítica a Díaz por sus reservas sobre eólica marina, debido a que las protestas ocurren en Galicia, después de que, por Sumar, Ferrando hubiera planteado las incógnitas que perduran en este ámbito, como por ejemplo, cómo se va a evacuar la electricidad que generen los aerogeneradores flotantes.

Hidrógeno, almacenamiento

Además de producir energía renovable, la tecnología por la que apuestan Gobierno y PP para aprovechar la electricidad que se genera pero no se consume en el momento es el almacenamiento, mediante baterías o bombeo. Esto es algo que está contemplado y aumenta en el PNIEC -22GW frente a 20 previstos en el plan vigente- y en lo que también insisten los populares. "El PP está trabajando en el almacenamiento, el principal vector por el que podremos aumentar la capacidad renovable de nuestro país", aseguró Mariscal, que no desprecia ninguna tecnología para ello. "Batería y bombeo", subrayó.

También dejó clara la apuesta del PP por el hidrógeno verde, uno de los objetivos que más eleva el Gobierno en su nueva planificación hasta 2030, tener en funcionamiento electrolizadores capaces de producir 11 GW, en lugar de 4GW previstos inicialmente. "Si somos un país con recursos y capacidad técnica", el diputado del PP defendió que España genere hidrógeno como combustible para descarbonizar la industria y el transporte y para exportar, bien en estado gaseoso por el futuro H2Med, bien en estado líquido convertido en amoniaco, algo más cerca de ser una realidad. 

Interconexiones e industria

En sus intervenciones, Mariscal insistió en nombre del PP en que el Gobierno tiene que pelear por incrementar las interconexiones eléctricas con sus vecinos. El PNIEC contempla aumentar la interconexiones con Portugal hasta 3.000 MW y con Francia, hasta 8.000 MW, unos objetivos que el sector considera demasiado ambicioso teniendo en cuenta la situación actual y que el PP insiste en mantener. Según Mariscal, esta debería ser un objetivo prioritario de la Presidencia española de la UE. "Si tenemos la Presidencia de turno de la UE, hay que incentivar las interconexiones de nuestro país", dijo Mariscal.

La posición de unos y otros sobre elementos clave de la política y la transición energética apunta a que no existen grandes diferencias de fondo sobre una transformación que tanto Gobierno como PP ve como una oportunidad económica de primera magnitud, que en buena parte también se basará en la capacidad que el cambio hacia la generación de energía más sostenible y -sobre todo- más barata tenga para atraer inversiones extranjeras. 

Ribera proclamana este jueves que "España se han convertido en un referente, en un foco de atracción para inversiones internacionales", con ejemplos como la llegada de industrias eletrointensivas como la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto. "Lo importante es incentivar la atracción de capital y la instalación de industrias electrointensivas en nuestro país", decía horas después, desde el mismo estrado, el diputado popular.