Más de seis meses después de que empezara la guerra en Ucrania y un año después de que Vladimir Putin emprendiera una estrategia de encarecimiento del gas que empezó a tirar hacia arriba el precio de la electricidad, parece que queda ya poco por inventar en cuanto a medidas para hacer frente a la crisis energética. Por toda Europa, gobiernos de todo signo político acuden a las mismas recetas para intentar bajar la factura de la luz e incluso la UE acaba de romper un tabú y se prepara para intervenir el mercado y, entre otras acciones, a obligar a las eléctricas a compartir los beneficios excesivos que están ingresando por esta coyuntura. Este es el contexto en el que el PP daba a conocer este lunes su propuesta del "pacto energético" que le gustaría alcanzar con el Gobierno. A pesar de los constantes desencuentros entre ambos, el documento de los populares contempla muchas más similitudes que diferencias con el Ejecutivo sobre lo que habría que hacer y cita también medidas que ya están en marcha, como las ayudas al transporte público o un plan de ahorro en la Administración pública.

Los populares siguen rechazando la 'excepción ibérica' y una semana después de que Bruselas descartara extenderla a toda la UE, y aunque países como Francia, Bélgica o Eslovenia la pidan para ellos también, el PP apunta en su documento que "ya sabían que la solución no pasaba" por ella. Junto a esto, la energía nuclear y su petición del PP para alargar la vida útil de las centrales son algunos de los puntos de discrepancia con el Gobierno, que en este caso no tiene intención de modificar el calendario de cierre previsto. La próxima central que cerrará será en 2027 y la última debería hacerlo en 2035. El PP pide "la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares también la posibilidad de su repotenciación cuando las condiciones lo hagan posible".

Rebajas en la luz si se ahorra energía y menos impuestos al combustible, claves del plan de Feijóo para "rescatar" a familias y empresas

Como particularidad, además de crear una Airef energética, el PP quiere introducir un sistema de incentivos para premiar el ahorro de energía, un "sistema de bonificaciones" en dos "bandas" que financiarían los Presupuestos Generales del Estado: si el ahorro es entre un 3 y un 6,99%, se bonificaría un 5% el consumo de electricidad y un 10% el de gas. Si se ahorra entre el 7% y el 14,99%, se bonifica un 10% la electricidad y un 20% el gas. 

Pero, a grandes rasgos, en las 46 páginas del documento que el PP ha hecho llegar al Gobierno hay medidas ya conocidas, bien porque ya se estén aplicado, porque el Gobierno las esté estudiando o porque las plantea la Comisión Europea. Tres días después del Consejo extraordinario de Energía en el que los Veintisiete rompieron el tabú de pedir a la Comisión una propuesta formal para gravar los beneficios 'caídos del cielo' de las eléctricas, el PP abandona su oposición frontal a esta medida para exigir al Gobierno que se pliegue a lo que eventualmente proponga Bruselas. 

"Proponemos la retirada de la proposición de ley de los socios de Gobierno hasta que no se haya fijado una posición común que permita una decisión definitiva", exigió el PP un día antes de que el Congreso admitiera a trámite la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para crear estos dos nuevos tributos. 

En materia fiscal, el PP propone reducir el IVA del pellet, "un nuevo biocombustible que no depende del gas ni de la electricidad" y que "se está utilizando de forma creciente en entorno rurales" y que todavía tributa al 21%, frente al 5% el gas y la electricidad. También unificar en uno solo los impuestos que figuran en la factura de la luz y que hacen tan difícil entenderla.

Medidas ya en marcha

El PP propone un plan de ahorro energético en la Administración Pública de carácter obligatorio y que, en su versión PSOE-Unidas Podemos, se aprobó antes del verano y que debería trasladarse también a oficinas y organismos que dependen de comunidades y ayuntamientos.

Otra medida del PP es "reducir el precio del transporte público", que con distinta fórmulas entró en vigor el 1 de septiembre para metro, cercanías y tren de media distancia. Los populares añaden que sea transporte público "en su conjunto", sin más detalles.

Otras medidas que el PP ve necesarias y que ya se incentivas mediante ayudas públicas es el cambio de calderas de gas y obras para una mayor eficiencia energética de los edificios.

Medidas que estudia el Gobierno

El PP pide una reforma de la tarifa regulada -de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que es la que tienen el 40% de los hogares y que, aunque en históricamente ha sido más ventajosa que el precio libre, en los últimos meses ha estado sometida a los mismos vaivenes y subidas constantes- que el mercado mayorista. Para evitarlo, propone una tarifa "vinculada a más largo plazo", que es precisamente la idea que tiene en mente el Gobierno, que fijó el mes de octubre para presentar una nueva tarifa PVPC, en respuesta a la condición que en mayo le puso la Comisión para autorizar la 'excepción ibérica'.

Otra de las medidas consiste en "una rebaja sustancial del precio de los derechos de emisión de CO2", que en los últimos meses se ha convertido en un elemento más con el que especular en los mercados energéticos y ha aumentado de 20 a 90 euros/tonelada, dañando particularmente a la industria. Esta idea es muy similar con el compromiso que hizo en julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció que presentaría una propuesta en este sentido a la Comisión Europea porque, tal y como apunta el PP, esto es algo que tiene que regularse a nivel de la UE. Más reciente es el anuncio que Sánchez hizo la semana pasada en el Senado de incluir a las industrias de cogeneración en la excepción ibérica, en línea con la idea que plasma el PP en su documento, de "eliminar el trato discriminatorio de la Cogeneración". En concreto, los populares piden una "regulación adecuada" del régimen retributivo de estas instalaciones para que se les compense su coste de explotación. Mientras, piden "incluir a la cogeneración en el mecanismo de compensación aprobado en el Real Decreto Ley 10/2022, con carácter opcional". Es decir, en la 'excepción ibérica' que regula esa ley.

El impulso a las renovables es un objetivo que buscan tanto el PP en su plan como el Gobierno, que apoya la propuesta de Bruselas de acelerar la consecución de los objetivos para que la UE sea neutra en carbono en 2050, adelantado a 2030 el objetivo del 45% de renovables frente al 40% planteado en un principio. También el desarrollo del hidrógeno renovable es un objetivo declarado del Gobierno y tiene hasta un plan estratégico para recibir fondos europeos (PERTE) específico. Las diferencias aquí se vieron hace unos meses en el Congreso, donde el PP presentó una proposición no de ley para hacer ya un plan de desarrollo que fue rechazado por el Gobierno y buena parte de la oposición por estar demasiado maduro.

En cuanto a las interconexiones, el PP insiste en que el MidCAt debería construirse, un plan por el que abogaba el Gobierno hasta que se rindió a la evidencia de que no saldría adelante por la firme oposición de Francia, el país cuyo territorio debería pasar el tubo. Como alternativa, el PP también se lanza a apuntar hacia un gasoducto submarino, aunque a diferencia del Gobierno, que tiene en el punto de mira un proyecto que uniría Barcelona con Italia por Livorno, los populares citan en su propuesta una interconexión bajo el mar entre el Golfo de Bizkaia y la costa francesa de Capbreton. Sería, dice, "una distancia de 400 km y que permitiría elevar la capacidad de interconexión de 2.800 MW a 5.000 MW" y que "se retrasa dos años hasta 2027 según ha informado Red Eléctrica Española".

También es un propósito buscado por el Gobierno, comunidades y el sector algo que plantea el PP, el desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas o las ayudas para que los hogares cambien sus calderas de gas por bombas de calor frío, así como para hacer los edificios más eficientes, medidas todas que también incluye el PP en su documento.

Por último, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo le pone nombre a la campaña de concienciación que, en su opinión, debería lanzar el Gobierno con recomendaciones a los ciudadanos para ahorrar energía, algo que también ultima el Ministerio de Transición Ecológica como parte del contingencia que espera aprobar a finales de mes. "Poniendo de mi parte" es el título que le da el PP a un catálogo que debería incluir medidas ya mentadas por el Gobierno, como la conveniencia de ir andado o en bicicleta y prescindir del coche, "moderar la velocidad en las autopistas", fomentar el uso del transporte público o "un uso racional del aire acondicionado y la calefacción", aunque aquí, tras la polémica veraniega con los 27 grados del aire acondicionado, el PP opta por no dar cifras.

Medidas que propone Bruselas

El plan del PP bebe en buena medida de las propuestas que la semana pasada planteó la Comisión Europea para hacer una "intervención de emergencia" el mercado europeo de la electricidad y a las que el viernes pasado dieron el visto bueno los gobiernos de la UE. A la espera de que apruebe una propuesta concreta este miércoles, el PP ya no rechaza de plano un impuesto sobre los beneficios 'caídos del cielo' de las eléctricas, pero advierte de que el Gobierno deberá asegurar que "los ingresos extraordinarios tenga que ser compartidos con los consumidores para bajar los pecios" y pueda haber exenciones cuando se reinviertan en mejoras energéticas. Y "para evitar que España pueda sufrir las consecuencias de un mal diseño", pide sin éxito al Gobierno que detenga el trámite parlamentario para crear este nuevo impuesto.

No es la única medida que ha viajado desde Bruselas a la propuesta del PP, que abre su catálogo apostando por poner un "tope al precio de las tecnologías inframarginales, más baratas y particularmente las renovables que han visto cómo la equiparación de su precio al cada vez más elevado del gas ha aumentado los beneficios de las eléctricas que operan con ellas. Esta es la base del impuesto que ahora ultima Bruselas.

También figuraba en el catálogo de propuestas que la Comisión planteó a los gobiernos de la UE y que estos dieron el visto bueno un mecanismo para asegurar la liquidez de las empresas que operan en el mercado de la energía, como también plantea ahora el PP. Plantea para ellos crear un Fondo de Liquidez de Emergencia temporal respaldado por el ICO, avales bancarios y posibilitar el uso de los derechos de emisión de CO2 como garantía o colateral.

De la misma manera, los populares se muestran a favor porque se cree en la UE una plataforma de compra conjunta de gas. Con esta fuerza conjunta, debería fijarse un precio máximo del gas que la UE compra a Rusia pero también a otros importadores, tal y como los Veintisiete reclamaron el viernes a Bruselas.