"Acabamos de pactar con el PSOE meter una buena parte de nuestro programa de fiscalidad en el BOE", presumía el jueves pasado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Lo hacía después de que, la semana pasada, se presentaran las líneas maestras de la reforma fiscal pactada por los dos socios de Gobierno para acompañar a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, un paquete de medidas en el que los morados dejaron su sello con el tributo a las grandes fortunas o la subida impositiva a las rentas más altas procedentes del capital.
Apenas unos días después, no obstante, la situación es muy diferente y Unidas Podemos no tiene tanto que celebrar. Este martes se presentó el proyecto de Presupuestos de 2023 y, en ellos, la formación no ha conseguido incluir medidas que consideraban claves, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a seis meses. Tampoco ha logrado desbloquear leyes varadas como la de vivienda o la de seguridad ciudadana -conocida como ley mordaza-, como pretendía. Y no ha conseguido evitar un cuantioso incremento en el gasto en Defensa para cumplir con el compromiso firmado por el presidente Pedro Sánchez con la OTAN.
De las grandes reivindicaciones de Unidas Podemos, tan solo ha habido avances de calado en lo relativo a dos asuntos: la reversión del recorte en la prestación por desempleo que aprobó el Gobierno del PP en 2012 y la ley de familias, cuya tramitación se ha pactado iniciar y que incluirá -entre otros asuntos- la ampliación de la ayuda de 100 euros por hijo a cargo de entre 0 y 3 años a madres desempleadas. Lo que los morados no han conseguido incluir en ese texto es una ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, pese a que era una de las medidas clave que planteaban.
Por el camino, además, a Unidas Podemos se le han quedado otras de sus principales reclamaciones, y quizá la más importante de todas sea la ley de vivienda, que lleva más de medio año empantanada en el Congreso por la negativa de ERC, EH Bildu y Unidas Podemos a aprobarla sin profundizar en las medidas de protección a los inquilinos. La formación morada busca una regulación de los precios del alquiler que obligue a limitar precios también a los pequeños propietarios, así como una mayor restricción de la posibilidad de ejecutar desahucios o una disposición para obligar a la Sareb a poner la mayor parte de sus inmuebles en el mercado de alquiler social.
El PSOE se ha negado a ceder en ninguna de estas cuestiones porque considera que eso supondría reabrir una negociación con Unidas Podemos que costó un año cerrar en el seno del Ejecutivo, y este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue muy clara al ser preguntada por este asunto. "No parece lógico", señaló, "que si [la negociación de] los Presupuestos de 2022 tuvo como broche la ley de vivienda y el Gobierno progresista cumplió en registrar el texto en el Congreso", en las cuentas para 2023 se negocien cambios sobre ese mismo proyecto.
Sin novedades con la ley mordaza
La misma falta de avances se ha registrado en torno a la derogación de la ley mordaza y la aprobación de una nueva ley de seguridad ciudadana, un trámite que lleva meses bloqueado en el Congreso a la espera de que los grupos acuerden el texto final. En este caso, quienes exigen los cambios son fundamentalmente ERC o EH Bildu y no tanto un Unidas Podemos, que ya pactó con el PSOE un amplio paquete de enmiendas conjuntas hace casi un año. Pero los morados no han conseguido un compromiso de los socialistas para desatascar la tramitación de la norma.
Los grupos minoritarios pretenden ser más ambiciosos en algunos de los asuntos más polémicos de la norma, que la reforma no modifica o tan solo retoca. Es el caso, por ejemplo, del uso de material antidisturbios en las manifestaciones, ya que PSOE y Unidas Podemos pactaron que la ley únicamente obligue a las fuerzas de seguridad a "utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables", de forma genérica.
Ante esa redacción, que abre la puerta a una interpretación amplia de la norma, ERC ha planteado una enmienda para vetar expresamente "el uso de pelotas de goma o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona" cuando la policía cargue para disolver reuniones o manifestaciones.
Es más: los republicanos quieren que la utilización de ese material quede tipificado como infracción muy grave en la nueva ley de seguridad ciudadana, lo que implicaría que estuviera sancionada con una multa de 30.001 a 600.000 euros. Pero, por ahora, no se ponen de acuerdo con el PSOE.
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