Fue uno de los pocos anuncios llamativos de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Estaba ya casi todo vendido, pero el Gobierno se guardaba un as en la manga: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que la gratuidad de Cercanías y Media Distancia se iba a prolongar durante todo 2023, dejando en el aire que el Ejecutivo fuera a hacer lo propio con las ayudas económicas dadas a las autonomías para que éstas bonificaran los transportes que no son de competencia estatal, como autobuses urbanos e interurbanos y metro, y trasladándole así la presión.

"El próximo año mantendremos la bonificación y gratuidad de Cercanías, Rodalíes y trenes de Media Distancia", lanzó la también vicesecretaria general del PSOE. La justificación de Moncloa es que pretenden que esta medida sea "estructural" y ampliarla sine díe -algo que no se decidirá ahora- por los beneficios que conlleva: no solo alivia el bolsillo a las familias en un complejo momento económico por la guerra de Ucrania, sino también por lo que supone para la transición ecológica. Sus cifras, además, son muy buenas: los viajes en trenes de Media Distancia crecieron un 40% en septiembre y Cercanías, un 24%. Además, se han solicitado ya 1,5 millones de bonos gratuitos y el objetivo es alcanzar los 2 millones en lo que resta de año.

La duda, pues, planeaba sobre el futuro del descuento que el propio Gobierno y las autonomías dan para rebajar el precio del transporte público urbano e interurbano. En la actualidad, el Ejecutivo aporta 220 millones de euros para bonificar en un 30% el precio del transporte urbano e interurbano. Las comunidades pueden aumentar hasta el 50% el descuento en esos transportes, algo que el Gobierno pretende que realicen en 2023 con fondos propios, ya que el Ejecutivo ya va a realizar una importante inversión de 700 millones para Renfe.

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Eso sí, todavía es posible que antes del 31 de diciembre de 2022, fecha en la que finaliza la vigencia del segundo plan de ayudas en el que se incluyeron estas medidas, el Gobierno decida prorrogarla esa ayuda que supera los 200 millones. "Habrá algunas [medidas] que sí y otras que no", señalan fuentes de Hacienda, que añaden que estarían "encantados" de que las autonomías comenzasen a hacerse cargo con sus propios fondos de la gratuidad o el descuento del transporte público.

Una medida "electoralista" para el PP

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, cargó contra esta medida por ser "injusta" con los miles de españoles que no cuentan con transporte ferroviario. "Hay muchos kilómetros cuadrados, en muchos lugares de España, que no tienen Cercanías ni media distancia", recordó el líder de la oposición, para quien la medida que lleva un mes en marcha y el Gobierno prevé prorrogar hasta 2024, es "desequilibrada desde el punto de vista territorial".

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La propuesta del PP pasa, precisamente, por ayudar quienes no se están pudiendo beneficiar de las subvenciones del bono de Renfe. "Lo lógico es ofrecerles un bono similar para el transporte público por carretera para que tenga un tratamiento semejante al transporte de ferrocarril", dicen.

Además, fuentes del PP apuntaron que la prolongación de la gratuidad del transporte en Cercanías y media distancia solo tiene fines electoralistas. "No quieren quitar la ayuda antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo ni de las generales", que previsiblemente se celebrarán a final de año. 

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Asimismo, criticaron que la ministra Montero ligara esta medida al fomento de la transición ecológica. "¿Cómo va a servir para la transición ecológica si es solo para los privilegiados que tienen este transporte?", denuncian estas fuentes.