El Gobierno ya sabe lo que costará a las arcas públicas revalorizar las pensiones con el IPC: 19.547 millones de euros. Esta es la factura de la subida de las prestaciones que aparece en el capítulo de gastos de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 aprobados este martes en Consejo de Ministros. Hacienda estima que el dato de inflación para calcular las subidas será del 8,5%, una cifra que, sumada al aumento en las jubilaciones previsto para este año, elevará el gasto en pensiones un 11,4% en comparación con lo presupuestado en 2022. 

Así, los cálculos del Gobierno apuntan a que la nómina total del sistema público de pensiones alcanzará los 190.687 millones de euros el año próximo. Una cifra que supone el 39% de todo el gasto previsto para el año que viene y que representa el 70% de los fondos destinados a gasto social, justo en un momento de máxima incertidumbre económica. 

Las pensiones se llevarán también un buen bocado del gasto extra que recogen las cuentas públicas. De los 34.517 millones que el Estado gastará de más en comparación con el ejercicio pasado, más de la mitad (57%) se irán en pagar las pensiones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado a los pensionistas lo que distintos miembros del Gobierno ya daban por seguro desde hace meses, que se cumplirá el Pacto de Toledo, que establece que las pensiones suban acorde al IPC, que se ha disparado este año.

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"La dignidad de un país se mide por cómo trata a sus mayores (...) y este Gobierno cumplirá la ley y revalorizará las pensiones con el IPC", ha subrayado Montero, que ha explicado que el incremento de la partida de pensiones será compatible con la aportación, por primera vez en 13 años, de una dotación al fondo de reserva de las pensiones por importe de 2.957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este mecanismo es una de las herramientas puestas en marcha con la reforma de las pensiones aprobada hace unos meses y se trata del instrumento con el que el Gobierno pretende garantizar que las pensiones sean sostenibles cuando se jubile la generación del baby boom, mucho más numerosa que la siguiente, la que tendrá que pagar sus prestaciones. Este instrumento, entre otras medidas, recoge un aumento temporal de 0,6 puntos porcentuales en las cotizaciones sociales para dotar de fondos a la Seguridad Social: en concreto, entre 2023 y 2032, las empresas pagarán medio punto más por sus trabajadores y los empleados verán subir sus cotizaciones una décima de punto.

Montero ha destacado que se trata de la primera vez en 13 años que se hace una aportación a la conocida como hucha de las pensiones y ha insistido en que el mecanismo de equidad amplía la sostenibilidad del sistema y da tranquilidad a los mayores. La ministra se ha mostrado confiada en que los aumentos del SMI y la mayor calidad de los empleos creados tras la reforma laboral permitan apuntalar los ingresos por cotizaciones sociales y garantizar que la hucha se llena en los próximos años.

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En la misma línea que Montero se expresó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que afirmó que "nuestros mayores tienen derecho a vivir con tranquilidad en un contexto convulso como el actual". "Es justo y se lo debemos como sociedad", insistió Díaz, que afirmó que, "por ello, todas las pensiones, sean contributivas o no, se incrementarán para que mantengan su poder adquisitivo frente al alza inflacionista".

A la espera del veredicto de Bruselas

La reforma del sistema de pensiones -incluida su revalorización vinculada al IPC- forma parte de los compromisos adoptados por España con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos de recuperación. Pero hasta el momento, solo se ha ejecutado la parte más sencilla. Todavía quedan por resolverse cuestiones peliagudas como el aumento en el periodo de cálculo o el destope de la base máxima de cotización. 

Además, la Comisión Europea aún está pendiente de evaluar la reforma en su conjunto, algo que no hará hasta el año que viene cuando el Gobierno solicite el cuarto desembolso de las ayudas. Entonces, Bruselas emitirá un veredicto que está condicionado a que las reformas acometidas por España garantizan que el sistema es sostenible a largo plazo. Por ahora, la medida estrella para garantizar la sostenibilidad es el mecanismo de equidad intergeneracional, una medida que el Banco de España considera insuficiente.