Unidas Podemos se mueve para presionar al PSOE e intentar desbloquear la negociación de la ley de vivienda, paralizada desde hace meses por la discrepancia entre ambos partidos en torno a la regulación de los alquileres. Los morados, junto a otros partidos aliados del Gobierno como ERC o EH Bildu, han llegado a un acuerdo con el Sindicato de Inquilinos, la PAH y otros colectivos -entre los que se encuentran también CCOO y UGT- para registrar en el Congreso una proposición de ley redactada por el movimiento activista. Y ese texto, que se presentará la semana que viene, recoge el establecimiento de un mecanismo de limitación de precios de los arrendamientos.
Este jueves, representantes del Sindicato de Inquilinos se reunieron con Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, CUP, Más País, Compromís, BNG y Nueva Canarias para presentarles su propuesta legal y recabar su apoyo. Fuentes parlamentarias confirman que la proposición de ley se registrará en el Congreso la semana que viene, aunque lo cierto es que este paso tendrá más efectos políticos que reales, dado que a ninguno de los partidos que firmará la propuesta tiene turno para defenderla ante el Pleno en las próximas semanas.
En cualquier caso, la presentación de una proposición de ley para la limitación del precio del alquiler sin contar con el PSOE supone un importante elemento de fricción en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Las conversaciones en marcha entre los socialistas y Unidas Podemos para elaborar un borrador de cuentas están en marcha, pero hay discrepancias como el referente a la ley de vivienda. Y, con este movimiento, los morados reafirman su rechazo a cualquier texto que no incluya limitar los precios del alquiler.
No es la primera vez que Unidas Podemos y varios de los principales aliados parlamentarios del Gobierno se posicionan públicamente con el Sindicato de Inquilinos y en contra de la intención del PSOE de poner en marcha una ley de vivienda sin este mecanismo de bajada de precios por ley. Pero hasta ahora nunca habían llegado a dar un paso como este, aunque fuentes moradas afirman que se sigue negociando con los socialistas en el seno del Gobierno e insisten en que esas conversaciones son las prioritarias.
ERC y EH Bildu, por su parte, ya avisaron hace unos días de que la regulación de los alquileres es prioritaria para ellos, y con este movimiento dejan clara su posición aprovechando la fortaleza que les da ser aliados imprescindibles del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos. Y lo mismo ocurre con JxCat, que aunque está mucho más lejos de apoyar las cuentas, busca que la futura ley de vivienda incluya un marco legal que despeje las dudas jurídicas que han provocado que el Ejecutivo recurra ante el Tribunal Constitucional la norma catalana de limitación del precio de los alquileres por una supuesta invasión de competencias estatales.
Límites de precios en zonas tensionadas
La proposición de ley que registrarán la semana que viene Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y el resto de los grupos aliados con el Sindicato de Inquilinos establece un mecanismo de limitación de precios muy similar al que han defendido los morados en las negociaciones mantenidas con el PSOE para la ley de vivienda.
Según el texto, al que ha accedido 20minutos, los ayuntamientos podrían determinar en sus términos municipales "zonas de mercado tensionado" siempre que "la carga media del coste del alquiler de la zona supere el 30%" del ingreso medio del ayuntamiento, y también cuando los precios hubieran registrado un incremento sostenido sensiblemente superior al de la media de la comunidad autónoma.
Esas áreas de mercado tensionado, además, estarían circunscritas a zonas en las que exista "una sensible demanda de vivienda en alquiler no satisfecha" o esté en marcha "un proceso de gentrificación por la expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante" de los precios, entre otros indicadores. La declaración de zona tensionada tendría una duración máxima de cinco años, prorrogable anualmente. Y, en esas áreas, el precio del alquiler no podría ser superior al establecido en el índice oficial de referencia del Ministerio de Transportes o al precio por el que se estuviera arrendando en el contrato anterior, siempre que fuera más bajo que el de este índice de referencia.
Esta limitación del precio tendría algunas excepciones. Por ejemplo, se podría superar el precio del contrato anterior y alcanzar el reflejado en el índice de referencia si el anterior inquilino tenía una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con el propietario.
Y también podría incrementarse el precio un máximo de un 10% para tener "en cuenta las obras realizadas por parte del arrendador para la mejora de la vivienda", aunque en esas obras no estarían incluidas "las que resulten necesarias para el mantenimiento y la conservación de la vivienda o del edificio en el que se encuentre integrada".
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