El Gobierno se lanza a buscar apoyos a las cuentas pero sus socios exigen que antes cumpla los pactos del año pasado

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
EFE
Bolaños inicia este martes con el PP su ronda de contactos en busca de consensos.
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Los socios de Gobierno llevan semanas intercambiando documentos y borradores para los Presupuestos Generales del Estado de 2022, pero la primera toma de contacto con sus aliados parlamentarios se producirá este martes. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, abrirá una ronda de contactos con todos los grupos del Congreso, unas reuniones que tendrán mucho de simbólico pero que servirán para iniciar oficialmente las conversaciones de cara a la aprobación de las cuentas. Y los principales aliados del Gobierno, ERC, PNV y EH Bildu, ya han puesto su primera condición para que los Presupuestos salgan adelante: que el Ejecutivo cumpla con algunos de los compromisos que suscribió el año pasado pero que no se han puesto aún en marcha.

Bolaños comenzará esta ronda de reuniones este martes con la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, lo que prueba que el carácter de estos encuentros es fundamentalmente institucional y no está destinado a iniciar unas negociaciones concretas que, entre otras cosas, no pueden producirse hasta que PSOE y Unidas Podemos hayan cerrado su propio borrador de Presupuestos. Ese texto será la base de las conversaciones reales que mantendrá el Gobierno con sus socios parlamentarios, pero aún no está ni siquiera cerca de cerrarse, ya que los socios mantienen importantes diferencias en lo relativo, por ejemplo, a la reforma fiscal o la ley de vivienda. 

No obstante, nadie duda de que PSOE y Unidas Podemos terminarán llegando a un acuerdo. Y, habiéndose Cs prácticamente autodescartado de las negociaciones por su incompatibilidad con el apoyo de los partidos nacionalistas, el Ejecutivo depende de ERC, PNV y EH Bildu para aprobar los Presupuestos, lo que concede a estos tres partidos un importante poder de negociación. De ahí que las tres formaciones hayan mostrado públicamente en los últimos días su disposición a negociar, pero también hayan avisado de que su apoyo tendrá un precio.

Así lo planteó este lunes la portavoz orgánica de ERC, Marta Vilalta, que sostuvo que su partido será "exigente" en la negociación y también a la hora de valorar "el nivel de cumplimiento" de los anteriores acuerdos. "Nosotros no somos los del no a todo ni los del 'cuanto peor, mejor', queremos conocer los Presupuestos", sostuvo Vilalta, que sin embargo aseguró que uno de los factores que pesará a la hora de negociar será "el nivel de cumplimiento" del acuerdo que alcanzó ERC con el Gobierno para las cuentas de 2021.

Tras celebrarse la semana pasada la primera reunión después de la pandemia de la mesa de diálogo sobre Cataluña, las relaciones entre los republicanos y el Gobierno pasan por un momento dulce. Pero eso no oculta que el Ejecutivo ha incumplido varios puntos del acuerdo que firmó el año pasado con ERC para conseguir su apoyo a los Presupuestos, por ejemplo la entrada de la Generalitat en la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, un organismo clave en la economía catalana.

El Ejecutivo tampoco ha sido fiel a lo firmado con ERC en otro punto clave para la Generalitat: la cesión de las competencias del ingreso mínimo vital a Cataluña. El acuerdo preveía que la comunidad fuera la primera en gestionar la prestación en sustitución del Estado, tras Navarra y el País Vasco. Pero ninguno de los tres territorios ha recibido aún la cesión de las competencias, lo que ha ocasionado varios choques con el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá.

Las promesas a PNV y EH Bildu

Precisamente este retraso, en el caso de Euskadi -el Gobierno se comprometió a que tuviera las competencias sobre el ingreso mínimo el pasado 30 de octubre-, ha llevado al PNV a poner como condición para apoyar los Presupuestos que el traspaso se haga efectivo de una vez por todas. Por ahora, las ofertas del Ejecutivo para esta cesión no otorgan al Gobierno Vasco la gestión completa de la prestación, lo que para los nacionalistas es inaceptable. Y el pasado julio, la consejera vasca de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, dejó caer que "si no se aclaran estas cosas antes del Presupuesto, puede que el Gobierno tenga problemas".

A principios de septiembre, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, fue aún más directo: para entrar a fondo en la negociación de las cuentas, dijo, es necesario "poner el contador a cero", lo que significa que el Ejecutivo debe dar a Euskadi lo que le "debe". Entre esas deudas, los nacionalistas vascos incluyen medidas no pactadas específicamente para los Presupuestos del año pasado, pero sí acordadas con el Gobierno en otras negociaciones, como son la licitación de las obras de soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada a Bilbao y Vitoria o el impulso a las transferencias competenciales, incluida la del ingreso mínimo.

En la misma línea se ha pronunciado EH Bildu, que el año pasado apoyó los Presupuestos y que hace un par de semanas se abrió a prestar igualmente sus votos para los de 2022. No obstante, la portavoz de los abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, afirmó que su intención es seguir "presionando y condicionando" al Gobierno para que "cumpla" sus "promesas". Y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dejó caer que la actitud "constructiva" de su grupo no puede tomarse como un "cheque en blanco" al Ejecutivo.

El partido no ha puesto líneas rojas para apoyar las cuentas del año que viene, pero Otegi exigió que el Gobierno "cumpla su programa electoral" y ponga en marcha medidas como la reforma de la conocida como ley mordaza, la regulación de los alquileres o la derogación de la reforma laboral. Y, con respecto a este último asunto, el PSOE -aunque no el Ejecutivo- sí se comprometió en mayo del año pasado con EH Bildu a derogar de manera "íntegra" esa norma, un pacto del que los socialistas se desdijeron apenas 24 horas después de firmarlo pero que los abertzale seguían considerando válido. Lo previsto es que el Gobierno derogue únicamente algunos puntos de esa reforma laboral antes de fin de año.

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