Regular el alquiler, una ayuda por hijo o más impuestos a empresas: lo que Yolanda Díaz pide a Sánchez para los PGE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
EUROPA PRESS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Gobierno ya ha comenzado la negociación para la que será su principal prioridad en el inicio de este nuevo curso político: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Aunque PSOE y Unidas Podemos aún no han empezado a reunirse, los morados ya ha tomado posiciones para una negociación que se prevé dura y exigirán un tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas, el establecimiento de una ayuda por hijo a cargo, medidas para rebajar el precio de la luz o la puesta en marcha de una vez por todas de la ley de vivienda.

Para las dos formaciones que componen el Gobierno, la de Presupuestos Generales del Estado es una negociación clave porque definirá la hoja de ruta del Ejecutivo durante el próximo año. El texto que salga de las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos será el borrador con el que el Gobierno tendrá que convencer a sus aliados nacionalistas y progresistas para sacar las cuentas adelante, pero también servirá como termómetro de la capacidad de influencia de los morados dentro del Ejecutivo, ya que serán las primeras cuentas que negocien sin Pablo Iglesias como su líder.

Los morados no han querido perder tiempo y, el pasado lunes, su portavoz orgánica, Isa Serra, planteó la necesidad de que los Presupuestos del año que viene sean la base para una "transición social y ecológica justa". Parece claro que el Gobierno diseñará unas cuentas expansivas, habida cuenta de que ha decidido mantener abierto el grifo de la inversión pública aprobando un límite de gasto récord para 2022. Unidas Podemos aspira a que ese dinero sirva para poner en marcha algunas de sus propuestas más señeras. Fuentes de la formación también señalan que en la negociación se abordarán cuestiones que no son estrictamente presupuestarias pero que consideran capitales en la acción política del Gobierno.

Nadie cede en relación a los alquileres

Es el caso, por ejemplo, de la ley de vivienda y, especialmente, de la regulación de los alquileres que deberá estar incluida en la misma, según lo pactado el año pasado por PSOE y Unidas Podemos. Ambos partidos acordaron en octubre de 2020 comenzar a tramitar esta norma, como tarde, en febrero de este año precisamente para cerrar la negociación de los Presupuestos de 2021. Pero las discrepancias entre socialistas y morados en lo relativo a los arrendamientos la han retrasado: Unidas Podemos insiste en que lo pactado es limitar y rebajar los precios por ley, mientras el PSOE propone la congelación de precios en zonas tensionadas, aunque permitiendo a los propietarios incrementar el precio hasta un 10% cuando firmen un contrato con un nuevo inquilino.

La formación que lidera dentro del Gobierno la vicepresidenta Yolanda Díaz se resiste a definir como "línea roja" para apoyar los Presupuestos la puesta en marcha de la limitación de precios del alquiler. Pero los morados aseguran que ese tope a los arrendamientos por ley no tiene que negociarse con el PSOE porque ya se firmó el año pasado, y afirman que lo que tienen que hacer los socialistas es cumplir ese pacto. El presidente Sánchez, no obstante, considera que su propuesta cumple estrictamente con lo acordado con Unidas Podemos en lo relativo a los alquileres. El pacto entre ambas formaciones planteaba la necesidad de establecer "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".

El precio de la luz

El segundo caballo de batalla de Unidas Podemos de cara a la negociación de Presupuestos es el asunto que más quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno en las últimas semanas: cómo bajar los precios de la electricidad. Tanto Sánchez como varios de sus ministros han anunciado que el Ejecutivo está diseñando medidas para poner coto a unos precios disparados, pero por ahora no han trascendido detalles sobre las medidas por las que apuesta el Ministerio de Transición Ecológica. Ese departamento, responsable de la política energética, está diseñando en solitario las medidas que pondrá en marcha el Gobierno, lo cual ha soliviantado a Unidas Podemos, que entiende que los ministerios de Consumo y Derechos Sociales también tendrían que tener voz y voto en esta cuestión.

El lunes, el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, insistió en la que lleva semanas siendo la línea discursiva de su partido y aseguró que "proteger el interés público implica poner límites al oligopolio eléctrico". Para los morados, sería primordial crear una empresa pública de energía, pero en los últimos días han presionado a sus socios del PSOE con otra medida de carácter más inmediato y que, entienden, sí podría negociarse junto a los Presupuestos porque entraría dentro del pacto de coalición, a diferencia de la puesta en marcha de una eléctrica pública: limitar el precio de las energías hidroeléctrica y nuclear.

Una de las causas fundamentales del aumento del precio de la electricidad es que el actual sistema establece que toda la energía generada se cobra al precio de la más cara de producir. Normalmente, esta electricidad más onerosa es la producida en centrales de gas, y en los últimos meses el precio de esta materia prima se ha disparado, provocando un efecto dominó: al subir el precio del gas, sube el coste de generar electricidad a partir del mismo, y eso ocasiona que el precio de todo el mix crezca aunque a las eléctricas les siga costando lo mismo generar luz a partir de tecnologías como la hidroeléctrica o la fotovoltaica.

Lo que conseguiría establecer un precio fijo para la energía nuclear -como ya se hace en Francia- y determinar desde el Gobierno un precio máximo para la energía hidroeléctrica es mitigar precisamente el efecto perjudicial de este sistema, sostiene Unidas Podemos. ¿Por qué? Porque, aunque seguiría vinculado al precio de la energía más cara, el precio de la luz generada a través de tecnologías más baratas solo podría subir hasta un límite, inferior al que tendría si se le atribuyese sin ninguna limitación el precio de la electricidad generada en centrales de gas, como hasta ahora.

La parte socialista del Gobierno, no obstante, ha rechazado esta propuesta de intervención en el mercado eléctrico argumentando que no es viable legalmente porque el diseño del mercado eléctrico funciona a nivel de la UE. Así lo planteó hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que afirmó que esas medidas serían "contrarias al marco comunitario" -un extremo que Unidas Podemos rechaza- y que adoptarlas implicaría un riesgo de sanciones europeas.

Un tipo mínimo para sociedades

Asimismo, Unidas Podemos quiere que en estos presupuestos comience a aplicarse la reforma fiscal pactada con el PSOE en el acuerdo de coalición, que ha quedado en suspenso por el estallido de la pandemia pero que el Gobierno se ha comprometido a recuperar, aunque sin poner plazos. Los morados plantean que se ponga en marcha una de las medidas más señeras de ese acuerdo: fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas.

Actualmente, el tipo nominal de ese impuesto sobre los beneficios empresariales se sitúa en el 25%, pero los grandes grupos han llegado en algunas ocasiones a no pagar ni un euro de forma perfectamente legal gracias a exenciones, deducciones y técnicas de ingeniería fiscal. Habida cuenta de esta situación, 130 países pactaron a principios de julio en el seno de la OCDE establecer precisamente un tipo efectivo mínimo del 15% para grandes empresas. Y Unidas Podemos exige aprovechar este impulso internacional para poner ya en marcha la medida en España.

Ayudas para padres y un permiso más largo

El cuarto asunto que los morados van a llevar a la mesa de negociación de los Presupuestos es la ley de diversidad familiar que lleva meses preparando el Ministerio de Derechos Sociales. La ministra Ione Belarra anunció que el texto estaría listo para iniciar su tramitación a principios de 2022. Y, en él, Unidas Podemos quiere introducir dos medidas no contempladas en el acuerdo de coalición pero de las que ha hecho bandera en los últimos meses: el establecimiento de una ayuda "universal" por hijo y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta seis meses -actualmente son de cuatro-.

"La ley de diversidad familiar tiene que permitir que los jóvenes puedan tener mejores condiciones de vida, más dignas y que permitan tener hijos a quienes así lo quieran", sostuvo el lunes Serra, que aseguró que ampliar los permisos y establecer una prestación por hijo a cargo es "necesario para la crianza y para que las familias puedan criar en condiciones".

Mostrar comentarios

Códigos Descuento