El Gobierno mantiene abierto el grifo de la inversión pública para 2022, el año que debe ser el que afiance la recuperación económica tras la crisis ocasionada por la Covid-19. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto para el año que viene de 196.142 millones de euros, ligeramente superior al de 2021 -que ya fue el más cuantioso de la historia- y que supone una cifra muy récord que permitirá al Ejecutivo elaborar unos Presupuestos de carácter "expansivo", como los definió el lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Esta semana, las alas socialista y morada del Gobierno comenzarán a negociar las cuentas.

El techo de gasto es el primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y asienta los cimientos para su diseño, ya que establece el marco financiero en el que se mueven las cuentas y marca los límites que no pueden sobrepasar. El tope de gasto establecido por el Gobierno para el año que viene incluye 25.622 millones de euros procedentes de los fondos europeos pactados para la recuperación económica, así como 18.396 millones en transferencias a la Seguridad Social con los que el Estado comienza a asumir parte de los gastos impropios que hasta ahora eran sufragados por el instituto.

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El año pasado, el Gobierno aprobó un techo de gasto récord de 196.097 millones de euros, lo que supuso un incremento de nada menos que el 53% con respecto a 2018, y este año la cifra es prácticamente la misma aunque no existe una necesidad tan acuciante de acometer inversiones extraordinarias para hacer frente a la pandemia. Por ello, en 2022 el Ejecutivo tendrá más margen para destinar fondos a otros usos, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha decidido mantener la suspensión de las reglas fiscales que ya se aprobó para 2020 y 2021 para que las administraciones puedan gastar sin estar constreñidas por cumplir el objetivo de déficit.

El Gobierno ha tomado esta decisión en línea con la recomendación de la UE, que hace unas semanas aconsejó formalmente a los Estados mantener suspendidas las limitaciones fiscales también para el año 2022 y retomarlas, como pronto, en 2023, una vez la situación económica se haya estabilizado. La suspensión de la regla de gasto en España para el año que viene implica que el Gobierno no aprobará nuevos objetivos de estabilidad que acompañen al techo de gasto, sino una "tasa de referencia" que únicamente servirá de guía y que no establecerá límites férreos al déficit en el que incurran las administraciones.

Habida cuenta de que no se va a aprobar una senda de estabilidad como tal, sino tan solo esa tasa de referencia, Montero explicó que el Gobierno no necesitará ir al Congreso a convalidar sus previsiones, ya que eso solo es necesario cuando existe un techo de gasto de obligado cumplimiento. Lo que sí necesitará el Ejecutivo es que el Congreso apruebe -como ya hizo el año pasado- una moción por la cual declare formalmente que la situación sigue siendo de emergencia sanitaria, uno de los motivos por los que la ley habilita al Gobierno a suspender la regla de gasto para 2022.

Un crecimiento del 7% el año que viene

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En cualquier caso, el Gobierno prevé que el crecimiento de la economía española el año que viene sea de un 7%, tal y como anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño. Y esa cifra, unida al 6,5% que el Ejecutivo estima que crecerá la economía española este año, permitirá reducir el déficit público hasta un 5% el año que viene, 3,4 puntos menos que el 8,4% con el que el Gobierno prevé que se cerrará este ejercicio. La estimación de crecimiento que hace Moncloa, no obstante, es más optimista que la que plantean organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronostican que España solo crecerá un 5,8% el año que viene.

En 2020, el déficit ascendió al 11%, por lo que el Gobierno calcula que se habrá reducido a más de la mitad en apenas dos años, tal y como se encargó de recalcar Montero durante su intervención. No obstante, la cifra está aún lejos del 3%, el umbral máximo que establece la UE para los Estados en su pacto de estabilidad, aunque ahora Bruselas ha dado vía libre a los socios para que inviertan lo que sea necesario para salir de la crisis.

Será el Estado central el que asuma un mayor desequilibrio en sus cuentas. El Gobierno calcula que la Administración central incurrirá en un déficit del 3,9%, y estima, además, que las comunidades tendrán un déficit del 0,6% y que la administración local alcanzará el equilibrio presupuestario, mientras la Seguridad Social ingresaría un 0,5% menos de lo que gastaría. "No es casual" que sea el Estado el que mayor déficit va a tener, ya que se ha hecho cargo de buena parte de los gastos extraordinarios de las comunidades ocasionados por la pandemia, argumentó Montero.