El Gobierno se dispone a encarar la negociación de los presupuestos para el año que viene, que ha prometido remitir al Congreso entre finales de septiembre y comienzos de octubre. La Cámara baja debatirá el techo de gasto la semana próxima, y la siguiente, a partir del 20 de septiembre, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se citará con los portavoces de todos los grupos para intentar reunir apoyos a las cuentas. En la práctica, sin embargo, el Ejecutivo tendrá que contar nuevamente con la mayoría de la investidura, conformada por grupos minoritarios de izquierdas, nacionalistas e independentistas, porque Cs, que el año pasado se abrió a negociar y dio alas a la teoría de la geometría variable, ya ha cerrado la puerta.

Bolaños, que de facto actúa como vicepresidente político tras la remodelación del verano, defendió este jueves en la Comisión Constitucional del Congreso que pedirá el apoyo a las cuentas "por responsabilidad". La vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, dijo por su parte en Valencia que las cuentas "serán claves para canalizar los fondos europeos" y "para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo de calidad". Es la misma línea que la expresada un día antes por el presidente Sánchez, que el miércoles pidió "compromiso" de todos los grupos para aprobar los PGE y sostuvo que "no se entendería" lo contrario.

Pero, pese a las buenas palabras, el Gobierno está, en la práctica, en manos de los mismos grupos de la investidura. Al previsible rechazo de PP y Vox se sumó este jueves el de Ciudadanos, cuyo portavoz parlamentario, Edmundo Bal, dijo que no van a negociar con el Gobierno los presupuestos de 2022, al contrario que el año pasado, por entender que éste ya ha elegido a sus socios independentistas para sacarlos adelante. "Sánchez ya eligió irse con ERC o Bildu porque quiere", lamentó.

Así las cosas, la coalición de Gobierno comenzará la negociación parlamentaria con los 155 votos a favor de socialistas y Unidas Podemos y los 149 noes de PP, Vox y Cs, lo que convertirá en determinantes los escaños de grupos minoritarios, nacionalistas e independentistas. Algunas de esas formaciones han pedido acelerar la agenda de reformas progresistas. Por ejemplo Bildu –que el año pasado votó a favor de las cuentas– reclamó este jueves a Bolaños "dar celeridad" a las medidas sociales para hacer frente a la "precariedad" y revertir los "recortes".

Unidas Podemos también se dispone a presionar en estas semanas con la intención de desatascar algunos de los asuntos que están bloqueados en la coalición por discrepancias internas. El portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, dijo este miércoles que lo lógico es concretar la regulación del precio de los alquileres y la mejora del Ingreso Mínimo Vital para abordar la negociación de las cuentas, ya que estas dos cuestiones se pactaron ya el año pasado.

"La ciudadanía no entendería que, habiendo anunciado PSOE y Unidas Podemos que íbamos a regular el alquiler y mejorar el IMV, esos acuerdos alcanzados no estuvieran negro sobre blanco antes de negociar estos presupuestos", dijo Echenique, quien también reiteró que UP apostará por una reforma fiscal con un tipo fijo del 15% para grandes empresas en el Impuesto de Sociedades y por más medidas para rebajar inmediatamente el precio de la electricidad.

Bloqueo del CGPJ

Por lo demás, el ministro Bolaños también aprovechó su comparecencia en el Congreso para reclamar "sentido de estado" para renovar "cuanto antes" los órganos constitucionales. El Tribunal de Cuentas lleva 48 días de retraso en su renovación; el Tribunal Constitucional, 672 días; el Consejo General del Poder Judicial, 1010 días; y el Defensor del Pueblo, 1512 días, enumeró Bolaños, quien achacó la situación a la "estrategia política irresponsable" del PP y acusó a quienes "bloquean" el funcionamiento de estas instituciones de "faltar a nuestra Constitución". "Es urgente renovarlos", subrayó.

"Les llamo al consenso. Les tiendo la mano para que cumplan la Constitución, la ley. No cumplir la ley es inaceptable y antidemocrático. Les pido consenso y sentido de Estado", agregó Bolaños, aunque lo previsible es que su reclamación caiga en saco roto: el líder del PP, Pablo Casado, dijo este jueves durante una visita en Berlín que "el insumiso constitucional es Sánchez" y que hay que dejar que "los jueces elijan 12 de los 20 vocales del CGPJ". "Que cumpla lo que dice la Constitución, que cumpla con lo que dice Europa", insistió Casado.

La Constitución establece que 8 de los vocales los eligen el Congreso y el Senado, mientras que los restantes 12 se eligen en los términos que establezca la ley del Poder Judicial, que desde 1985 deja en manos de las Cortes Generales la elección de todos los vocales a partir de una terna que se conforma con las aportaciones de las asociaciones judiciales. La Unión Europea, por su parte, recomienda que al menos la mitad de los integrantes del CGPJ deben elegirlos los propios jueces de forma directa y no el Parlamento.