La primera parte de la reforma de las pensiones echa a andar. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará el inicio de su tramitación después del pacto suscrito entre Gobierno, patronal y sindicatos la semana pasada con gran solemnidad, un acuerdo que garantizará, entre otras cosas, la revalorización anual por ley de las pensiones con el IPC. No obstante, el paquete de medidas llegará envuelto en la polémica no por su contenido, sino precisamente por lo que aún queda por negociar: la posible bajada de las pensiones a la generación del baby boom a la que abrió la puerta hace unos días el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que Unidas Podemos, sindicatos y patronal rechazan frontalmente.
El Ejecutivo pretendía que la presentación de esta primera reforma de las pensiones, a priori la menos controvertida, fuera el primer paso de una tramitación tranquila que terminará -según sus cálculos- antes de fin de año. No en vano, lo acordado respeta las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas por una amplísima mayoría del Congreso que también incluye al PP. Pero las declaraciones de Escrivá sobre una posible rebaja de las pensiones de los nacidos entre 1960 y 1975 -o, en su defecto, la necesidad de trabajar más tiempo para mantener su prestación- han abierto una brecha en el Gobierno que ha eclipsado el acuerdo, al menos en parte.
Malas noticias para un Ejecutivo que, con la reforma que comienza a tramitarse este martes, cumple una de sus principales promesas en relación a las pensiones: volver a vincularlas por ley al IPC y derogar el polémico factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, que en líneas generales reducía la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida, lo que hubiera supuesto una pérdida progresiva de poder adquisitivo de las prestaciones en las próximas décadas.
Este mecanismo será sustituido por otro que el Gobierno ha llamado "de solidaridad intergeneracional", que negociará hasta noviembre con patronal y sindicatos y que es precisamente el que podría provocar una caída en las pensiones de los baby boomers. No obstante, este lunes Escrivá aseguró que los nacidos entre 1960 y 1975 "no" tendrán que trabajar más o cobrar menos, y aprovechó para insistir en que "la edad legal" de jubilación a los 67 años "ni está en discusión ni hace falta tocarla".
El acuerdo entre Gobierno y agentes sociales que aprobará este martes el Consejo de Ministros recoge también medidas para penalizar las prejubilaciones y fomentar el retraso de la edad real de retiro. Por ejemplo, para incentivar el retraso de la jubilación más allá de los 67 años, se ofrecerá a los trabajadores bonus económicos de hasta 12.000 euros en función de lo que haya cotizado el empleado y de los años que decida seguir trabajando más allá de la edad de jubilación legal. Y, además, se endurece el castigo para los trabajadores que se retiren antes estableciendo un sistema por el cual aumenta la penalización en la pensión de aquellos cotizantes que se retiren cuando aún les queden 24 o 23 meses para alcanzar la edad legal.
El acuerdo también afecta a las vías de financiación de las pensiones, en tela de juicio desde hace años. Tal y como recomendó en su momento el Congreso, el Gobierno aprobará una cláusula para efectuar anualmente a la Seguridad Social una transferencia de cerca del 2% del PIB (unos 20.000 millones de euros) a través de los Presupuestos Generales del Estado. Eso sostienen los sindicatos, supone garantizar "cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050".
La pugna que viene
Una vez pactadas estas medidas, al Gobierno le queda abordar la negociación de la parte más complicada de la reforma de las pensiones: la relativa al mencionado mecanismo de solidaridad intergeneracional y al posible aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la prestación más allá de los 25 años actuales. Este segundo asunto, que genera fuertes resistencias en Unidas Podemos, aún no ha comenzado a plantearse, pero el Gobierno ha prometido a la UE que lo aprobará para el cuarto trimestre de 2022.
Por el contrario, para noviembre debe estar claro si este nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional conllevará que los nacidos entre 1960 y 1975 experimentarán "un pequeño ajuste en su pensión" si no optan por retrasar su jubilación, como anunció Escrivá el jueves. El viernes matizó sus palabras, pero el fin de semana afirmó que "todo el esfuerzo" para sostener el aumento del gasto en pensiones en las próximas décadas "no puede recaer sobre los hijos de los baby boomers" y este mismo lunes sostuvo que "tenemos una generación de jóvenes estrecha" que "no puede soportar determinados costes" para mantener el Estado del bienestar.
Por el momento, Escrivá no ha encontrado ningún apoyo para llevar a cabo esta reforma, sino todo lo contrario. Los sindicatos denunciaron la semana pasada la "gran hipocresía" que, a su juicio, supone plantear "una división entre pensionistas futuros y actuales", mientras CEOE y Cepyme directamente censuraron las "desafortunadas declaraciones" de Escrivá y aseguraron que "dicha pretensión", la de bajar las pensiones a la generación del baby boom, "no forma parte del acuerdo alcanzado ni se comparte".
Unidas Podemos, como socio de coalición, también ha cargado contra los planes del ministro. Este lunes, los morados aseguraron que hablar de "ajustes" es un "eufemismo" para camuflar "recortes", y aseguraron que bajo ningún concepto van a "permitir" con su voto rebajas ni a las pensiones "actuales" ni a las "futuras". Y la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue muy clara al afirmar que "el sistema de pensiones no tiene un problema de gastos, sino de ingresos", y es esa la cuestión que debe solucionarse. "Nuestra posición en este tema es clara: estamos hablando de la vertebración de nuestro país", zanjó Díaz.
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