El Gobierno quiere acercar la edad real de jubilación a la edad legal, y para ello apuesta por desincentivar los retiros anticipados y promover que las personas sigan trabajando tras los 67 años. Esas son dos de las principales promesas a Bruselas que contiene el plan de reformas que la Moncloa remitirá próximamente a las autoridades europeas, en el que también se recoge el cumplimiento de una de las promesas más señeras del Ejecutivo: la vinculación de las pensiones al IPC por ley.

El documento, hecho público este martes a última hora por Presidencia del Gobierno, plantea la "alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas". Según explicó el lunes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, eso se traducirá fundamentalmente en dos medidas: pagar hasta 12.000 euros a quienes decidan seguir trabajando después de su edad de retiro y endurecer la penalización en su pensión para los trabajadores que se retiren antes.

Escrivá propone pagar hasta 12.000 euros a quienes decidan no jubilarse a los 67 años

Además de vincular las pensiones al IPC por ley -una reforma que Escrivá confió en tener lista para finales de este año-, el documento de reformas que remitirá Moncloa a Bruselas promete derogar el polémico factor de sostenibilidad. Este mecanismo se sustituirá por "un mecanismo de equidad intergeneracional, lo que implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población".

El paquete de reformas no concreta uno de los puntos que más fricción provoca entre PSOE y Unidas Podemos: el posible aumento del periodo de cómputo de la pensión hasta los 35 años. Esa propuesta sí figuraba en el primer borrador del paquete de medidas, pero no en el redactado final, en el que el Gobierno se limita a plantear la necesidad de adecuar "a las nuevas carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" para "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador".

También se esboza el posible destope de la base máxima de cotización, lo que implica, a efectos prácticos, elevar las cotizaciones para los sueldos más altos. "La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema", plantea el Gobierno.