El Ministerio de Transportes, liderado por el socialista José Luis Ábalos, ha decidido paralizar las negociaciones abiertas con Unidas Podemos para consensuar el proyecto de ley de vivienda y no retomarlas hasta que pasen las elecciones catalanas del 14 de febrero. Así lo confirmó 20minutos.es de fuentes del propio Ministerio de Transportes, que mencionan la recta final de la campaña electoral como el motivo por el cual se aplazan las conversaciones.
Tras las dos primeras reuniones en las que PSOE y Unidas Podemos constataron diferencias muy serias en sus propuestas, estaba previsto que este miércoles los equipos de Transportes y de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias volvieran a reunirse para tratar de encauzar la negociación. No obstante, los socialistas primero retrasaron el encuentro al jueves y, posteriormente, decidieron cancelarlo.
La parte socialista del Gobierno argumenta que este movimiento no tiene nada que ver con no querer negociar la ley de vivienda, e insiste en que las conversaciones se retomarán nada más pasen las elecciones catalanas. Pero lo cierto es que, en los últimos días, el asunto ha generado un importante choque dentro del Ejecutivo de coalición, ya que Unidas Podemos apuesta por rebajar el precio del alquiler a través de medidas que implican obligar a bancos y grandes fondos a poner parte de sus inmuebles (el 30%, según su propuesta) en régimen de alquiler social.
El PSOE, hasta ahora, no ha ofrecido una respuesta oficial a estas propuestas, pero lo cierto es que es más partidario de incrementar el parque de vivienda pública a través de la construcción de nuevas promociones. Se trata de una diferencia no menor que ha imposibilitado hasta ahora el avance de la negociación y que dificulta sobremanera que el proyecto de ley esté listo para ser presentado en febrero, como acordaron PSOE y Unidas Podemos el pasado octubre.
Transportes, no obstante, insiste en que el objetivo sigue siendo tener un texto pactado para antes de que termine el mes. Lo que ya es seguro que no se cumplirá es el calendario acordado entre PSOE y Unidas Podemos en la primera reunión que mantuvieron, en la que estimaron que podían alcanzar un punto de encuentro para mediados de febrero. A mediados de febrero, precisamente, es cuando se retomará la negociación.
Fuentes socialistas aseguran que hablaron con la Vicepresidencia Segunda sobre este aplazamiento. No obstante, la parte del Gobierno de Unidas Podemos señala que la decisión de posponer las reuniones hasta después de las elecciones no se ha tomado por iniciativa suya y asegura que "no está de acuerdo", y fuentes moradas denuncian que el PSOE sigue "negándose o ignorando" a tener en cuenta sus propuestas.
Ábalos niega la mayor
Horas después de conocerse la congelación de las negociaciones, Ábalos aseguró que su ministerio está "trabajando en un borrador" y afirmó que el "compromiso" es que su departamento, que sería el "proponente" de la norma, lo discuta con Unidas Podemos a posteriori. Esta afirmación, no obstante, es falsa: en el acuerdo que alcanzaron el PSOE y los morados en octubre se afirma expresamente que Transportes y la Vicepresidencia Segunda serán "coproponentes" del texto y que se presentará en el Congreso en febrero, como tarde.
Si Transportes no comparte su borrador con sus socios, sostiene por su parte Unidas Podemos, es "presumiblemente por la falta de ambición del mismo". "Es conocido que las leyes catalanes en materia de vivienda son de las más avanzadas del Estado, y un texto con medidas poco ambiciosas, como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, podría serle perjudicial al candidato Illa", critican estas fuentes.
La legislación catalana, no obstante, es polémica porque esta semana el Tribunal Constitucional ha decidido anularla al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas "coactivas, no voluntarias", para los dueños de pisos que no pueden imponerse mediante un decreto ley.
Unas negociaciones enquistadas
Las conversaciones sobre la ley de vivienda comenzaron hace unas semanas y se encuentran atascadas casi desde el primer momento. El problema, en líneas generales, es el mismo que ya ha dificultado las conversaciones sobre vivienda en otras ocasiones: el papel que deben jugar los grandes propietarios en la nueva regulación.
La discrepancia más evidente se da en relación a cómo concretar el mecanismo de limitación de precios del alquiler, pactado hace unos meses pero sin desarrollar. Unidas Podemos propone que las comunidades puedan establecer un límite que las viviendas en alquiler no podrían superar en determinadas zonas, basado en el índice de precios elaborado por el Ministerio de Transportes. Pero se quejan de no recibir respuesta del PSOE y de que los socialistas apuestan por un sistema de incentivos fiscales para quienes bajen el precio, algo que Transportes niega taxativamente.
La parte morada del Gobierno también ha propuesto en las negociaciones otras tres medidas complementarias. En primer lugar, obligar por ley a las nuevas promociones de vivienda a ceder una parte para alquiler protegido. Y, además, que la Sareb (el conocido como banco malo) ceda la mayor parte de sus viviendas vacías a las comunidades para que las pongan en arrendamiento social e instaurar un impuesto a las viviendas vacías para desincentivar que los grandes propietarios mantengan casas cerradas sin sacarlas al mercado.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios