PSOE y Unidas Podemos se ponen como límite mediados de febrero para pactar la nueva ley de vivienda

  • La Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Transportes ya han comenzado a negociar la norma.
  • La nueva ley incluirá el mecanismo de contención de los precios del alquiler, cuya concreción será uno de los puntos clave de la negociación.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
ÁLEX CAMARA / EUROPA PRESS

El Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno ya han comenzado a negociar el texto de la que será la nueva ley de vivienda en la que, según pactaron PSOE y Unidas Podemos el pasado octubre, estará incluido un mecanismo para limitar los precios en zonas especialmente tensionadas. Y fuentes del Ejecutivo explican que ambos departamentos se han puesto como límite mediados de febrero para tener un texto acordado.

Hasta ahora, Transportes y la Vicepresidencia de Pablo Iglesias únicamente han mantenido reuniones de carácter técnico en las que, entre otros asuntos, se ha acordado que la negociación se hará por bloques y, como en anteriores ocasiones, se dejarán para el final los puntos que previsiblemente generarán mayor disenso. No es difícil prever que la parte que tenga que ver con los grandes propietarios será uno de ellos, y será especialmente clave cómo se concrete el mecanismo de contención de precios.

La parte morada del Gobierno rechaza que se incluyan en dicho mecanismo incentivos fiscales a los propietarios, un sistema puesto en marcha en Portugal y que, según un informe interno de la Vicepresidencia Segunda, ha resultado un fracaso. No obstante, el PSOE rechaza descartar ningún mecanismo a priori y fuentes socialistas aseguran que estudiarán todas las opciones, si bien afirman tajantemente que hasta el momento no han puesto ninguna propuesta encima de la mesa porque no se ha abordado el asunto.

El acuerdo alcanzado el pasado octubre es poco concreto en este asunto. En él se plantea que la nueva ley habilitará a comunidades y ayuntamientos para que establezcan su propio índice de precios de referencia a partir del que elaboró en junio el Ministerio de Transportes. En función a esos índices de referencia, una comunidad o un ayuntamiento podrán "declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente" que una zona urbana es de "mercado tensionado". y, en su caso, establecer "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios".

En principio, la sintonía entre ambos ministerios y entre el propio Iglesias y el titular de Transportes, José Luis Ábalos, es buena. Esa buena relación ha servido para desatascar asuntos peliagudos dentro de la coalición, como la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional puesta en marcha hace unas semanas, cuya negociación fue muy tensa por la negativa de Unidas Podemos a compensar con fondos públicos a propietarios de más de diez viviendas -fundamentalmente, empresas y bancos- que no pudieran desahuciar a los inquilinos vulnerables que no pudieran pagarles.

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