PSOE y Podemos se atascan nada más empezar a negociar la ley de vivienda por el papel de los grandes propietarios

  • Después de solo dos reuniones, fuentes moradas son muy pesimistas ante la distancia "estratosférica" que tienen con los socialistas.
  • Unidas Podemos apuesta por impuestos a las viviendas vacías y por obligar a los grandes tenedores a sacar una parte de sus viviendas al mercado de alquiler social.
  • El PSOE coincide con la necesidad de ampliar la oferta de vivienda protegida, pero prefiere hacerlo construyendo.
Pablo Iglesias, conversa con los ministros Irene Montero y José Luis Ábalos, antes del comienzo del desfile con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
Pablo Iglesias conversa con los ministros Irene Montero y José Luis Ábalos.
EP

PSOE y Unidas Podemos pactaron antes de fin de año que presentarían su proyecto de ley de vivienda en febrero, como tarde, y que incluiría una regulación para limitar los precios del alquiler. Pero el tiempo se echa encima y la negociación entre ambos partidos, lejos de haber comenzado con buen pie, amenaza con convertirse en un nuevo calvario dentro del Gobierno. El problema, en líneas generales, es el mismo que ya ha dificultado las conversaciones sobre vivienda en otras ocasiones: el papel que deben jugar los grandes propietarios en la nueva regulación.

Según pactaron PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de ley será elaborado conjuntamente por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos -que tiene las competencias de vivienda- y la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias. El propio Iglesias, no obstante, ya avisó el viernes pasado de que tiene "profundas discrepancias" con los socialistas en lo relativo a la ley de vivienda. Y anticipó que "llegar a un acuerdo no va a ser nada sencillo".

Fuentes de la Vicepresidencia segunda del Gobierno son aún más pesimistas que el líder morado. "Hemos tenido dos reuniones, en la segunda hemos empezado a entrar en el fondo del asunto, y no vamos nada bien, hay una distancia estratosférica con el PSOE", aseguran estas fuentes. Precisamente en la primera de esas reuniones, los socialistas y Unidas Podemos quedaron en tener un acuerdo más o menos cerrado para mediados de febrero, tal y como publicó 20minutos.es, lo que deja apenas dos semanas de margen para negociar.

Parece poco tiempo para llegar a un acuerdo que, insisten estas fuentes, está a "años luz" a día de hoy. La discrepancia más evidente se da en relación a cómo concretar el mecanismo de limitación de precios del alquiler, pactado hace unos meses pero sin desarrollar. Unidas Podemos propone que las comunidades puedan establecer un límite que las viviendas en alquiler no podrían superar en determinadas zonas, basado en el índice de precios elaborado por el Ministerio de Transportes. Pero se quejan de no recibir respuesta del PSOE y de que los socialistas apuestan por un sistema de incentivos fiscales para quienes bajen el precio, algo que Transportes niega taxativamente.

Y no es el único escollo. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de aumentar la oferta de alquiler para conseguir rebajar los precios, desorbitados en muchas grandes ciudades españolas. Pero las discrepancias fundamentales giran en torno a cómo garantizar ese incremento de la oferta, ya que Unidas Podemos apuesta por movilizar la vivienda vacía ya construida, propiedad en gran medida de bancos y fondos, mientras los socialistas prefieren ampliar el parque construyendo.

Impuestos y obligaciones para grandes tenedores

En su programa electoral, el PSOE apuesta por la "promoción de más vivienda pública". Y, aunque también habla de movilizar "las viviendas vacías y a los grandes tenedores de vivienda", fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que, por el momento, los socialistas están priorizando la construcción, algo que rechaza Unidas Podemos. La parte morada del Ejecutivo, de hecho, ha propuesto en esas conversaciones que el Estado debe obligar a esos grandes tenedores -los propietarios un importante número de viviendas en alquiler- a que una parte de esas propiedades se arrienden en régimen de alquiler social, con precios asequibles para familias vulnerables.

Con ello, la Vicepresidencia Segunda pretende comenzar a solventar la escasez de vivienda social en España, que según datos del propio Ministerio de Transportes se sitúa a la cola de Europa en número de estas viviendas por cada 100 habitantes: en nuestro país únicamente hay 0,9 viviendas sociales por cada 100 personas, mientras la media europea es de cuatro y Países Bajos, que lidera la tabla, tiene más de 12.

La parte morada del Gobierno también ha propuesto en las negociaciones otras tres medidas complementarias. En primer lugar, obligar por ley a las nuevas promociones de vivienda a ceder una parte para alquiler protegido. Y, además, que la Sareb (el conocido como banco malo) ceda la mayor parte de sus viviendas vacías a las comunidades para que las pongan en arrendamiento social e instaurar un impuesto a las viviendas vacías para desincentivar que los grandes propietarios mantengan casas cerradas sin sacarlas al mercado.

Fuentes moradas aseguran que la parte socialista del Gobierno rechaza por el momento estos planteamientos. Y tampoco hay punto de encuentro por ahora en la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional una vez termine el estado de alarma, una medida que ya costó mucho acordar en diciembre y que, salvo que el PSOE ceda, decaerá en mayo.

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