El adelanto electoral del 28 de abril ha puesto fin a una legislatura de menos de 1.000 días —la más corta en la historia de la democracia española— en las que se ha quedado mucho trabajo por hacer en numerosos ámbitos. Estos son todos los proyectos y frentes más importantes que se encontrará el próximo Gobierno:

Las negociaciones con ERC y PDeCAT han quedado en punto muerto después de que ambos partidos independentistas presentaran enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, lo que hizo imposible su aprobación y abocó a un adelanto electoral. La celebración de un referéndum en Cataluña, condición sine qua non de los independentistas para apoyar las cuentas de 2019, suponía una línea roja que el Ejecutivo de Sánchez no estaba dispuesto a cruzar, tal y como aseguró hace una semana la vicepresidenta Carmen Calvo.

Pese a que el Gobierno ha presumido este viernes de que durante su mandato "no se ha vulnerado la Constitución ni ha habido referéndums" en Cataluña, la Generalitat ya ha acusado a Sánchez de una "falta de coraje", que le ha llevado, a su juicio, a "malbaratar" la moción de censura y a "ceder" a las presiones de PP, Ciudadanos y Vox.

Por lo tanto, la patata caliente de Cataluña pasará al nuevo Gobierno que resulte de los próximos comicios de abril. Por ahora, la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, que además participó en las negociaciones con Moncloa hasta que fracasaron, no ha querido valorar si la situación de Cataluña podría ser peor con un hipotético gobierno apoyado por PP, Ciudadanos y Vox tras las generales.

Muchas de las medidas socioeconómicas anunciadas por el Gobierno que dependían de partidas presupuestadas para este año se quedarán en un cajón a la espera del resultado electoral.

Una de ellas está vinculada a la subida del IRPF, que buscaba un aumento de 2 puntos para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para bases superiores a 300.000 euros y de 4 puntos a las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros anuales.

También quedan en suspenso las bajadas del IVA al 4% para productos de higiene femenina —la llamada 'tasa rosa'— y libros, periódicos y revistas. Asimismo, tampoco prosperará el impuesto al diésel, establecido en 3,8 céntimos por litro para equipararlo a la gasolina.

En la misma coyuntura se encuentran la tasa Google y la tasa Tobin, dos nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre transacciones financieras.

Tampoco saldrán adelante medidas para eliminar los copagos a los pensionistas con rentas más bajas y las familias con menores a cargo con menores rentas.

Por otro lado, el rechazo de los Presupuestos no afecta a medidas ya en vigor para este año, como la subida de pensiones (1,6% de media y un 3% de las mínimas y las no contributivas; del salario mínimo (22,3%) y de los sueldos del sector público (un 2,25% en 2019 más un 0,25% adicional a partir del 1 de julio).

La aprobación de los Presupuestos también habría permitido que España cumpliera este año con los objetivos de déficit que marca Bruselas, según el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, este escenario implicaría un incumplimiento del déficit, tal y como vaticinó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de las cuentas en el Congreso. Según Montero, el déficit público podría elevarse al "al 2,2% o el 2,4% del PIB", cuando el objetivo actual del Ejecutivo es del 1,3%, un punto menos.

Asimismo, la legislatura acabará sin que el Congreso haya podido reformar la regla de gasto y dar un mayor margen a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para emplear sus superávit, tal y como reclamaban una mayoría de grupos.

Esta reforma se ha quedado bloqueada en la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, en sucesivas ampliaciones de enmiendas, al igual como la impulsada para acabar con el veto del Senado a la senda de déficit y de deuda, que afecta también a la Ley de estabilidad presupuestaria.

A pesar haberse aprobado este viernes el proyecto de ley para la reforma de la Ley Orgánica de Educación, también conocida como 'Ley Celáa', este texto no llegará a prosperar en el congreso de los Diputados. Esta era la propuesta estrella en materia de educación del Gobierno de Sánchez, anunciada con el propósito de derogar la Lomce, que aprobó el PP en 2013 con la oposición de gran parte de la comunidad educativa.

Otra medida que no llegará a ver la luz en esta legislatura es la regulación de la eutanasia, en este caso por el bloqueo durante un año por la Mesa del Congreso, lo que en palabras de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, es "una perversión del concepto de democracia", ya que "un órgano no puede bloquear la voluntad del Pleno, que es quien tiene la soberanía".

El 'no' a los Presupuestos también ha tumbado el programa de lucha contra la pobreza infantil o el Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa legislativa popular (ILP) para fijar una renta de ingresos mínimos para toda persona desempleada, impulsada por los sindicatos, y que en principio se encontraba en barbecho a la espera de recibir el Gobierno un informe de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para medir su impacto en términos presupuestarios y sociales.

La comisión de Igualdad en el Congreso se encontraba trabajando en integrar en la normativa española el Pacto de Estado sobre violencia machista, un trabajo que quedará pendiente para el próximo Gobierno que llegue a Moncloa.

La derogación de la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, es otra de las medidas estrella de Sánchez que tampoco podrá llevarse a cabo con la convocatoria de elecciones el próximo abril.

En materia laboral, la disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones también impedirá la aprobación de normas que no han concluido su tramitación, como la reforma laboral, la flexibilización de la regla de gasto o los cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En el caso de la reforma laboral, pese a reclamar su derogación en sucesivas ocasiones, el Congreso concluirá su legislatura incapaz de sacar un acuerdo adelante que desmonte, siquiera parcialmente, esta reforma.

También quedará pendiente la reforma del régimen de autónomos, pese a que la constitución de esta subcomisión para abordar esta tarea fuera aprobada en diciembre de 2016. La intención de muchos grupos era traducir estas conclusiones en una proposición de ley.

La reforma del carné por puntos y la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) —entre los que se encuentran los patinetes eléctricos—, son algunas de las medidas en materia de Seguridad Vial que se han quedado en el aire tras el adelanto electoral y que tendrá sobre la mesa el próximo gobierno.

Así, no vería la luz la reforma de la Ley de Tráfico, que preveía aumentar la pérdida de puntos por determinados comportamientos al volante. Según el borrador, la DGT pretendía retirar 6 puntos del carné por utilizar el móvil mientras se conduce.

También queda pendiente el real decreto de medidas urbanas de tráfico. Este documento contemplaba la reducción de la velocidad en ciudades a 30 km/h para vías de un único carril por sentido de circulación —bajando incluso a lo 20 km/h en vías de plataforma única de calzada y acera—. Con esta modificación, se definían los Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos, segways, hoverboard, etc.), así como sus requisitos para usarlos y normas de circulación.

La disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo deja en el aire la renovación por concurso público del Consejo de Administración de RTVE, que estaba en curso con los candidatos pendientes de ser examinados. Los servicios jurídicos de las cámaras deberán ahora estudiar si las Diputaciones Permanentes de las Cámaras podrán rematar el proceso o si hay que esperar a una decisión del nuevo Parlamento formado tras las elecciones del 28 de abril.

Mientras este proceso está en marcha, fue nombrada administradora única de la Corporación la periodista Rosa María Mateo, a propuesta del Gobierno y tras el apoyo de la mayoría del Congreso. Estaba previsto que su mandato no sobrepasara los tres meses, pero los retrasos en el proceso de selección la han mantenido en el puesto ya más de medio año.

El adelanto de los comicios frustrará, asimismo, la reforma de la Ley Electoral que perseguía acabar con el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero. El PSOE y Unidos registraron el pasado viernes una propuesta de reforma, pero ya es demasiado tarde para tramitarla, por lo que el próximo gobierno deberá decidir si seguir adelante con esta medida o aparcarla.

Con las elecciones de abril decae también la propuesta para la supresión de los aforamientos, lo que exige retocar la Constitución, y dos propuestas para actualizar el reglamento del Congreso; una de ellas precisamente alude a la aplicación de los plazos de ampliación de enmiendas.

El Gobierno de Sánchez dejará pendiente la revisión de los delitos sexuales que el Ejecutivo tenía previsto hacer a través de la reforma del Código Penal, así como la aprobación de una ley contra la trata de seres humanos, en particular, con fines de explotación sexual.

En concreto, la revisión de los delitos sexuales se puso encima de la mesa ya durante el Gobierno de Rajoy a raíz de la polémica sentencia que condenaba a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso sexual y les absolvía del de agresión. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que llevaría en febrero al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley orgánica de modificación del Código Penal para la protección de la libertad sexual.

El Gobierno de Sánchez deja pendiente además la retirada de las concertinas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, una medida que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció como prioridad al poco tiempo de prometer su cargo el pasado mes de junio.

El objetivo, según Grande-Marlaska, era cambiarlas por otros medios "menos cruentos" que garanticen "igual o más seguridad" en la frontera. Sin embargo, recientemente el ministro concretó que solo se retirarían las concertinas de "las zonas más vulnerables", es decir, las que han sido objeto de mayores intentos de salto.

En cualquier caso, a su llegada al Ministerio encargó un "informe" para estudiar las alternativas. El departamento ha tenido encima de la mesa tres opciones, aunque no ha desvelado cuáles son ni cuál ha sido la elegida para sustituir las concertinas.

El Gobierno tampoco ha podido dar por finalizada la "reforma integral" de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España y que recientemente aprobó en Consejo de Ministros. Ni se ha comenzado a construir el centro nuevo en Algeciras (Cádiz) previsto para antes del año 2022.