El 45% de los empleados públicos consume ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, de los cuales más de la mitad lo hace a diario. Así lo revela una encuesta sobre salud mental y consumo de psicofármacos en empleados públicos presentada por CSIF este lunes, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. El estudio apunta al estrés derivado de la carga de trabajo y al escaso reconocimiento profesional como principales causas.

La secretaria nacional de prevención de riesgos laborales de CSIF, Encarnación Abascal, ha destacado que "el consumo diario de psicofármacos es generalizado en todos los ámbitos" de la Administración, tanto estatal como autonómica y local, si bien la incidencia es más elevada en los sectores de la Sanidad y la Educación. "Los efectos de la pandemia y la crisis económica han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía, con mayor incidencia en los colectivos que tuvieron más exposición al virus", ha explicado. Y es que el 55% de los encuestados niega que consumiera psicofármacos antes de la pandemia de la covid-19.

Así pues, según el estudio, que comprende entrevistas anónimas a más 2.000 empleados públicos, el perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años que trabaja o bien en la sanidad pública o bien en un centro educativo y consume ansiolíticos a diario para soportar una carga de trabajo excesiva o por no sentirse debidamente reconocida profesionalmente. En ese sentido, el 76% de los entrevistados considera que el trabajo influye en el consumo de psicofármacos, apuntando el 54,2% a un exceso de carga de trabajo, el 44,6% a un escaso reconocimiento profesional y el 37,7% al mal clima laboral.

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Asimismo, el 21,22% de los encuestados relaciona el consumo de psicofármacos con la inseguridad laboral, el 20,6% con problemas con los usuarios a los que presta servicio y el 12,6% con problemas económicos. En concreto, los medicamentos más consumidos son, por este orden, los ansiolíticos, los antidepresivos y los somníferos. Entre quienes recurren a ellos, el consumo es diario en el 51% de los entrevistados, semanal en el 13% y mensual en el 21%.

Una actuación "urgente"

Ante esta "grave situación", a la que Abascal se ha referido como una "pandemia", CSIF denuncia el elevado número de bajas laborales derivadas de problemas de salud mental y la "infradeclaración" de estas patologías como contingencias profesionales. "El estrés y la depresión solo se consideran accidentes laborales si su única causa es el trabajo", ha explicado la secretaria nacional, que ha añadido que esto obliga a recurrir con frecuencia a los tribunales. "Actualmente el estrés es la segunda mayor causa de bajas laborales", ha recalcado.

"No podemos continuar con estas cifras", ha insistido Abascal. Por ello, CSIF, que ha lanzado una nueva campaña centrada en la salud mental, ha aprovechado para reivindicar actuaciones "urgentes" tales como la creación de la figura del "psicólogo de trabajo", la inclusión de la salud mental en los reconocimientos médicos y la elaboración de una legislación específica sobre riesgos psicosociales tanto a nivel europeo como nacional. En ese sentido, la secretaria nacional de prevención de riesgos laborales ha recordado que aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incorporado el síndrome "burn-out" a la clasificación de enfermedades relacionadas con el trabajo, España todavía no lo ha incluido en el cuadro de enfermedades profesionales.

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Además, desde CSIF también reclaman la creación de planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas, así como la consideración de la profesión como parámetro en los registros sobre suicidios del INE y la redacción "urgente" de un plan nacional de prevención del suicidio que contemple como colectivos vulnerables a policías, sanitarios y demás personal de emergencias.

Escasez de profesionales y financiación

Por su parte, el presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha llamado la atención sobre las deficiencias del sistema nacional de salud en materia de salud mental. "Denunciamos la escasez de profesionales, recursos y financiación para la salud mental", ha expresado. Por la parte de la financiación, según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría, el gasto en salud mental representa el 5% del total del gasto sanitario en España, por debajo de la media europea (7,5%).

La falta de inversión se materializa, según Hontangas, en la escasez de personal. "Estamos a la cola de Europa en profesionales de salud mental", señala. Y es que, mientras que la media de la Unión Europea asciende hasta los 18 profesionales por cada 100.000 habitantes, la ratio de psicólogos clínicos en España se sitúa en seis profesionales, solo por encima de Bulgaria, República Checa, Croacia, Hungría y Rumanía. Lo mismo ocurre con los psiquiatras, cuya ratio por cada 100.000 habitantes es de 9,6 profesionales en España, frente a los 18 de media en Europa. "Para equipararnos con la Unión Europea necesitaríamos como mínimo 5.640 psicólogos clínicos y 3.948 psiquiatras", ha contabilizado Abascal.

Además, Hontanga ha remarcado que "la lista de espera para una valoración en los servicios de psiquiatría es de dos meses de media", pudiendo llegar hasta los cuatro y cinco meses en Andalucía y Castilla-La Mancha y hasta los nueve en Aragón. Igualmente el plazo medio para ser atendido por un profesional de psicología clínica en España es de cuatro meses, pero asciende hasta los seis meses en Cantabria y Castilla y León y hasta los doce en Aragón.