Más presión para que el PSOE se avenga a regular el mecanismo para limitar el precio del alquiler. Hace unos días, varios colectivos, movimientos sociales y organizaciones presentaron un manifiesto exigiendo que la nueva ley de vivienda incluya "mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas". Y este jueves, los principales aliados del Gobierno -imprescindibles para que la ley salga adelante- suscribieron ese texto en un acto en el Congreso.
El manifiesto fue firmado por ERC, JxCat, CUP, EH Bildu, Más Pais, Compromís, Nueva Canarias y BNG. De entre los habituales socios parlamentarios del Ejecutivo únicamente no estuvo presente el PNV, aunque sí apoyaron el escrito JxCat y CUP, fuerzas que normalmente no apoyan la acción legislativa del Gobierno. Unidas Podemos también suscribió el manifiesto, que sirve como una nueva herramienta de presión después de que las dos reuniones mantenidas con el PSOE para desencallar la negociación esta semana fracasaran estrepitosamente.
El manifiesto, presentado la semana pasada, fue impulsado por medio centenar de organizaciones, entre ellas los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y grupos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos. Todas ellas estuvieron presentes en el acto de este jueves, al que también acudieron representantes del sindicato CGT, la Plataforma DESC o Ecologistas en Acción.
"La nueva ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el derecho a la vivienda en todo el territorio", sostiene el manifiesto. Y para que las administraciones públicas "cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal", los firmantes exigen que la nueva ley de vivienda incluya ocho medidas detalladas en el texto.
Alquileres, desahucios o vivienda pública
Entre ellas se encuentra la consabida "regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio". Pero también se plantea que la nueva norma debe "garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones", así como "garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias".
También se hace referencia a los desahucios, otro de los puntos en los que aún no hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Los firmantes apuestan por que la actual prohibición de desahuciar a familias vulnerables que vayan a quedarse en la calle, vigente hasta mayo, se convierta en permanente una vez termine el estado de alarma. "Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores, y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos", exigen.
El manifiesto apuesta igualmente por incrementar el parque público de vivienda. El objetivo, dicen los firmantes, es "asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria". Y, para ello, debe aumentarse el presupuesto destinado a "vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal".
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