Las negociaciones para la ley de vivienda entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias pintan cada vez más negras. Este jueves se celebró la tercera reunión de esas conversaciones, después de que el PSOE decidiera pararlas unilateralmente hace dos semanas para no perjudicar la campaña de su candidato en Cataluña, Salvador Illa. Y fuentes conocedoras del contenido del encuentro afirman que las posiciones siguen tan alejadas como estaban, con la presión añadida de que el Gobierno se comprometió a que el proyecto se llevara al Consejo de Ministros en febrero.
Esta fecha ya parece imposible de cumplir, habida cuenta de que solo queda semana y media para que termine el mes y las conversaciones no es que avancen lentamente, sino que están prácticamente bloqueadas. El PSOE rechaza frontalmente las propuestas que le ha hecho llegar Unidas Podemos, que básicamente pretende aumentar el parque de vivienda pública forzando a los grandes propietarios a poner parte de sus inmuebles en alquiler social.
Los socialistas son partidarios de ampliar el parque construyendo nueva vivienda pública, y se han negado a asumir varias medidas concretas propuestas por los morados. Entre ellas está la de establecer como obligatorio que los propietarios de más de cinco viviendas tengan que poner un 30% de ellas en régimen de alquiler social, es decir, con un precio regulado.
La medida, asegura Unidas Podemos, está dirigida fundamentalmente a bancos, fondos y otros grandes tenedores que poseen miles de inmuebles, como también lo están otras tres iniciativas planteadas en la negociación: obligar por ley a las nuevas promociones de vivienda a ceder una parte para alquiler protegido, que la Sareb ceda la mayor parte de sus viviendas vacías a las comunidades para que las pongan en arrendamiento social e instaurar un impuesto a las viviendas vacías.
"Sin planteamiento alternativo"
El PSOE considera que esta no puede ser la vía a seguir, entre otras cosas por los eventuales recursos que podrían presentar ante la justicia estas grandes empresas inmobiliarias. Pero Unidas Podemos se queja de que solamente ha recibido la negativa de los socialistas y no una contrapropuesta con la que poder seguir negociando. "Han rechazado las propuestas que les hemos hecho llegar sin ofrecer planteamiento alternativo sobre el impuesto a la vivienda vacía o la obligación de los grandes propietarios de poner en alquiler para vivienda social el 30% de su parque", denuncian fuentes moradas.
El Ministerio de Transportes declina responder a las acusaciones de Unidas Podemos. Pero fuentes del departamento que lidera José Luis Ábalos aseguran que la ley que se apruebe debe contar con el acuerdo "con todos los sectores sociales" -lo que incluye a bancos y fondos- y debe huir "de sectarismos", un dardo implícito a los morados, a los que la parte socialista del Gobierno tradicionalmente acusa de plantear propuestas que perjudican la seguridad jurídica de las empresas.
No obstante, Transportes se niega a dar detalles sobre su propuesta para la ley de vivienda. "Se han abordado diferentes problemas" y "se han estudiado diferentes soluciones" en la reunión, se limitan a señalar las fuentes consultadas, que afirman que su borrador aborda asuntos como "la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos", la "conformación de los parques públicos de vivienda" o "la colaboración público-privada".
Así las cosas, la formación que lidera Pablo Iglesias asegura que en la reunión de este jueves el PSOE solo planteó generalidades, y considera que Transportes está utilizando "planteamientos" muy próximos al sector inmobiliario. Las fuentes de Unidas Podemos consultadas se muestran muy enfadadas, además, por el hecho de que vaya a incumplirse casi con seguridad el plazo para llevar la ley de vivienda al Consejo de Ministros en febrero. "El equipo de Ábalos todavía no ha concretado por escrito cuál es su posición" en lo relativo a asuntos como "la regulación de los precios del alquiler, la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional o las responsabilidades de los grandes propietarios de vivienda", denuncian.
Sindicatos y colectivos presionan
El nuevo fiasco en las negociaciones llega el mismo día que medio centenar de organizaciones, entre ellas los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y grupos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos, impulsaron un manifiesto para exigir que la ley de vivienda incluya "mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas".
Esta posición supone que Unidas Podemos sume el apoyo de los movimientos sociales y también de los principales sindicatos a sus posiciones en la negociación con el PSOE. De hecho, los firmantes del manifiesto exigen que la ley prohíba los desahucios por problemas económicos en los que el inquilino vaya a quedarse en la calle, así como garantizar los suministros de luz, agua y gas a estas familias vulnerables o regular el precio de los alquileres. "No estamos dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta ley", aseguran los firmantes.
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