El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para el decreto de prohibición de los desahucios está más cerca que nunca. Este jueves, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció que la norma se aprobará "si todo va bien" en el Consejo de Ministros del próximo martes, un extremo que confirman fuentes de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias.

No obstante, el texto aún no está cerrado del todo, y el punto de desacuerdo sigue siendo el que colea desde hace días: la compensación a los propietarios de más de diez viviendas -fundamentalmente bancos y fondos de inversión, según denuncia Unidas Podemos- que no puedan desahuciar a familias vulnerables que no puedan pagarles el alquiler. La parte morada del Gobierno aspiraba a que estos grandes propietarios no recibieran ninguna indemnización, mientras el PSOE rechazaba la idea argumentando que no compensar a estos tenedores de vivienda abriría la puerta a posibles recursos que tumbaran el decreto.

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Tras varios días de conversaciones discretas, Unidas Podemos ha cedido en parte en este punto. Ya está decidido que el decreto establecerá compensaciones a todos los propietarios que no puedan desahuciar y que no perciban el alquiler: tanto grandes como pequeños. No obstante, los morados siguen negociando con el PSOE que esta compensación sea solo parcial en el caso de los grandes tenedores de vivienda, es decir, que el Estado no pague a bancos y fondos el 100% del alquiler, sino solo una parte.

El decreto antidesahucios que se aprobará -previsiblemente- el martes no llevará aparejada la prohibición del corte de todos los suministros básicos, como pide Unidas Podemos, ni tampoco únicamente del suministro eléctrico, como plantea el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. El PSOE y los morados siguen negociando al respecto, aunque las conversaciones están encalladas y las posiciones siguen muy distantes.

Para todas las familias vulnerables

A diferencia del decreto actualmente vigente, la prohibición de los desahucios hasta que la administración encuentre una alternativa a los afectados beneficiará tanto a las familias que se hayan visto súbitamente empobrecidas por la crisis económica derivada de la Covid-19 como a aquellas que ya tuvieran problemas económicos previos. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.

También estará prohibido durante los próximos meses desahuciar sin proporcionar una alternativa habitacional a las personas vulnerables que hayan okupado una vivienda propiedad de un "gran tenedor", es decir, un propietario con diez o más fincas vacías (fundamentalmente, empresas y bancos). En este tipo de casos, las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia vulnerable, y durante ese tiempo los afectados podrán seguir residiendo en el domicilio okupado.

PSOE y Unidas Podemos pactan prohibir hasta mayo los desahucios de familias vulnerables que se queden en la calle

Esta última medida de protección no cubrirá a quienes okupen viviendas deshabitadas de pequeños propietarios, y tampoco a quienes residan irregularmente en un inmueble de una empresa o un banco sin tener una situación económica comprometida. Esa consideración la tendrán que hacer los servicios sociales.

El decreto, además, establecerá una serie de requisitos para los alojamientos en los que las comunidades tendrán que realojar a quienes sufran un desahucio. Entre ellos, se requerirá a las autonomías que proporcionen una vivienda "digna" a quienes vayan a ser desahuciados, lo que implica, según estas fuentes, que no podrá realojarse a los afectados por un lanzamiento en "un albergue".