El decreto que el Gobierno prometió que serviría para paralizar los desahucios hasta el fin del estado de alarma está generando más problemas de los previstos entre PSOE y Unidas Podemos. Después de semanas de negociación, hace diez días ambas formaciones pactaron las líneas básicas de esta prohibición. Pero la norma no se aprobó el pasado martes y, según denuncian fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, tampoco irá al Consejo de Ministros de la semana que viene. 

El principal escollo en la negociación gira en torno a la forma de compensar a los propietarios que no perciban el alquiler mensual pero tampoco puedan desahuciar a su inquilino. El PSOE es partidario de compensar con dinero público tanto a los pequeños propietarios como a los grandes -los que posean más de diez viviendas, la mayoría "bancos y fondos buitre", según los morados-, mientras Unidas Podemos solo quiere compensar a quienes alquilen menos de diez pisos. "Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación", sostienen fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda.

Las diferencias en torno a este asunto provocaron que, el pasado martes, el Ejecutivo se limitara a aprobar una serie de modificaciones del Plan Estatal de Vivienda que, básicamente, prorrogan las ayudas previstas al alquiler desde diciembre de 2021 a diciembre de 2022. Ni rastro del decreto antidesahucios, pese a que Iglesias estimó que estaría listo en un plazo de 15 días y que, como pactaron PSOE y Unidas Podemos, cubrirá tanto a familias que no puedan pagar su vivienda por circunstancias derivadas de la pandemia como a aquellas que ya tuvieran problemas de antes.

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No obstante, ese plazo tampoco parece que vaya a poder cumplirse. Pese a que el principal interlocutor de Iglesias en esta cuestión es el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es la ministra de Economía, Nadia Calviño, con quien el vicepresidente está chocando más a la hora de elaborar el decreto. "Estaba previsto que el decreto fuera aprobado, como tarde, el próximo martes 15, pero Economía y Justicia exigen una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios", denuncian fuentes cercanas a la Vicepresidencia Segunda. 

"Seguridad jurídica" frente a "beneficios"

Fuentes de la parte socialista del Gobierno, sin embargo, argumentan que su propuesta serviría para asegurar que el decreto no puede ser recurrido por los grandes propietarios al entender que se les ha expropiado el uso de su inmueble sin una compensación. "Queremos sacar adelante un decreto haciendo compatible la necesidad de atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad y la seguridad jurídica", explican las fuentes socialistas consultadas, que insisten en que la medida que llegue al Consejo de Ministros debe ser "sólida" y no tener aristas por las que pueda ser recurrida. "Eso sería nefasto para las personas vulnerables, que son las que más tienen que perder", consideran.

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Unidas Podemos, por el contrario, tiene una visión mucho más crítica de esta idea. Y, de hecho, las fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda consultadas acusan a Calviño de priorizar que los grandes propietarios "no vean reducidos sus beneficios" proponiendo "abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios", es decir, que el Estado les compense el dinero que no ganan a causa de que los residentes en sus pisos no pueden pagar el alquiler.

Según pactaron PSOE y Unidas Podemos, las familias vulnerables -cuya situación será evaluada por los servicios sociales- no podrán ser desahuciadas hasta que las comunidades autónomas no les garanticen el realojo en otra vivienda. De la medida también podrán beneficiarse las familias vulnerables que hayan okupado por necesidad una vivienda propiedad de un "gran tenedor", es decir, un propietario con diez o más fincas vacías (fundamentalmente, empresas y bancos). En este tipo de casos, las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia vulnerable, y durante ese tiempo los afectados podrán seguir residiendo en el domicilio okupado.