Hasta el 9 de agosto, se prorrogan protecciones del estado de alarma como el veto a los desahucios o la moratoria en el pago de los alquileres para personas vulnerables.
Salvo cambios de última hora, la medida tampoco será aprobada en el Consejo de Ministros del martes que viene.
Economía quiere que el Estado compense a los grandes tenedores de vivienda sus pérdidas por no desahuciar, mientras la Vicepresidencia Segunda se niega.
La parte socialista del Gobierno argumenta que no compensar a los propietarios de más de diez pisos abriría la puerta a que tumbaran el decreto en los tribunales.
La afectada podría ser desahuciada en cualquier momento a partir del 15 de junio, según una resolución del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona.
Esta ecuatoriana vive con su marido y su hija en un piso que pertenece a la Sareb, de la que espera que le renueve el contrato ante su mala situación económica.