El Congreso de los Diputados aprobó este martes por mayoría simple la toma en consideración de la proposición de ley con la que PSOE y Unidas Podemos quieren limitar las capacidades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando, como ocurre actualmente, tenga el mandato caducado. El inicio de la tramitación de la norma contó con el voto favorable de los partidos que sustentan al Gobierno y de algunos de sus socios, como ERC, PNV, EH Bildu o Más País, mientras PP, Vox y Cs votaron en contra.

La reforma es solo el último capítulo del tira y afloja que mantienen el Ejecutivo y el PP desde hace meses por la negativa de los populares a renovar el CGPJ, cuyo mandato terminó hace dos años. Como la formación liderada por Pablo Casado sigue negándose a negociar -en ello volvió a reafirmarse este mismo martes el propio Casado-, PSOE y Unidas Podemos plantean en su reforma que el CGPJ no tenga la capacidad de nombrar nuevos altos cargos mientras esté en funciones, y pueda únicamente dedicarse a tareas de gestión. 

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Esto quiere decir, básicamente, que a los miembros del CGPJ con el mandato caducado no se les permitiría proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, entre muchos otros. Unas funciones que, según PSOE y Unidas Podemos, "legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió este martes la reforma asegurando que se trata de un "mensaje constitucional" al PP para que se siente a negociar la renovación del CGPJ. La iniciativa, sostuvo, es un "instrumento" para "reforzar la obligatoriedad de los grupos" de buscar el acuerdo, porque la necesidad de renovar el órgano "no es opinable", sino que se trata de un mandato inequívocamente recogido en la Constitución.

Pese a defenderla, el Gobierno no ha querido impulsar por sí mismo la reforma y ha dejado la iniciativa en manos de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, algo que le afeó la oposición. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, aseguró que la propuesta supone dar "una vuelta de tuerca más" para interferir desde el Ejecutivo en el poder judicial, y aseguró que el fin último del Gobierno es "interferir en la independencia del CGPJ".

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En la misma línea se expresó Vox, que aseguró que deberían ser los propios jueces quienes eligieran la composición de su órgano de gobierno, eludiendo así el refrendo del poder legislativo. El portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, vaticinó incluso que la UE podría sancionar a España si PSOE y Unidas Podemos "siguen adelante con esa propuesta".

También Cs rechazó la proposición, que calificó como un "nuevo golpe a la independencia judicial". Su portavoz, Edmundo Bal, aseguró que el Gobierno tiene la intención de "doblegar al poder judicial" y convertirlo en un poder "subordinado" al ejecutivo por la vía de "cercenar" los nombramientos de los altos cargos de la judicatura.