Este martes es el último día que, según la Ley de Alquileres Urbanos (LAU), tienen los inquilinos para realizar el pago mensual de sus rentas. Este mes, sin embargo, es de esperar que una cantidad inusualmente alta de caseros no reciban el ingreso en sus cuentas.

En medio de una parálisis de la economía sin precedentes por la cuarentena destinada a frenar la expansión del coronavirus y con la mayor subida mensual del desempleo en España desde que existen registros, para muchos inquilinos, pagar este mes, simplemente no es una opción.

"Tengo cuatro trabajos, en dos de ellos me han hecho un ERTE y más de la mitad de mi sueldo es para el alquiler", declara Beatriz Coronado, una monitora de yoga que comparte piso junto a otras cuatro personas en el barrio madrileño de Puerta del Ángel.

Beatriz ha decidido sumarse a la huelga de alquileres convocada por sindicato de inquilinos de distintas ciudades del país desde el 1 de abril bajo el lema "Si no cobramos, no pagamos". Se trata de la primera huelga de inquilinos que tendrá lugar en España desde los años 30 del pasado siglo.

"Yo no veo que me defienda nadie como inquilina, me veo vulnerable, no estoy en una situación horrible, pero no estoy protegida", declara Beatriz, que asegura que su casera es propietaria de varios pisos más en Madrid y en Ibiza, por lo que no depende de su renta para sobrevivir. "No estoy teniendo ingresos y tengo que pagarle a una señora que es multimillonaria".

Una suspensión de alquileres

El Gobierno aprobó la semana pasada un paquete de medidas destinadas a paliar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus para los inquilinos en situación vulnerable. 

Las medidas aprobadas incluían una suspensión de los desahucios durante seis meses y la posibilidad de acceder a créditos públicos sin intereses para el pago del alquiler, una opción que no ha contentado a muchos inquilinos.

Mónica (nombre ficticio) vive sola en un piso de Móstoles (Madrid) por el que paga una renta de 600 euros mensuales. Cambió de trabajo justo antes del inicio de la pandemia y fue despedida el mismo día que se decretó el estado de emergencia. Al ser el motivo del despido no haber superado el periodo de prueba, se ha encontrado sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo.

Los créditos propuestos por el Gobierno la obligarían a endeudarse por un tiempo indefinido, hasta que vuelva a tener acceso a un mercado laboral congelado. "Si yo no tengo ingresos, estoy parada, sin cobrar, se me va a ir acumulando un mes otro y otro y hasta que encuentre trabajo, ¿cómo voy a hacer para devolver todo lo anterior más los suministros?", se pregunta.

Las asociaciones convocantes de la huelga exigen no una moratoria –como se ha hecho en el caso de las hipotecas–, sino una suspensión de alquileres mientras persista la situación de excepcionalidad que vivimos. 

Para cubrir las necesidades de los arrendadores que dependan de ese alquiler para sobrevivir, reclaman la intervención del Estado. A los multipropietarios y fondos de inversión les reclaman arrimar el hombro.

Arrastrados a secundar la huelga

Marta es una realizadora audiovisual freelance de Barcelona cuya actividad laboral ha quedado totalmente parada con la cuarentena.

Tanto ella como su compañero de piso han decidido secundar la huelga convocada en su ciudad por el Sindicat de Llogarets de Barcelona, en el que ya participaban desde hace tiempo de manera activa.

"Ni yo ni mucha gente sabemos cuándo vamos a recuperar una estabilidad económica", explica Marta. "No entiendo que las economías que somos más precarias tengamos que sostener la crisis que se viene encima y que los grandes propietarios no vean tocado para nada su poder adquisitivo".

Otros inquilinos se han visto casi arrastrados a secundar la convocatoria de huelga ante la imposibilidad de obtener información sobre las ayudas públicas de emergencia para el alquiler.

Lorena vive en Madrid junto a su marido y sus tres hijos, todos ellos solicitantes de asilo. Desde que comenzó la cuarentena ella ha comenzado a teletrabajar, pero su marido, un albañil que cobraba en B, ha dejado de percibir ningún tipo de ingresos. Se plantean secundar la huelga porque, tras consultar con las administraciones local y regional, no ha podido obtener ningún tipo de información.

“Yo lo que quisiera es ver el tema del crédito, porque pagar es quedarme en cero, y tal vez me serviría para salvar la situación por el momento”. La alternativa es no realizar el pago de este mes, aunque confiesa no tenerle demasiada fe a la huelga. “Veo que el Gobierno está muy cerrado, ya han sacado ciertas cosas y no creo que quieran acceder a hacer algo más”.