El Sindicato de Inquilinos mantendrá la huelga de alquileres a partir del 1 de abril a pesar de las medidas del Gobierno

Imagen de archivo de una vivienda en alquiler.
Imagen de archivo de una vivienda en alquiler.
EUROPA PRESS - Archivo

Los sindicatos de inquilinos han dado un nuevo paso en su reivindicación de una suspensión de los alquileres para los afectados por la cuarentena del coronavirus. Este lunes, han oficializado la convocatoria de una huelga de alquileres, la primera en España desde los años 30 del pasado siglo.

Las medidas que serán previsiblemente aprobadas este martes en el Consejo de Ministros -que incluyen la suspensión durante medio año de los desahucios por impago de la renta y una línea de créditos públicos sin intereses para que las familias vulnerables puedan sufragar sus alquileres- no han convencido a los convocantes y fuentes del Sindicato de Inquilinos de Madrid confirman que siguen adelante con la huelga.

“Desde hace semanas llevamos advirtiendo que a partir del 1 de abril comenzará una cascada de impagos de alquileres masiva que va a desembocar en una nueva crisis de vivienda”, explican, a través de un comunicado, los convocantes, que denuncian que el Gobierno ha ignorado sus demandas de una suspensión de pago de alquileres.

“La única respuesta posible es convocar una huelga de alquileres de las familias, pequeños comerciantes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus”, han anunciado las asociaciones que integran la campaña por la suspensión de alquiler, que incluye organizaciones de ocho ciudades, entre ellas, Madrid y Barcelona, bajo el lema “Si no cobramos, no pagamos”.

El Gobierno anunció una moratoria en el pago de hipotecas para los despedidos o afectados por el coronavirus el pasado 17 de marzo, dentro de su paquete de medidas para paliar los efectos económicos del confinamiento destinado a frenar la expansión de la pandemia por España.

Sin embargo, los inquilinos quedaron fuera de estas medidas, a pesar de que casi un cuarto de la población vive de alquiler en España y miles de pequeños comerciantes tendrán que seguir pagando las rentas de sus locales sin tener actividad durante la cuarentena.

Desde los sindicatos de inquilinos se alerta de que, en estas circunstancias, los “impagos son inevitables” y llaman a “familias, pequeños comerciantes y autónomos” a dar “una respuesta colectiva que les dice que ya no están solos y que les invita a unirse a una lucha para evitar que nadie tenga que hacer frente a una deuda o a un desahucio”.

El debate dentro del Gobierno

Desde hace días, el Ejecutivo discute medidas para suspender el pago de los alquileres de las familias vulnerables. Pero el desacuerdo en el grado de protección que debe darse a los propietarios ha impedido que se hayan aprobado ya.

El desencuentro entre los partidarios de la suspensión, encabezados por el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y los que aún tienen reticencias, cuya cabeza visible es la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, gira en torno a dos cuestiones: a quién considerar un pequeño arrendador -a los que el Estado pagaría el total de la cuota que no pudiera pagar el inquilino- y si debe suspenderse por completo el pago de los alquileres por un tiempo o solo aplazarse.

Desde los sindicatos de inquilinos se ha exigido que haya una suspensión total de pagos hasta el final del estado de emergencia y que la compensación por parte del Estado solo incluya a los pequeños propietarios y no a los grandes tenedores de vivienda, como fondos de inversión y bancos.

“Tampoco permitiremos que los costes económicos de suspender el pago de los alquileres recaigan sobre el Estado ni sobre los arrendadores que necesiten el ingreso del alquiler para cubrir sus necesidades básicas”, explican los convocantes de la huelga.

“Consideramos que las entidades financieras y los grandes arrendadores también tienen que colaborar ante esta situación, y que los costes de la crisis no pueden recaer en exclusiva sobre las familias y sobre el Estado”, expresa el comunicado, al tiempo que anuncia la creación de una caja de resistencia que ayude a cubrir los gastos de una huelga que durará “tanto tiempo como sea necesario”.

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