
- La decisión de Llarena de mantener la malversación agravada a Puigdemont podría aplicarse al resto de acusados.
- El Gobierno se felicita porque los fugados "están más cerca de rendir cuentas ante la Justicia española".
- El criterio del Supremo y la Fiscalía dibuja un futuro judicial para Puigdemont superior a los diez años de cárcel.