Carles Puigdemont apura los plazos para retrasar la decisión definitiva sobre su inmunidad parlamentaria mientras reclama una amnistía al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Según informa Europa Press, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, esperó hasta el pasado viernes a última hora -cuando terminaba el plazo- para presentar el recurso contra la retirada de su inmunidad parlamentaria, dictada el 5 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (el TGUE, con sede en Luxemburgo).

El letrado presentó el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que tendrá que decidir si retira definitivamente o si devuelve la inmunidad a Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Si el tribunal europeo decide retirar la protección de la que gozan los europarlamentarios, el juez instructor del procés, Pablo Llarena, podrá dictar una nueva euroorden para que el expresident sea juzgado por el Tribunal Supremo.

Sumar insiste en que pactar la amnistía con Puigdemont implica que excluye la vía unilateral

Tras conocerse la decisión del TGUE, de retirar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí, la Fiscalía solicitó el 24 de julio a Pablo Llarena que reactivase las euroórdenes contra ambos prófugos de la Justicia. Sin embargo, el magistrado comunicó el día 27 que no resolvería sobre las órdenes europeas hasta que la decisión de la Justicia europea fuese firme. Una vez presentado el recurso, se prevé que la resolución del TJUE tarde unos meses en llegar. 

En su escrito, Llarena recordó que el TGUE reflejó "expresamente" en el comunicado de prensa adjunto a la sentencia del 5 de julio que la decisión de retirar la inmunidad a los dos políticos era "susceptible de ser recurrida en casación ante el TJUE" hasta el 15 de septiembre. De forma que decidió esperar dado que la euroorden, si se hubiera emitido, podía quedar "inmediatamente paralizada" por el TJUE. El instructor del procés aseguró que, en todo caso, la resolución se podrá adoptar antes de las elecciones del Parlamento europeo que tendrán lugar en junio de 2024.

Puigdemont responde a Yolanda Díaz que son ellos los que pondrán las condiciones

Ahora que Gonzalo Boye ha presentado el recurso de casación, la situación política en España ha evolucionado respecto a aquel 27 de julio, ya que mientras Alberto Núñez Feijóo prepara una investidura que se prevé fallida, Junts se ha posicionado como un actor clave ante una eventual investidura que mantenga a Sánchez en La Moncloa y de pie a reeditar la coalición. De hecho, Yolanda Díaz se reunió con el prófugo el pasado 4 de septiembre en el Parlamento Europeo en el marco de las negociaciones que Sumar mantiene con Junts. 

Según apuntan fuentes del Supremo, la situación política podría beneficiar a Puigdemont en los tiempos. Señalan, en este sentido, que tras la visita de Díaz a Bruselas y ante la posibilidad de una ley que amnistíe los hechos delictivos del procés, es probable que el TJUE "prefiera esperar" a que la situación se clarifique antes de tomar una decisión firme sobre la inmunidad del eurodiputado. Cuando, llegado el caso, Llarena reactive las euroórdenes, serán los jueces belgas quienes deban acordar la detención y entrega de Carles Puigdemont y Toni Comín

Mientras Puigdemont y Comín permanecen en Bruselas al abrigo de su protección parlamentaria, su compañera Ponsatí ha protagonizado varias detenciones en Barcelona a lo largo de este año. Su situación difiere de la de los dos primeros porque en ningún momento ha estado investigada por malversación. 

La exconsellera estaba procesada por un delito de sedición, pero tras la derogación de este tipo penal pasó a afrontar una posible condena por desobediencia, que en ningún caso está castigada con la cárcel. Esto no solo impide dictar una euroorden contra Ponsatí, sino que ha llevado a la eurodiputada a escenificar varios paseos por la capital catalana tras los que fue detenida. 

La última vez este mes de julio, cuando Ponsatí fue trasladada al Juzgado de Guardia de Barcelona para que se le tomase declaración indagatoria. Días después, Llarena dio por concluida la investigación con respecto a la eurodiputada de Junts al encontrar indicios suficientes para que sea juzgada por desobediencia.