El juez instructor del procés, Pablo Llarena, ha dictado una providencia en la que establece un plazo de 10 días para que Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín justifiquen "la presentación de un recurso de casación" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras la retirada de su inmunidad parlamentaria dictada el pasado 5 de julio por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). 

El pasado 15 de septiembre concluía el plazo para que los prófugos gastasen su última bala para recuperar la inmunidad que les da su condición de eurodiputados. Sin esa protección especial, el instructor del procés podría reactivar las órdenes de detención europea, sin embargo Llarena aclaró en julio que no daría ese paso hasta que la decisión de la Justicia europea sea "firme". 

Puigdemont responde a Yolanda Díaz que son ellos los que pondrán las condiciones

Por eso mismo ha preguntado a Puigdemont y Comín si han interpuesto el recurso ante el TJUE (el último escalón de la Justicia de la Unión), algo que, por otro lado, ya se ha confirmado. El instructor ha interesado también a los prófugos que se pronuncien sobre las medidas cautelares que han pedido al TJUE para saber si es posible que el tribunal europeo reactive su inmunidad mientras toma una decisión definitiva. 

Europa Press informó este lunes de que el abogado del expresident, Gonzalo Boye, presentó el recurso el viernes 15 a última hora, apurando al máximo el plazo del que disponía. Con lo que, en vista de que el Supremo no tiene intención de reclamar su entrega a España hasta que el TJUE se pronuncie, las euroórdenes podrían tardar meses en llegar. 

Según apuntan fuentes del Supremo, la situación política podría beneficiar a Puigdemont en los tiempos. Señalan, en este sentido, que tras la visita de Yolanda Díaz a Bruselas y ante la posibilidad de una ley que amnistíe los hechos delictivos del procés, es probable que el TJUE "prefiera esperar" a que el escenario se clarifique antes de tomar una decisión firme sobre la inmunidad del eurodiputado. Cuando, tal y como solicitó la Fiscalía a finales de julio, Llarena reactive las euroórdenes, serán los jueces belgas quienes deban acordar la detención y entrega de Carles Puigdemont y Toni Comín.

Las euroórdenes contra ambos se sustentarían sobre la investigación de delitos de malversación agravada, por los que Llarena decidió imputar a el expresident y su exconseller tras la reforma de la malversación y la derogación de la sedición impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La eurodiputada Clara Ponsatí, que tras las mencionadas reformas del Código Penal no se enfrenta a una posible pena de prisión, no puede por tanto ser objeto de una orden de detención europea. Puigdemont y Comín, por el contrario, podrían ser condenados por penas de hasta 12 años de cárcel y entre una y dos décadas de inhabilitación para ejercer el cargo público.

Por eso tratan de dilatar los plazos de la decisión definitiva sobre su inmunidad mientras tratan de ser amnistiados por el Parlamento español a cambio de ofrecer su apoyo a una posible investidura de Pedro Sánchez. 

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