La Fiscalía ha acusado al expresident catalán Carles Puigdemont de emplear "artimañas" para "liar y empantanar" su procedimiento judicial en España, lo que ha considerado "un abuso de derecho y un fraude procesal" tras estar "cinco años desaparecido", eludiendo la acción de la Justicia.
Así lo ha manifestado el fiscal Javier Zaragoza se ha manifestado así en la vista celebrada ayer en Tribunal Supremo para resolver los recursos de Puigdemont y de los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig contra la decisión de mantener su procesamiento por malversación y desobediencia, y de Clara Ponsatí tan solo por desobediencia. El magistrado Pablo Llarena acordó seguir con el proceso tras la reforma del Código Penal.
La defensa del expresident, ejercida por Gonzalo Boye, había pedido anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento de Puigdemont y de los exconsellers para "que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo".
Gonzalo Boye expuso que el auto de procesamiento ha quedado "desfasado" y obsoleto debido al "transcurso del tiempo" y a la reforma penal que deroga la sedición y modifica el delito de malversación. El abogado de Puigdemont aseguró que todas estas circunstancias han situado a este procedimiento en "un escenario de embrollo procesal" y que “es el momento de reordenar esto".
Sin embargo, la respuesta de la fiscalía fue contundente, y acusó a los recurrentes de "liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas" en los tribunales. Desde la fiscalía advirtieron de que "todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía ni de la Abogacía, ha sido obra de los recurrentes". Finalmente, el fiscal reprochó que "desde hace cinco años han desaparecido" y "solo están a disposición de la Justicia para aquello que les beneficia", es decir, "para recurrir todo".
En la misma línea, la abogada del estado Rosa Seoane respondió a Boye que "después de 5 años del auto de procesamiento no se han sometido a la Justicia", y concluyó que esta actuación ha provocado que "procesalmente estamos congelados" desde 2018.
Gonzalo Boye quería que todo empezase de cero y que se vuelva a pedir el suplicatorio en Europa, y "ya verán cómo les va, porque no se están haciendo las cosas bien”, comentó. Sin embargo, el Tribunal rechazó el planteamiento de la defensa de Puigdemont dejando claro que será en los escritos de acusación cuando se concrete y valore la tipicidad de los hechos.
Por su parte, la defensa de Puig ha solicitado que se anule su procesamiento por malversación porque no realizó ningún pago desde Cultura y, en todo caso, ha especificado que se le aplique el nuevo tipo de malversación atenuada, de 1 a 4 años de prisión.
Vox, por su parte, ha discrepado de la decisión de Llarena de no tipificar los hechos en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
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