El eurodiputado de Junts y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha urgido este jueves al Estado a tomar decisiones después de el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya dictaminado que España vulneró sus derechos políticos al suspenderlo como diputado del Parlament cuando fue procesado por rebelión, antes de que fuera condenado.

"Es el momento de que España tome decisiones ya. Hace demasiado tiempo que dura. Han venido otras condenas contra España y creo que vendrán más. Y España no hace nada. Hace algunos maquillajes, pero en realidad el núcleo duro que permite que se sigan violando derechos políticos se mantiene intacto", ha destacado en un vídeo colgado en la web del Consell de la República (CdRep).

Según Puigdemont, el Estado debe eliminar "todos los obstáculos" que impiden que él y el exconseller Toni Comín puedan ejercer con toda libertad sus derechos políticos como miembros del Parlamento Europeo.

"Sería el momento de que no siguiera violando más", ha apuntado el expresidente catalán, que ha añadido que estarán atentos a cómo el Estado informa a Naciones Unidas, en un plazo de 180 días, de las medidas que ha llevado a cabo para corregir esta situación, y exigirán la publicación del dictamen para que tenga la máxima difusión posible. 

Contundencia del dictamen

En su opinión, el texto es importante porque es "la primera vez que Naciones Unidas sale en defensa de los derechos políticos de una persona que está en el exilio, y por la contundencia con la que expresa lo que representa esta violación".

Tras defender que el derecho a la participación política es la esencia de un gobierno democrático, cree que "si España viola un artículo esencial para el funcionamiento democrático, es que efectivamente no es una democracia plena y está muy lejos de cumplir los estándares que se deben exigir en una democracia de la UE".

Y es que, según el expresidente catalán, se siguen vulnerando sus derechos políticos como eurodiputado por el hecho de que no puede ejercer el cargo "plenamente por culpa de decisiones del Estado" que le impiden visitar su circunscripción. 

Presidencia del Consejo de la UE

También ha recordado que España asumirá en breve la presidencia del Consejo de la UE, con lo que este dictamen supondrá "otra mancha en el expediente del Estado, que deberá asumir la defensa de los derechos y la carta de derechos fundamentales de la UE, hacer discursos y dar lecciones a otros países de cómo deben defenderse estos derechos".

Aunque admite que el texto no considera una vulneración de los derechos políticos el exigir su presencialidad en el debate de investidura, constata que recoge que su vuelta habría derivado en su prisión preventiva, por lo que "la única manera de prevenir la violación de los derechos era mantenerse fuera del territorio del Estado".

"Es evidente que defenderse desde el exilio previene y evita la vulneración de derechos políticos", ha sostenido Puigdemont, que ve reforzada así su lucha desde Bélgica.