La aritmética parlamentaria que ha salido de las elecciones generales del pasado 23-J ha concedido un papel clave al partido liderado por Carles Puigdemont, Junts per Cat, que tiene en su mano brindar su apoyo al candidato socialista, Pedro Sánchez, para que sea investido como presidente del Gobierno de nuevo. Simultáneamente, el Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de Puigdemont contra la orden de detención dictada en su contra por el Supremo el 13 de junio por los delitos de desobediencia y malversación, algo que puede entorpecer seriamente el apoyo de Junts a Sánchez en una hipotética investidura del candidato socialista.
Puigdemont ha visto truncado su recurso en el TC para evitar la orden de detención emitida en su contra por el juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena el pasado mes de junio. El magistrado acusaba al expresidente catalán de delitos de desobediencia y malversación al efectuar la revisión que llevó a cabo tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que eliminó el delito de sedición por el que se investigaba al líder de Junts.
La Sala de Vacaciones del TC no ha admitido a trámite las peticiones de Puigdemont y la del exconsejero Toni Comín. La Sección de Vacaciones ha justificado su competencia para desestimar los recursos de los independentistas al haber solicitado una medida cautelar que no admitía esperas. En 10 folios, la mayoría de la Sala ha desestimado sus apelaciones al considerar que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental en ninguno de los dos casos.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reprochado al Tribunal Constitucional "decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo", mientras que la presidenta del partido de Junts, Laura Borràs, cree que actúa contra el expresidente de la Generalitat "pensando en la investidura". Con todo ello, Turull ya avisó previamente al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, negando que las negociaciones de la investidura estuviesen avanzando, tal y como afirmó Urtasun. "Primera noticia, al menos por lo que respecta a Junts", sentenció el dirigente independentista en un tuit.
A la sentencia del Supremo, hay que añadir la retirada por parte de la justicia europea de la inmunidad parlamentaria de la que gozaba Carles Puigdemont como eurodiputado. El Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo se la retiró el pasado 5 de julio al expresidente catalán y a dos de sus exconsejeros en la Generalitat, Toni Comín y Clara Ponsatí. Esta decisión daba vía libre a Llarena para emitir una nueva orden de detención europea reclamando la entrega a España de los tres políticos independentistas.
Sin embargo, el magistrado del Supremo descartó pedir dicha orden contra Puigdemont hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronunciase sobre las eventuales medidas cautelares que pudieran presentar para ver restablecida, al menos provisionalmente, su inmunidad parlamentaria. Así lo señaló Llarena cuando la Fiscalía le solicitó que reactivase las euroórdenes el pasado 24 de julio. El propio dirigente catalán y su abogado, Gonzalo Boye, confirmaron que presentarían recurso de casación ante la instancia superior, para lo que disponen de un plazo de dos meses desde que se pronunció la justicia europea el pasado 5 de julio.
Todo estos procesos judiciales han coincidido eventualmente con las elecciones generales en las que, para más inri, el partido de Puigdemont se ha erigido en uno de los partidos decisivos para desbloquear la gobernabilidad del país. Los dirigentes de Junts se han mostrado contrarios a estas diligencias contra su líder, por lo que es evidente que estos problemas judiciales del expresidente catalán no ayudan a la hora de resolver su apoyo a Sánchez, y más si se contempla la posibilidad de que el juez Llarena emita una euroorden que obligue a Puigdemont y sus exconsejeros a entregarse en España.
El Gobierno, por el momento, no se ha pronunciado sobre el fallo emitido por el TC este miércoles y parece adoptar la prudencia como estrategia a seguir en este asunto. Aunque es evidente que las declaraciones de los dirigentes de Junts, saliendo a defender al líder de su partido, no muestran buena sintonía a la hora de resolver el apoyo del partido a una hipotética investidura del candidato socialista.
Además de las conocidas exigencias de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, que pasan por un referéndum de autodeterminación y una amnistía para los enjuiciados por el procès, también demanda otras concesiones. Algunas de ellas son la eliminación de la deuda del FLA, la opción de que el catalán se pueda utilizar en el Congreso y el Senado, el control del servicio de Cercanías o el traspaso de la Seguridad Social, entre otras.
La posibilidad de que Pablo Llarena emita una euroorden de detención contra Carles Puigdemont y sus exconsejeros al no contar con la inmunidad parlamentaria como eurodiputados puede tener serias consecuencias para la viabilidad de la investidura de Pedro Sánchez, puesto que tras el recuento del voto CERA, el PSOE necesita el 'sí' de Junts, y de momento las posturas no se encuentran cercanas para que ello se produzca.
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