Centenares de miles de trabajadores se echaron a las calles en el Primero de Mayo para reclamar más empleo, menos jornada laboral y mejores salarios. Una protesta en la que la política nacional robó protagonismo a las reivindicaciones laborales habituales que rodean el Día del Trabajo. Gobierno y sindicatos aprovecharon la ocasión para cerrar filas y hacer frente común con Sánchez ante la "ultraderecha", la "máquina del fango" y por una reforma del Poder Judicial en la que sea el Congreso quien elija a los jueces.
Más de 70 marchas recorrieron las principales ciudades de España, en las que los miembros del Consejo de Ministro tuvieron un papel destacado. La más numerosa, la de Madrid, reunió a 100.000 personas, según los sindicatos, cifra que la Delegación del Gobierno rebaja a 10.000 asistentes. En Sevilla se concentraron 15.000 manifestantes, en Barcelona lo hicieron 10.000, mientras que en Valencia lo hicieron 5.000 personas, según informó la delegación del Gobierno.
La protesta de Madrid contó con una nutrida presencia del Consejo de Ministros. Asistieron las tres vicepresidentas del Gobierno —María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera—. A ellas se unieron también los ministros Óscar Puente (Transportes); Elma Saiz (Seguridad Social); Ernest Urtasun (Cultura); Mónica García (Sanidad); Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia).
Las declaraciones con las que los líderes sindicales de UGT y CCOO dieron el pistoletazo de salida a las marchas ya anticipaban lo que sería el tono posterior. Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) cerraron filas con el Gobierno, arropados por buena parte del Consejo de Ministros, y echaron la vista atrás (más que adelante) para defender "las conquistas alcanzadas durante los últimos años", en palabras de Álvarez.
Tanto Álvarez como Sordo arroparon a Sánchez tras su reciente amago de dimisión e hicieron un llamamiento a reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sea el Congreso quien nombre a los jueces. "Sí, presidente, merece la pena", expresó el secretario general de UGT, que acusó a la derecha de tratar de torpedear las reformas puestas en marcha estos últimos años. "Estamos aquí para que la ultraderecha rabie", zanjó.
"La justicia es ante todo un servicio público de los ciudadanos, y el poder judicial es un poder del Estado y debe ser democrático (…) no es un club de petanca", trasladó, por su parte, Unai Sordo, de CC OO. El CGPJ, agregó el líder de Comisiones, "es un club que ha cerrado la puerta por dentro y dice que no se renueva".
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, centró su intervención en cargar contra la oposición, a quien acusó de usar la "deshumanización del rival" como proyecto político. "La máquina del fango intenta que no hablemos de los problemas de los ciudadanos", incidió Montero que llamó a "desenmascarar el insulto, la difamación, el bulo y la mentira" que buscan "deslegitimar" el gobierno progresista.
Por su lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, evitó caer en ese marco y centró su intervención en las reivindicaciones laborales. "Hoy salimos a la calle por trabajar menos para vivir mejor", señaló Díaz, que pidió un reparto justo de la productividad y los beneficios para acabar con el "no me da la vida".
Reducción de jornada, salarios, despido, horas extra...
Más allá del ruido de la política nacional, las marchas transcurrieron sin incidentes y con el tradicional clima reivindicativo que envuelve a esta festividad. Las reclamaciones principales de este año —más empleo, menos jornada de trabajo y mejores salarios— quedan lejos de las grandes reformas (laboral, pensiones...) que el Ejecutivo cerró con los sindicatos la legislatura anterior.
Reducir la jornada laboral máxima legal de las 40 horas actuales a 37,5 en 2025 se presenta como la prioridad. Actualmente, sindicatos, empresarios y Trabajo negocian cómo acometer esta rebaja en el tiempo de trabajo. La negociación con el Gobierno está atascada mientras sindicatos y empresarios tratan de acordar los detalles técnicos en una mesa paralela. Para que la cuestión no se eternice, Díaz se ha fijado como límite el próximo verano para alcanzar un acuerdo.
"Me parece perfecto, sería más conciliación, vida familiar, con mi hija, más tiempo libre", comenta a 20minutos Alejandra, comercial de 42 años, que ha acudido a la manifestación de Madrid. "No se respetan los tiempos ni siquiera el tiempo libre, el jefe te llama incluso en vacaciones", agrega.
En otras cuestiones, como la reforma del sistema de despido o la retribución de horas extra, los sindicatos tienen presentadas sendas denuncias ante el Consejo de Europa para tratar de forzar al Gobierno a cambiar la legislación. Dos debates que los empresarios no tienen ningún interés en abrir y que ni siquiera ponen de acuerdo a los dos partidos de la coalición.
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