El comité de empresa de Tubacex ha asegurado que el acuerdo alcanzado para resolver el conflicto en la compañía, tras 232 días de huelga, "admite que las causas" del ERE "no estaban justificadas", puesto que incluye su retirada. El acuerdo, cerrado esta tarde, implica también "la eliminación de todos los despidos forzosos" y la "garantía de empleo e inversiones hasta el 2024, a cambio de ajustesdelimitados en el tiempo".

Vox pide "explicaciones" a Espadas por Mercasevilla y Magrudis y él le acusa de "manosear justicia y política"

Durante el pleno celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha reclamado "explicaciones" al alcalde, Juan Espadas (PSOE), por los escritos en los que la Fiscalía pide declarar la responsabilidad civil de la sociedad pública Mercasevilla en la causa judicial por los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por la misma y del propio Consistorio en el caso del brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis. Frente a ello, Espadas ha manifestado su "plena confianza" en los servicios jurídicos municipales, ha recordado que "no hay ningún pronunciamiento que condene al Ayuntamiento" y ha acusado a Vox de "manosear la justicia y la política".

Después de que en 2017 el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla elevase a la Audiencia de Sevilla la pieza separada de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares financiados con cargo a los fondos autonómicos correspondiente a las ayudas concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica, la Sección Tercera de dicha instancia ha fijado para el 10 de julio de 2023 el comienzo del juicio, según un auto emitido el pasado día 20, adelantado por Diario de Sevilla y ABC y recogido por Europa Press.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la formalización de contratos indefinidos por parte de empresas de la Comunidad para personas en situación de desempleo procedentes de un ERE o un ERTE y que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 12.000 en el caso de que el empleado sea mayor de 45 años.

El Ayuntamiento de Sagunto pide a Pilkington que dé marcha atrás en su decisión de cerrar su línea de laminado

El Ayuntamiento de Sagunto ha mostrado este jueves su apoyo a la plantilla de la planta de Pilkington en la localidad ante el anuncio de la empresa de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para cerrar su línea de laminado y se ha ofrecido a dirigirse a la compañía "con la mano tendida" para pedirle que "recapacite" y "eche marcha atrás en esta decisión" para poder hablar del futuro de la fábrica.

Tribunales.- La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Lanzas y otros 5 acusados del ERE de Río Grande

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha solicitado penas de cárcel para cada uno de los nueve acusados para los cuales el juez de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana ordenó continuar como procedimiento abreviado, las diligencias relativas al expedientes de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa Río Grande, gestora del conocido restaurante de la calle Betis de la capital andaluza, con cargo a los fondos autonómicos.

Tribunales.- La Fiscalía reclama siete años de cárcel para Mellet y Lanzas por los ERE de Mercasevilla

Después de que el juez del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana ordenase seguir las diligencias como procedimiento abreviado contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, administrador de Hermes Consulting; por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación con relación a la mencionada entidad pública Mercasevilla; la Fiscalía ha reclamado cárcel para todos ellos.

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