El Gobierno esquiva, por el momento, un tema espinoso: su respuesta ante la ratificación del Tribunal Supremo de la condena a los dos expresidentes socialistas andaluces, que conllevaría la entrada en prisión de José Antonio Griñán y la inhabilitación de Manuel Chaves. Y es que la defensa del primero ya ha puesto encima de la mesa la posibilidad de solicitar el indulto al Ejecutivo, ante lo que desde Moncloa han optado por no expresar su opinión.

"Prefiero, por rigor y respeto, no pronunciarme", ha señalado este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Para la portavoz, elucubrar sobre una posible medida de gracia sería "avanzar muchas pantallas". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha señalado que el Gobierno "muestra respeto por todas las decisiones judiciales", pero ha añadido que, de momento, solo se conoce "un fallo", sin los "términos exactos de la sentencia y el sentido de los votos particulares". El texto íntegro no se conocerá hasta septiembre.

Con todo, Rodríguez sí ha querido recordar que "los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal de los expresidentes", un argumento que ha esgrimido también la defensa de Griñán. "Nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos, no ha conocido que alguien lo cogiera ni tiene relación con ningún hecho delictivo", ha señalado su abogado, José María Calero, que también ha anunciado que recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional y que están "pensando" la solicitud del indulto.

El Supremo ratifica el ingreso en prisión de José Antonio Griñán y la condena a Manuel Chaves por el caso de los ERE de Andalucía

La ratificación de la condena llega 11 años después

Once años después de que la jueza Mercedes Alaya iniciara las diligencias del mayor caso de corrupción política de Andalucía, el de los ERE fraudulentos de la Junta -un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales- y dos años y ocho meses después de que la Audiencia de Sevilla hiciera pública la sentencia de la primera pieza, el Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre las condenas impuestas a 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz que se sentaron en el banquillo de los acusados.

La Sala de lo Penal del Supremo, por mayoría de tres a dos magistrados, y en respuesta a los recursos presentados por los condenados en primera instancia, ha confirmado este martes la pena de seis años y dos días de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de malversación de caudales públicos; y de nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves. Además, el tribunal mantiene los restantes pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, de manera que, además de Griñán, otros ocho condenados tendrán que entrar en prisión.

El Supremo sí ha determinado la absolución del delito continuado de prevaricación administrativa a Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, los tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo en diferentes periodos entre los años 2000 y 2012. Asimismo, el tribunal ha rebajado la condena que se impuso a Juan Márquez, ex director general de Trabajo entre 2008 y 2010, de siete a tres años de prisión y de 18 a siete años y seis meses de inhabilitación, al apreciar la atenuante de reparación del daño.