La defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a diez años de inhabilitación y seis de prisión por delitos de prevaricación y malversación en el caso de los ERE, pidió este miércoles al Tribunal Supremo la absolución de su cliente, al considerar que en los hechos probados no figura "ninguna irregularidad" del entonces consejero.

"No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo el letrado de Griñán, José María Calero, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera jornada de la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a 19 exaltos cargos de la Junta.

El abogado alegó que su cliente llegó a la Junta en abril de 2004 y que no tuvo "ninguna relación" con los hechos probados considerados núcleo de la causa, es decir, la puesta en marcha del supuesto programa de subvenciones. Y aseguró que los hechos probados no concuerdan con la conclusión de la sentencia por la que se condenó a su representado. Así, subrayó que no aparece descrito que Griñán tuviera capacidad de disposición de los fondos supuestamente malversados, acusando al tribunal que redactó la sentencia impugnada de confundir actuaciones políticas con actuaciones administrativas.

Este mismo argumento también fue defendido por otros abogados, quienes coincidieron en que los hechos que se declaran probados no se corresponden con el fallo. "Está claro que el objeto del delito de malversación son las ayudas individuales que han sido otorgadas, sin embargo, las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en este procedimiento", subrayó la letrada Encarnación Molino, a cargo de la representación del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.

Los defensores cargaron directamente contra la redacción de la sentencia impugnada. El abogado de José Antonio Viera incidió en que "es un cúmulo de conjeturas y especulaciones repetidas"; y el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández aseguró que está "llena de oscuridades y contradicciones" con "graves errores jurídicos". A su juicio, hay una "incongruencia absoluta" entre los hechos probados y el fallo. "Más allá de la afectación formal, lo cierto es que resulta afectada la presunción de inocencia. Nadie puede defenderse de unos hechos declarados probados", señaló.

Con todo, el abogado de Griñán denunció que "vivimos verdaderamente en una pandemia del mundo judicial, que es el panjudicialismo, que bloquea y satura todos los tribunales" al hacer una interpretación "extensiva" de los tipos penales y "restrictiva" de las garantías. "No es el momento de estudiarlo, pero sí de pedir a la máxima autoridad de la jurisdicción penal que vuelva al rigor de los fundamentos esenciales, que son irrenunciables y que en último término integran el valor justicia", instó.

La vista concluirá este jueves con la intervención del resto de abogados, si bien no se espera que la decisión del Supremo se conozca a corto plazo.