El Tribunal Supremo ratificó este martes la sentencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE de Andalucía, confirmando la pena de nueve años de inhabilitación para el primero por prevaricación y de seis años y dos días de prisión para su sucesor en la presidencia de la Junta de Andalucía por malversación de caudales públicos. Junto a ellos, la Audiencia de Sevilla condenó a casi una veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz en 2020 por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales de la Junta entre los años 2000 y 2009. Con el fallo del Tribunal Supremo y el debate derivado sobre un posible indulto a Griñán por parte del Gobierno, la corrupción ha inundado una vez más al terreno político. Y es que la de los ERE no es la primera ni la última sentencia en España que condena a políticos, sobre todo por corrupción.
Uno de las sentencias más añejas es la del caso Filesa, que en octubre de 1997 condenó la financiación ilegal del PSOE durante las campañas electorales de 1989. El juicio finalizó con ocho penas de prisión, tres de ellas para cargos socialistas. En concreto, los condenados fueron el entonces senador Josep Maria Sala, el exdiputado del PSC Carlos Navarro y la excoordinadora de finanzas del partido Aída Álvarez Álvarez por participar en la creación de una trama de empresas para la financiación ilegal de las campañas electorales mediante la obtención de comisiones en la adjudicación de contratos públicos.
Álvarez fue condenada a dos años de cárcel, cuatro meses y un día, mientras que la pena de Sala y Navarro ascendió hasta los tres años de prisión, así como a seis años de inhabilitación y una multa en el caso de Navarro. No obstante, Sala solo cumplió dos años la condena, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Por su parte, Navarro obtuvo, junto a los también condenados Luis Oliveró y Alberto Flores -responsables empresariales de Filesa-, un indulto parcial del Gobierno de José María Aznar que redujo a la mitad las penas impuestas por Tribunal Supremo, que acreditó la financiación irregular del PSOE por valor de más de 1.200 millones de pesetas.
El escándalo de Roldán
Otro de los grandes escándalos de corrupción de la década de los noventa fue el protagonizado por el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, que acabó con su detención en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) en febrero de 1995. Hace casi cinco lustros, en 1998, Roldán fue condenado a 28 años de cárcel por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa, una condena que el Tribunal Supremo elevaría a 31 años de prisión en 1999. Durante el juicio quedó demostrado que el que había sido director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, bajo los mandatos socialistas de Felipe González, había defraudado 435 millones de pesetas de los fondos reservados y otros 1.800 millones en comisiones, buena parte de ellas relacionadas con su programa de modernización de las casas cuartel.
Estos delitos, confirmados en 1999 por el Tribunal Supremo, fueron penados con una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones, además de 31 años de prisión, de los cuales cumplió únicamente 15. Junto a él fueron condenados también su exmujer Blanca Rodríguez-Porto por encubrimiento y por un delito contra la Hacienda pública y su testaferro Jorge Esparza Martín. Si bien la Justicia ha conseguido recaudar más de 1,5 millones de euros en el marco del procedimiento, el grueso de la fortuna de Roldán, que falleció el pasado mes de marzo a los 78 años, se encuentra en paradero desconocido.
El aumento del patrimonio del que fuera el primer civil en ocupar la Dirección General de la Guardia Civil fue precisamente el detonante del escándalo, destapado por Diario 16 en noviembre de 1993. Su fortuna ascendía en aquellos momentos a unos 10 millones de euros, cuando su sueldo público era de 600.000 pesetas. El caso se llevó por delante a dos ministros de Interior, José Luis Corcuera y Antonio Asunción. Además, durante el juicio, Roldán acusó a varios altos cargos de haber cometido delitos relacionados con el terrorismo de Estado contra ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que también se han cobrado varios condenados por corrupción.
Malversación tras los GAL
En el mismo año en el que Roldán fue condenado, el Tribunal Supremo resolvió el caso Marey, que investigaba el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un ciudadano francés que fue una de las primeras víctimas del GAL al confundirlo con un cabecilla etarra. Además de las penas por secuestro y asesinato, varios miembros del Ministerio del Interior fueron condenados por malversación de caudales públicos. En concreto, José Barrionuevo, ministro del Interior entre 1982 y 1988; Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad entre 1982 y 1984, y Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya, obtuvieron una pena de 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
Junto a ellos fueron condenados también a 9 años de prisión Francisco Álvarez, jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao, y José Amedo, subcomisario de la Policía Nacional. En diciembre de ese mismo año el Gobierno de Aznar concedió a todos los condenados un indulto parcial que les redujo a un tercio la pena y un tercer grado penitenciario que les eximió de pernoctar en prisión. Sin embargo, la sentencia condenatoria fue ratificada por el Tribunal Constitucional en 2001, que confirmó que tanto Barrionuevo como Vera habían sido los máximos responsables políticos de los GAL, utilizando los fondos reservados para impulsar y financiar sus acciones.
La trama 'Gürtel'
En capítulos más recientes de sentencias condenatorias por corrupción en nuestro país, es inevitable referirse al caso Gürtel. La trama, encabezada por el empresario Francisco Correa, destapó una red de corrupción política vinculada al PP, especialmente en las comunidades de Madrid y Valencia. Aunque más de una década después de que el juez Baltasar Garzón iniciara las pesquisas en la Audiencia Nacional aún quedan causas derivadas pendientes de esclarecer, hasta la fecha la Gürtel acumula 69 condenados a un total de más de 570 años de cárcel.
Entre los principales nombres, destacan los de Correa, condenado a 92 años de cárcel por varias piezas de la macrocausa; Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego que suma penas de 70 años de prisión; Luis Bárcenas, extesorero del PP que acumula 31 años y 1 mes de cárcel; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda condenado a 40 años y 3 meses; Alberto López Viejo, exconsejero madrileño con una sentencia de 27 años y 10 meses de prisión, y Milagros Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas condenada a 9 años de cárcel. Además, en el marco de la Gürtel, el PP ha sido condenado en tres ocasiones por la Audiencia Nacional, dos como partícipe a título lucrativo y una como responsable civil subsidiario.
El juicio del 'procés'
Más allá de la ratificación de este martes de las condenas de los ERE, una de las sentencias más importantes de la historia judicial española fue el procés, que también implicó delito de corrupción. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras a 13 años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación absoluta, una pena un año superior que la de Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Todos ellos fueron sentenciados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos por un valor de 1,9 millones de euros.
Los jueces afirmaron en su fallo que que los cuatro miembros condenados del Govern llevaron a cabo una "consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos". Entre otros gastos, el Tribunal Supremo enumeró 43.341 euros para pagar la estancia de diputados internacionales que legitimaran el referéndum, 177.304,90 euros destinados a pagar a varios autodenominados "observadores internacionales" y cientos de euros en encargos a la empresa Unipost.
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