El Supremo ratifica el ingreso en prisión de José Antonio Griñán y la condena a Manuel Chaves por el caso de los ERE de Andalucía

La sentencia de la pieza política de los ERE condena a la cúpula de la Junta entre los años 2000 y 2009, nombres históricos del socialismo andaluz, por crear un "sistema" para el pago de ayudas a empresas en crisis que eludía todos los controles previos, lo que generó, en última instancia, un menoscabo de 680 millones de euros de fondos públicos. Pero, ¿en qué consistía ese sistema ideado por los políticos?, ¿dónde fueron a parar esos fondos? Estas son las claves del fallo.
La sentencia de la pieza política de los ERE condena a la cúpula de la Junta entre los años 2000 y 2009, nombres históricos del socialismo andaluz, por crear un "sistema" para el pago de ayudas a empresas en crisis que eludía todos los controles previos, lo que generó, en última instancia, un menoscabo de 680 millones de euros de fondos públicos. Pero, ¿en qué consistía ese sistema ideado por los políticos?, ¿dónde fueron a parar esos fondos? Estas son las claves del fallo.
La sentencia de la pieza política de los ERE condena a la cúpula de la Junta entre los años 2000 y 2009, nombres históricos del socialismo andaluz, por crear un "sistema" para el pago de ayudas a empresas en crisis que eludía todos los controles previos, lo que generó, en última instancia, un menoscabo de 680 millones de euros de fondos públicos. Pero, ¿en qué consistía ese sistema ideado por los políticos?, ¿dónde fueron a parar esos fondos? Estas son las claves del fallo.
Griñán recurrirá al Constitucional. 
ATLAS

Once años después de que la jueza Mercedes Alaya iniciara las diligencias del mayor caso de corrupción política de Andalucía, el de los ERE fraudulentos de la Junta -un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales- y dos años y ocho meses después de que la Audiencia de Sevilla hiciera pública la sentencia de la primera pieza, el Tribunal Supremo (TS) acaba de pronunciarse sobre las condenas impuestas a 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz que se sentaron en el banquillo de los acusados.

La Sala Penal del TS, por mayoría de tres a dos magistrados, y en respuesta a los recursos presentados por los condenados en primera instancia, ha confirmado este martes la pena de seis años y dos días de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de malversación de caudales públicos; y de nueve de inhabilitación para su antecesor, el ex presidente andaluz Manuel Chaves

Además, el tribunal mantiene los restantes pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, de manera que, además de Griñán, otros ocho condenados tendrán que entrar en prisión.

El Supremo sí ha determinado la absolución del delito continuado de prevaricación administrativa a Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, los tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo en diferentes periodos entre los años 2000 y 2012. Asimismo, el tribunal ha rebajado la condena que se impuso a Juan Márquez, ex director general de Trabajo entre 2008 y 2010, de siete a tres años de prisión y de 18 a siete años y seis meses de inhabilitación, al apreciar la atenuante de reparación del daño.

El texto íntegro de la sentencia no se conocerá hasta septiembre, una vez se haya redactado el voto discrepante anunciado por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, en el que ambas expondrán que deberían haber sido estimados parcialmente los recursos presentados por Griñán, así como por Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguado, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

Griñán defiende su inocencia

El abogado de Griñán, José María Calero, ha anunciado ya que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo porque su defendido "nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos, no ha conocido que alguien lo cogiera ni tiene relación con ningún hecho delictivo". El letrado considera "incorrecta, errónea" y "claramente injusta" la sentencia conocida este martes y ha explicado que Griñán está "disgustado" ante el fallo, pero "íntegro, con la conciencia y el patrimonio limpio".

Una vez que el fallo del TS se conozca íntegramente después del verano será posible, según Calero, plantear un "incidente de nulidad" de la sentencia si la misma incurriese en una "vulneración de derechos" o recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, pesando además la "posibilidad" de solicitar un indulto al Gobierno. En cualquier caso, se trata de opciones sujetas a "la petición de suspensión de la ejecución" de la condena "para intentar evitar la entrada en prisión" de Griñán y "aplazar" tal extremo "al momento en el que el Constitucional pueda pronunciarse". 

"Esperamos poder encontrar solución en los instrumentos jurídicos para hacer frente a esta resolución que consideramos claramente injusta", ha manifestado José María Calero, haciendo hincapié en que los citados dos votos discrepantes en el tribunal emisor de la sentencia del Supremo reflejan "hasta qué punto" Griñán está "cerca" de una resolución favorable

El expresidente Griñán, que en junio cumplió 76 años, aseguraba el pasado mes de marzo que, si el Tribunal Supremo confirmaba su sentencia, como así ha sido, procedería a "acatarla" y "mi vida habría terminado", en referencia a su edad. Así lo expresó en una entrevista tras la publicación de su libro Cuando ya nada se espera, en el que apenas mencionaba el caso de los ERE. "No creo en mi inocencia, sé de inocencia", aseveraba entonces el expresidente andaluz, con confiaba en que el Supremo hiciera "justicia".

Un sistema ilegal de ayudas

El juicio sobre la pieza política de los ERE comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después tras celebrar 152 sesiones, en las que declararon más de 120 testigos y nueve peritos. Se sentaron en el banquillo de los acusados 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre los que figuraban los dos expresidentes de la Junta, así como seis exconsejeros, viceconsejeros y otros ex altos cargos del Gobierno andaluz.

La Audiencia de Sevilla condenó a diez de ellos a penas de entre seis y ocho años de prisión y entre ocho y 19 años de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación, y al resto solo a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación. Dos de los acusados quedaron absueltos; y otro de ellos, el ex directos general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, considerado unos de los principales imputados en la causa y condenado en 2019 a siete años y once meses de prisión, falleció en octubre de 2020.

Los jueces de la Audiencia determinaron que los responsables de la Junta establecieron un "sistema distinto" de concesión de ayudas, a través de varias modificaciones presupuestarias, que sirvieron para eludir la "fiscalización previa por parte de la Intervención", lo que favoreció un "descontrol absoluto" y el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

Así, "no fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas" en el periodo enjuiciado, de 2000 a 2010, debido al "uso inadecuado de las transferencias de financiación", pese a que "en este caso [...] no está justificado el uso de las mismas", rezaba la sentencia. 

El dinero se inyectaba a un instituto financiero, el IFA (después Agencia IDEA), mediante transferencias con cargo a la partida presupuestaria 31L, conocida como "fondo de reptiles", siendo Guerrero el principal responsable de estas operaciones. 

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