Han transcurrido doce meses desde que el Partido Popular ganara las elecciones del 20-N y el presidente que salió de las urnas, Mariano Rajoy, cree que "lo peor ha pasado". Durante este año, palabras como déficit, deuda o reformas, entre otras, han llenado sus discursos, tanto dentro —los menos— como fuera del país. Reconoce que los intentos de su Ejecutivo por vencer a la crisis han hecho "daño" a los ciudadanos.

Reticentes a pedir un rescate total a sus socios, Rajoy y su equipo se muestran más europeístas que nunca e incluso se permiten ver signos de recuperación, a pesar de los malos indicativos económicos. El paro, que alcanzó durante el tercer trimestre una tasa del 25,02%, es uno de ellos; el peor. Dos huelgas generales y las continuas movilizaciones de colectivos como el educativo y el sanitario tampoco llevan al optimismo.

El balance, por tanto, es irregular, aunque el partido en el Gobierno se haya llevado algunas alegrías políticas, como la victoria holgada en las elecciones gallegas. De cara a 2013 y a pesar de todas las reestructuraciones, cambios legislativos, rescates bancarios y subidas de impuestos, la agenda del Ejecutivo es amplia. En dos años España volverá a crecer, esperan. Mientras tanto, este es, grosso modo, el camino recorrido.

El Gobierno de Mariano Rajoy, hasta el momento, ha tenido principalmente un carácter económico. Su objetivo fundamental es recortar un déficit que en 2011, y sumando las ayudas a la banca, alcanzó finalmente el 9,4%. Es la famosa herencia recibida del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el actual equipo ha fundamentado el severo recorte de gastos y las subidas de impuestos como el IVA y el IRPF.

La Comisión Europea prevé que España terminará 2012 con un déficit del 8% del PIB, tras lo que se reduciría en 2013 hasta el 6%, para volver a repuntar en 2014 hasta el 6,4%. El Gobierno, no obstante, asegura que mantiene sus compromisos: 6,3%, 4,5% y 2,8%, respectivamente.

La restricción del gasto público y las tiranteces en los mercados han influido negativamente en la evolución de la economía, que ya comenzaba a mostrar síntomas de recaída antes de que Rajoy llegara al poder, después de un año y medio de tímida recuperación que nunca logró consolidarse. A comienzos 2012 la economía volvió a entrar en recesión, aunque el ritmo de caída se ha ralentizado entre julio y septiembre.

Rajoy ve el vaso medio lleno: España tiene una balanza comercial positiva con la zona euro, y eso, ha recordado, no había ocurrido nunca. El año que viene la balanza por cuenta corriente española va a estar equilibrada o en positivo, ha añadido. El déficit del Estado central, además, cayó tras el verano. Sin embargo, la deuda pública será del 90,5% del PIB en 2013 y la tasa de paro es del 25,02% con 5,7 millones de personas (22,85% a finales de 2011); del 50% en los jóvenes.

Consolidación fiscal, reformas estructurales y reestructuración del sistema financiero. Son los objetivos de Rajoy desde el primer día. La "situación límite" del país, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llevó ya en marzo a la aprobación de unos presupuestos muy austeros para 2012, con un ajuste de 27.300 millones de euros.

Entre todas las grandes reformas, la financiera, desarrollada en tres actos, es la que ha tenido mayor calado estructural. La banca, en concreto, está a punto de concluir una profunda reestructuración que ha incluido cambios en la ley, fusiones y recapitalizaciones.

Solo dos meses y medio después de ganar las elecciones, el 3 de febrero, se acotó el sueldo de los directivos de las entidades con ayudas públicas, se redujeron los órganos de control en las cajas y se endurecieron las exigencias de provisiones. El sector financiero tenía un mínimo de un año para sanear sus activos inmobiliarios más problemáticos con 54.000 millones de euros.

En mayo llegó la segunda parte: las entidades iban a ser obligadas a provisionar los activos inmobiliarios sanos y la cifra de saneamiento subió a los 75.000 millones de euros. Comenzaron entonces las fusiones y llegó la nacionalización de Bankia, la cuarta entidad más importante de España.

Bankia pidió al Estado 19.000 millones de euros, que se sumarían a los 4.465 millones que aportó el Estado al grupo en 2010, con el anterior Gobierno; después de eso, España tuvo que pedir ayuda a Europa para sanear todo el sector, que le fue concedida con un tope de 100.000 millones de euros. Se firmó el llamado MoU (memorándum de entendimiento) y se conminó a crear un banco malo para transferir los activos tóxicos.

El tercer acto fue el 31 de agosto, cuando el banco malo —cuyo reglamento jurídico vio la luz el pasado viernes— comenzó a tomar forma y se abrió la puerta a la liquidación de entidades inviables. Los tests a la banca concretaron un déficit de 53.745 millones, aunque finalmente se utilizarán 40.000 millones de euros; la ayuda llegará, previsiblemente, en diciembre.

Las otras reformas clave han sido la controvertida Reforma Laboral -que, entre otras cosas, abarata el despido- y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los Presupuestos para 2013, que contemplan que una cuarta parte del gasto del Estado será destinado a la deuda, podrían aprobarse la semana del 20 de diciembre; oposición y expertos desconfían de las cifras macroeconómicas optimistas que maneja el Gobierno, que auguran una caída del -0,5% el año que viene.

Después de varios meses de tira y afloja con Bruselas, el FMI y el Banco Central Europeo, Moncloa ha rechazado pedir el otro rescate, el de país, durante 2012, aunque no ha cerrado la puerta a hacerlo más adelante "si fuera necesario a los intereses generales de los españoles". Las presiones en este sentido no son menores.

La Comisión Europea insiste en que es el Gobierno quien tiene que pedir la ayuda. El rescate sería virtual, se solicitaría una línea de crédito al fondo de rescate (MEDE) y se firmaría otro Mou para que, en definitiva, el Banco Central Europeo compre bonos soberanos, es decir, deuda. A pesar de que el Ejecutivo esté alargando el proceso, las cifras de déficit y los rescates de las autonomías no juegan en su favor.

Las peticiones de ayuda de nueve comunidades autónomas —Cantabria, Baleares, Asturias, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias— han dejado temblando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se ha vaciado ya en más de un 95%.

Durante la última reunión del G-20, el FMI lanzó un mensaje añadido tras plantear durante meses sus exigencias: la excesiva austeridad en algunos países puede llegar a ser "políticamente y socialmente insostenible". Rajoy, en cualquier caso, sigue pensando en el todo, en Europa y la ansiada unión fiscal y bancaria, aunque tras el Consejo Europeo de octubre admitió que puede que las cosas se muevan de forma "desesperadamente lenta".

Rajoy lo avisó: "Cada viernes continuarán las reformas". Y así ha sido. Las últimas, por cierto, dirigidas a temas urgentes, como la prórroga de los 400 euros para parados o el decreto para paliar el drama de los desahucios. Las más impopulares —y no anunciadas— pasan por la subida del IVA en septiembre o el repago farmacéutico y también el judicial, además de la eliminación de la paga de Navidad a los funcionarios.

Solo durante los primeros seis meses de Gobierno se aprobaron una veintena de reales decretos, entre otros, las reformas educativa y sanitaria —sectores que han sufrido un recorte total de 10.000 millones—, el pago a proveedores o el que cambiaba la normativa para la designación del presidente de RTVE. El Ejecutivo ha puesto también su foco en la reforma del sector público, con la que pretende adelgazar las estructuras administrativas y evitar duplicidades.

Se ha acordado reducir en un 15% el parque móvil del Estado y en las próximas semanas se cerrarán unas 22 fusiones en el sector público. En cuanto a la competitividad, en la que el Gobierno ha puesto muchas de sus esperanzas, se han tomado medidas para liberalizar el comercio; en el marco del sector energético se han aprobado siete tasas para recaudar unos 2.700 millones de euros y acabar con el déficit tarifario.

En el sector del Turismo, por otro lado, se ha creado el Plan Nacional e Integral del Turismo (PNIT), dotado con entre 1.600 y 1.800 millones. Hay que sumar la liberalización del transporte ferroviario, el nuevo marco regulatorio de Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea o la ley de costas. Y, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal, la amnistía fiscal —no muy efectiva—, y el anteproyecto de Ley de Medidas para Flexibilizar el Alquiler.

Por último, hay tres grandes apuestas del Ejecutivo que van a tener su recorrido —polémico— durante 2013: la reforma del Código Penal y la del Poder Judicial, cuyos anteproyectos vieron la luz en Consejo de Ministros en octubre, y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aprobó en mayo, aunque la parte de la transparencia tardará bastante más tiempo en entrar en vigor.

Han sido unos cuantos durante el último año: desde el desafío soberanista de Artur Mas y su escenificación en la Diada hasta la decepción en las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias.

Por otro lado, el plan de reinserción de presos terroristas o la libertad condicional del etarra enfermo Uribetxebarria Bolinaga provocaron alguna fisura con las víctimas del terrorismo. En política exterior, la máxima ha sido desarrollar una diplomacia económica. No han faltado sobresaltos como la expropiación en Argentina de la petrolera YPF o la resurrección de un conflicto latente con el Reino Unido como el de Gibraltar.

Últimamente, el CIS no hace más que marcar récords. El 91,2% de los ciudadanos considera que la situación económica del país es mala o muy mala, porcentaje que ha aumentado diez puntos en el último año; además, la política inspira desconfianza al 45% de los españoles e irrita al 15,3%.

Las cifras para el Gobierno no son buenas. El último barómetro otorgaba a Rajoy un nuevo suspenso: un 2,78, mientras que en julio había obtenido 3,33 puntos. Es la nota más baja desde que ocupa el Palacio de la Moncloa. Su ministro más valorado es el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con 3,54 puntos, y el menos valorado, con un 2,15, es el de Educación, José Ignacio Wert.

La oposición del PSOE, en horas bajas, no se queda atrás: para el 65,3% es "mala" o "muy mala". El pasado 20-N el Partido Popular ganó las elecciones con el 44,62% de los votos. Según el CIS, respecto a ese resultado ha perdido 8,7 puntos en estimación de voto y se ha quedado en un 35,9%. Por su parte, Izquierda Unida sube 2,52 puntos (9,4%) y UPyD, 2,79 puntos (7,3%).

El Gobierno ha afrontado en este tiempo dos huelgas generales, una con motivo de la aprobación de la reforma laboral (29 de marzo) y otra contra los recortes (14 de noviembre). La presión ciudadana no está dando tregua al Ejecutivo.

En mayo se produjo la primera gran huelga educativa en España, que abarcó todas las etapas de la enseñanza, desde la infantil a la universitaria, y tanto el ámbito público como el privado. En octubre, el sector celebró una semana "contra el desmantelamiento de la educación pública" con nuevos paros. El sector minero, los transportes públicos y médicos de algunas comunidades también han parado; jueces y fiscales amenazan con ello.

Los movimientos sociales han cogido fuerza durante 2012, en el que el 15-M también cumplió un año de vida. Convocatorias como Rodea el Congreso, que se ha llegado a realizar en varias fechas, han concentrado el descontento ciudadano en las calles.

En algunos casos, la movilización ha logrado pequeños hitos como promover una querella colectiva contra los exconsejeros de Bankia o, si hablamos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, forzar a los partidos a actuar contra los desahucios.

Este año de Gobierno, avalado con una mayoría absoluta, no ha supuesto un acercamiento a la oposición, que se lamenta que el Ejecutivo haya actuado en exceso por decreto y sin el diálogo necesario como para permitir acuerdos.

Ante la dureza de la crisis, se ha llegado a hablar, incluso por dirigentes del PP como José Antonio Monago, de la necesidad de reeditar algo parecido a los Pactos de la Moncloa. Sin embargo, no ha habido conexión con el PSOE, un partido sumido en el intento de recuperación de sus señas de identidad, que tocó suelo en los comicios de hace un año pero que no saca rédito del desgaste popular.

Rubalcaba, por el contrario, advierte de que todo es engaño, que se ha pasado del miedo a la angustia, del cambio al "cambiazo", y que seguirán llegando duras medidas. Mientras tanto, otros partidos como Izquierda Unida y UPyD intentan que los apoyos que les conceden las encuestas se traduzcan en votos en próximas elecciones, y la federación que encabeza Cayo Lara sueña con el "sorpasso" a los socialistas.

Mariano Rajoy no va a tener tiempo para descansar el año que viene. Al margen del consabido déficit prometido a Bruselas, el primer desafío que tiene sobre la mesa se materializará el próximo 25 de noviembre, día en el que se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña.

La apuesta soberanista de Artur Mas podría obtener una mayoría absoluta que respalde, entre otras cosas, su determinación de convocar un referéndum popular sobre la independencia. Aunque el Gobierno mantuvo al principio ante el presidente catalán una estrategia de perfil bajo, el propio Rajoy le ha acusado de no tener agallas y de huir de sus responsabilidades.

Más desafíos: las reformas van a continuar en 2013. El pasado mes de septiembre se aprobó un plan nacional que incluía hasta 43 medidas y leyes para poner en práctica en seis meses, entre otras, un supervisor de las cuentas públicas, una ley de unidad de mercado, el plan de emprendedores, la mencionada reforma penal, la liberalización del sector energético, el sector servicios y las telecomunicaciones, etc.

También se reformará el sistema de pensiones -subirá la edad de jubilación efectiva para ajustarla a la edad legal- y habrá un nuevo proyecto de ley de servicios profesionales. En cuanto a los interrogantes, aún no está despejada la duda sobre si se revalorizarán las pensiones conforme al IPC de noviembre o si se tocará algún impuesto más; ni siquiera el IRPF, que en dos años debería bajar.

¿Y qué pasará en 2014? Es el año en el que el Gobierno pone sus esperanzas. Rajoy no hace más que insistir, al igual que el ministro de Economía, Luis de Guindos, en que España va a crecer para entonces. Aunque de momento es más un deseo que una certeza.