El Ministerio de Economía encargará a dos expertos independientes la valoración de toda la cartera de activos de la banca española, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta valoración de todos los activos del sistema financiero español estará lista antes de cuatro meses, según informaron en fuentes oficiales del ministerio de Economía. La valoración no consistirá en una auditoría, sino en una prueba de esfuerzo de los balances de la banca en un escenario económico estresado, ejercicio similar al llevado a cabo en dos ocasiones por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).

Esta decisión, ha completado el ministro de Economía, Luis de Guindos, pone de manifiesto "la voluntad de que se eliminen todo tipo de dudas sobre la solvencia de nuestas entidades". Los evaluadores aún no han sido designados, aunque se elegirán entre "entidades de máximo prestigio" que no tengan, en ningún caso, conflictos de intereses.

El Gobierno ha adoptado este viernes medidas adicionales a las del real decreto de saneamiento del pasado mes de febrero para asegurar la plena credibilidad del sistema financiero español. "España afronta uno de los momentos más difíciles de su historia y es necesario adoptar medidas", enfatizó la vicepresidenta, tras recalcar que el objetivo es recuperar la concesión de crédito y conseguir la venta de viviendas "a un precio razonable".

Asimismo, indicó que se establece en el real decreto la exigencia de provisiones adicionales y que las entidades que no puedan alcanzarlas en el plazo previsto podrán recurrir a obligaciones convertibles en acciones con un tipo de interés de en torno al 10%. Los bancos deberán movilizar 30.000 millones de euros adicionales para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones.

"Es imprescindible que las autoridades tomen medidas continuas para garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre las entidades, y eso ha hecho el Gobierno", ha explicado el ministro, que ha limitado a 15.000 millones de euros de dinero público el eventual coste del saneamiento financiero.

Las provisiones afectarán a los créditos inmobiliarios considerados no problemáticos, a diferencia de la reforma aprobada a principios de febrero pasado, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.

De esta manera, la banca española deberá destinar un total de 84.000 millones de euros para sanear los créditos a la promoción inmobiliaria, que sumaba a finales de 2011 un total de 310.000 millones de euros.

De esta cifra, unos 123.000 millones son considerados no problemáticos, si bien se cree necesario aumentar los saneamientos, que hasta ahora suponían el 7% de su importe, al 30%. A partir de ahora, por ejemplo, los bancos deberán provisionar los créditos para la compra de suelo al 52 %, las promociones en curso al 29 % y la promoción terminada al 14 %.

Una vez acometidos estos saneamientos, la banca disfrutará de una cobertura del 45 % en su cartera de crédito para la promoción inmobiliaria. Los bancos cuentan con un mes, hasta el 11 de junio, para comunicar al Banco de España cómo piensan acometer estos saneamientos.

El Ministerio de Economía da por supuesto que no todas las entidades españolas podrán afrontar estos requerimientos sin que sufran un deterioro en sus recursos propios o en sus ratios de capital.

Por ello, el Real Decreto Ley aprobado contempla que en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de títulos convertibles, aunque "prioritariamente" se optará por esta segunda.

"Este tipo de inyección de fondos no supone la concesión de ayudas públicas", dijo el ministro, que explicó que la devolución de los fondos exigirá el pago de un interés del 10%, "el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos plazos". Los bancos tendrán cinco años para devolver todo el dinero público.

Por otro lado, los bancos estarán obligados a traspasar todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos. La ventaja es que si las entidades, en su carrera por sanear estos activos tóxicos, que rondan los 180.000 millones, son incapaces de hacerlo por sí solas, podrán ser ayudadas si tienen un socio en la nueva entidad.

Esta sociedad se hará cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir los que ya entraron en mora o tienen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del "ladrillo sano" que pasen a ser problemáticos. Las sociedades podrán aportar las provisiones que fueran necesarias.

Además, con el fin de agilizar la venta de los activos tóxicos, la sociedad deberá colocar anualmente al menos un 5 % de ellos a un tercero para que el banco que los aportó se desvincule de ese lastre. En el caso de las entidades con ayudas públicas, la desinversión será mucho más acelerada, ya que el borrador da un plazo máximo de 3 años para que la sociedad inmobiliaria quede fuera del perímetro de consolidación del banco.

Para hacer el traspaso se tendrá en cuenta el valor razonable de cada activo y si no estuviera disponible, se recurrirá al valor contable una vez deducidas las provisiones que el banco haya hecho.

En otro orden de cosas, ha asegurado que la decisión de Rodrigo Rato de abandonar la presidencia de Bankia, y de proponer como su sustituto a José Ignacio Goirigolzarri, ha sido "personal". El ministro ha expresado su profundo aprecio por Rato, al que calificó como "el mejor ministro de Economía de la democracia".

Asimismo, recalcó que Bankia es una entidad "absolutamente solvente", y que tiene todo el respaldo del Estado español, por lo que sus ahorradores deben estar "absolutamente tranquilos".   Por último, Guindos señaló que el nuevo equipo gestor de la entidad tendrá que tener un plan de negocio preparado para las próximas semanas.