Ya hay propuesta sobre la mesa. Tras meses de debate en torno a las consecuencias del uso de teléfonos móviles en las escuelas, el departamento de Pilar Alegría ha planteado este miércoles a las comunidades autónomas vetar estos dispositivos durante el horario lectivo. Lo ha hecho durante la Conferencia Sectorial que había convocada para esta tarde, en la que ha planteado a los consejeros del ramo prohibir el uso del teléfono móvil en Primaria y Secundaria. "Somos todos perfectamente conscientes de que cada vez más hay una preocupación en nuestra sociedad", ha subrayado la titular de Educación en rueda de prensa.
Se trata, tal y como ha aseverado, de un "primer paso" para trabajar sobre la regulación del uso de smartphones en colegios e institutos. Esta primera propuesta —que todavía deberá ser sometida a debate con la comunidad educativa— plantea la prohibición de estos dispositivos, tanto en Primaria como en Secundaria. Aunque permite una excepcionalidad en la ESO, que podría usarse el móvil siempre y cuando así lo decida el profesor como herramienta de apoyo a su proyecto pedagógico y bajo su supervisión.
El objetivo es abordar este tema y dejar cerrada una propuesta definitiva cuanto antes. La ministra ha trasladado, en ese sentido, la necesidad de reunirse los primeros días de enero con las autonomías "para buscar una solución consensuada y adecuada" respecto al uso de los teléfonos móviles. Tarea que no se augura complicada, ya que, por lo que ha contado en la comparecencia de este miércoles, los representantes educativos de cada territorio han recibido la propuesta "muy positivamente". "Nos vamos a ver, vamos a reflexionar y vamos a debatir, para intentar generar soluciones y respuestas", ha aseverado, avanzando también que a principios de 2024 se reunirá con el Consejo Escolar del Estado para trabajar en este sentido.
El punto de partida
El Gobierno se compromete así a adoptar medidas para regular el uso de los móviles en los centros, ante la "alarma social" generalizada por los efectos que estos dispositivos están teniendo en el rendimiento académico de los alumnos. La propia OCDE alertó hace poco en su último informe PISA 2022 de la bajada de nivel entre los estudiantes que más usan los móviles para entretenerse. Otras organizaciones de defensa de los derechos de la infancia también vienen alertando del uso de estas tecnologías como herramienta para perpetuar el acoso escolar. Llevan tiempo exigiendo medidas, teniendo en cuenta que la edad en la que los niños tienen su primer móvil es cada vez más baja (casi uno de cada cuatro niños de 10 años y cerca de la mitad de los de 11 tiene uno), y que el consumo de la pornografía se está disparando entre adolescentes.
La ministra ha reconocido que muchas de esas problemáticas se extienden más allá de las puertas de un colegio, pero ve en esta propuesta un punto de partida para empezar a frenar y reducir ciertas tendencias. El 75% del tiempo que dedican los jóvenes al móvil, ha recordado, se da fuera del horario lectivo. "Pero desde luego, aunque la educación no puede dar respuesta a todo, sí podemos ser parte de la solución", ha defendido.
Cotización para los becarios de FP en 2024
Durante la reunión se ha abordado también la entrada en vigor de las cotizaciones a la Seguridad social de las prácticas de los alumnos de Formación Profesional (FP), que será efectiva desde el próximo 1 de enero de 2024. Una medida que, a juicio de Alegría, implica "una mejora de alto valor añadido para miles de estudiantes, y que aporta más tranquilidad a las empresas donde hacen las prácticas".
Según la recién aprobada ley de FP, el tiempo de los alumnos ene las empresas debe ser de al menos el 25% de las horas lectivas. Pues bien, el cambio supondrá que los alumnos coticen durante todo el tiempo en el que estén formándose en esas empresas, cuya bonificación correrá a cargo del Gobierno durante todo 2024: el 95% lo financiará la Seguridad Social y el 5% el propio Ministerio de Educación.
330 millones para las comunidades
El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han dado también luz verde a la transferencia de casi 330 millones de euros que destinarán a cuatro programas de cooperación territorial vinculados a la Formación Profesional (FP), la Educación Infantil, la enseñanza de programación y robótica y la escolarización de los menores desplazados por la guerra en Ucrania. Así lo acordaron después de que el Consejo de Ministros diese el visto al reparto de los fondos el pasado 7 de noviembre.
La distribución ha sido ratificada por las autonomías en la que es su primera reunión de esta legislatura con el Gobierno, y mediante tres acuerdos: uno, correspondiente al reparto de 143 millones de euros para que las comunidades creen 76.479 nuevas plazas de FP. El otro, de 142,4 millones, servirá para crear 21.794 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), considerada por Alegría como la "herramienta más potente" para conseguir la "verdadera conciliación laboral y personal de las familias". El objetivo, según indicó la titular de Educación al ratificarse la partida en Consejo de Ministros, es pasar de las 305.000 plazas actuales financiadas con fondos europeos, a superar las 400.000 a finales de 2024.
El tercer acuerdo implica la transferencia de 1,6 millones de euros del programa Código Escuela 4.0, que pretende acercar la tecnología al ámbito educativo, formando a 5,5 millones de alumnos en programación, robótica y pensamiento computacional. La partida se suma a los casi 300 millones aprobados en mayo, y servirá para contratar asistentes para el profesorado, preparar recursos pedagógicos y adquirir equipamiento específico en unos 22.000 centros educativos que, según calcula Educación, se verán beneficiados por esta medida.
También este miércoles se ha sometido a votación una nueva partida presupuestaria para cubrir los gastos derivados de la escolarización de niños y adolescentes ucranianos refugiados en España por la guerra en su país. Son más de 38.000 personas que han ido llegando a los centros educativos no universitarios desde que estallase el conflicto en febrero de 2022. Para mantener esa cobertura, las comunidades recibirán otros 41,9 millones de euros que irán destinados a la contratación de profesores de refuerzo y auxiliares de conversación, ayudas para transporte o la compra de libros y material escolar, entre otras medidas de apoyo.
Además, según avanzó Educación este martes, la Comisión General de educación se reunirá el próximo 18 de diciembre para abordar, de nuevo, con las comunidades autónomas, el decreto de umbrales de las becas y ayudas al estudio. También tratarán la orden que regula la Selectividad y las próximas actuaciones en materia de Formación Profesional.
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